La Audiencia Nacional cita al Banco de Espa?a a declarar sobre el de los Pirineos

Los servicios de Inspecci¨®n del Banco de Espa?a detectaron numerosas irregularidades, entre 1976 y 1981, en sus habituales controles al Banco de los Pirineos. Las actas de estas inspecciones podr¨ªan ser el elemento fundamental para que los afectados puedan sustanciar un recurso contencioso administrativo contra el Banco de Espa?a, cuyos representantes han empezado a ser llamados a declarar por la Audiencia Nacional.

Entre las irregularidades detectadas cabe destacar los riesgos declarados incorrectamente a la Central de Informaci¨®n de Riesgos del Banco de Espa?a por un valor de 696 millones de pesetas, seg¨²n el acta de julio de 1978.En una acta anterior, fechada el 7 de mayo de 1976, se detectaron "liquidaciones irregulares de intereses, operaciones que no pueden realizar los bancos industriales como el BIP, cr¨¦ditos concedidos a los consejeros sin autorizaci¨®n del Banco de Espa?a, participaciones de personas f¨ªsicas extranjeras sin la autorizaci¨®n del Ministerio de Comercio y una activaci¨®n de intereses totalmente irregular, as¨ª como riesgos indebidamente contabilizados". En el acta de 6 de diciembre de 1979 se se?ala que en relaci¨®n con el Registro Especial de Avales, la inspecci¨®n detect¨® que el Banco Industrial de los Pirineos no nevaba en su sede social el Libro de Registro General. de todas las operaciones realizadas en sus oficinas por aceptaciones, avales, garant¨ªas u otras cauciones prestada.

Paralelamente, la Audiencia Nacional ha llamado a declarar la semana pr¨®xima a un representante del Banco de Espa?a para iniciar la tramitaci¨®n de la demanda presentada por el entonces administrador judicial de la entidad, Humberto Ru¨ªz de Sanpedro, contra el consejo de Administraci¨®n y apoderados del banco de los Pirineos. La tramitaci¨®n de la demanda supone una meticulosa investigaci¨®n de todas las gestiones efectuadas por los antiguos responsables del Banco de los Pirineos.

Hay que se?alar que el pasado mes de marzo el magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 7 de Barcelona decret¨® el embargo de los bienes personales, de los miembros del consejo de administraci¨®n del Banco. El juez estim¨® la demanda de los interventores judiciales, quienes, al amparo del art¨ªculo 20 de la Ley de Suspensiones de Pagos, hab¨ªan solicitado la adopci¨®n de medidas precautorias para los responsables del banco tras se?alar que exist¨ªan "claramente indicios racionales de responsabilidad". La decisi¨®n adoptada por la autoridad judicial afect¨® a los bienes del consejo de administraci¨®n hasta cubrir la suma de 2.100 millones de pesetas que es el agujero del banco.