Cinco puntualizaciones sobre Banca Catalana

Hace algunas semanas se cumpli¨® el primer aniversario de la presentaci¨®n de la querella judicial sobre el caso de Banca Catalana. Todo el mundo sabe que en dicho caso est¨¢, entre otros, implicado el presidente de la Generalitat de Catalu?a, Jordi Pujol. Y, como en toda historia en la que se pueda implicar un cargo pol¨ªtico a alto nivel, circulan las m¨¢s diversas y contradictorias interpretaciones sobre la cuesti¨®n.Dado que en mi condici¨®n de portavoz parlamentario me he visto envuelto en alguna de las vicisitudes de la misma historia y que alguna vez, como es, habitual, por pretendidas razones de espacio (como ocurri¨® en el Informe semanal de TVE el 25 de mayo de 1985), se recortan y esquematizan las declaraciones, creo importante realizar cinco puntualizaciones que inciden de pleno en el tema y que, a mi entender, definen la dimensi¨®n pol¨ªtica del mismo.

Primera: el momento en que se plante¨® la querella era el m¨¢s inoportuno, pol¨ªticamente hablando. Cualquier comentarista pol¨ªtico, por poco af¨¢n de neutralidad que quisiese mantener, deber¨ªa suscribir la afirmaci¨®n de que el hecho de presentar una querella contra el presidente Pujol pocos d¨ªas despu¨¦s de que ¨¦ste hubiera triunfado, con una mayor¨ªa casi absoluta, en las elecciones al Parlament de Catalu?a de abril de 1984 pod¨ªa ser susceptible de ser calificado de rabieta o venganza pol¨ªtica. Muchos meses antes de aquella fecha, en junio de 1983, y por los motivos que despu¨¦s aducir¨¦, procedimientos judiciales de menor alcance hubiesen provocado efectos muy distintos. O, por otros motivos, la carga pol¨ªtica de la querella no estar¨ªa incrementada por la inoportunidad si se hubiese presentado meses despu¨¦s de las elecciones, decisi¨®n que no provocaba alteraciones sustanciales al contenido del procedimiento judicial.

Cuestiones personales

Segunda: existen diversos aspectos que afectan al se?or Pujol como ciudadano, no s¨®lo aquellos que dependen de la justicia. En todo el ¨ªter parlamentario del tema (en el Parlament se trat¨®, de una forma u otra, desde junio de 1982 hasta finales de 1983) siempre se dejaron de lado las cuestiones personales que no afectaban a las instituciones. El primer aspecto personal que no se trat¨®, porque no corresponde al ¨¢mbito pol¨ªtico, es la posible responsabilidad penal. En este sentido todos los ciudadanos tienen derechos constitucionales por igual, y la justicia tiene la obligaci¨®n de un trato por igual. Pero tampoco se debatieron otros aspectos personales como son el evidente fracaso de un equipo de gesti¨®n bancaria (equipo del que form¨® parte durante muchos a?os con un papel relevante Jordi Pujol) que conllev¨® al hundimiento del grupo bancario y que provoc¨® la intervenci¨®n del Fondo de Garant¨ªa y la inhabilitaci¨®n de aquellos gestores para la administraci¨®n bancaria. Aquel fracaso y esta inhabilitaci¨®n son factores personales, no directamente pol¨ªticos, que permanecer¨¢n inalterables pase lo que pase con el procedimiento judicial. Hoy, Banca Catalana, agrade o no, es el Banco de Vizcaya tras muchas inyecciones de dinero p¨²blico.

Tercera: por lo que afecta a la dimensi¨®n judicial del problema parece que no todo el mundo ha pasado por el mismo rasero, y ello tambi¨¦n podr¨ªa leerse en clave pol¨ªtica.

Si ello fuese as¨ª se estar¨ªa, entre otras cosas, distorsionando aquellos derechos y mandatos constitucionales aludidos. Hasta hoy, por m¨¢s investigaciones judiciales que se puedan haber anunciado o insinuado, quedan diversas crisis bancarias por aclarar. Por motivos a¨²n m¨¢s flagrantes sorprendi¨® el hecho de que uno de los implicados en la crisis del Banco Urquijo, el se?or Ruiz Jarabo, no s¨®lo no recibiese un trato similar, sino que adem¨¢s se le nombrase presidente del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sito. O sea, el Gobierno del PSOE, el mismo que puede incidir de oficio en los mecanismos de investigaci¨®n y querella judicial, el mismo que se hace responsable de la inversi¨®n de dinero p¨²blico en las crisis bancarias, promueve al m¨¢s alto nivel del organismo encargado de subsanar aquellas crisis a un posible implicado en una de ellas que requiri¨® miles de millones de pesetas del erario p¨²blico.

Un caso diferente

Alguien podr¨ªa argumentar que no todos ni mucho menos de los implicados en crisis bancarias pretenden ocupar cargos de gobierno en instituciones representativas. En concreto, el caso de Pujol es diferente porque ¨¦l es el presidente de la Generalitat de Catalu?a.

Cuarta: el presidente Pujol es responsable de diversas irregularidades en el ejercicio de su cargo por lo que afecta al caso Catalana.

Durante muchos meses no ejerci¨® sus responsabilidades p¨²blicas para ayudar a paliar, desde la instituci¨®n auton¨®mica del Gobierno de Catalu?a, los efectos de la crisis en el grupo Catalana. Desde que empez¨® la crisis hasta hoy a¨²n es hora de que d¨¦ una explicaci¨®n satisfactoria y transparente de su actuaci¨®n como gobernante. En un momento preciso del ¨ªter parlamentario aludido, el 22 de septiembre de 1982, en el debate sobre pol¨ªtica general que abre reglamentariamente el a?o parlamentario, refiri¨¦ndose al caso Catalana, el presidente Pujol lleg¨® a afirmar ante el plenario del Parlament de Catalu?a, con toda la solemnidad de su cargo (sic), que si "alg¨²n d¨ªa se dan circunstancias que hagan necesario, cosa que afortunadamente hoy no es el caso, que se hable de este tema aqu¨ª, hablaremos". Lo afirmaba semanas antes que el grupo Catalana pasase al Fondo de Garant¨ªa. O bien ignoraba lo que suced¨ªa en el grupo bancario aut¨®ctono m¨¢s importante, cosa realmente grav¨ªsima, o bien estaba escondiendo ante el Parlament una crisis que afectaba a miles de trabajadores, a centenares de empresas y accionistas, a un sector de la econom¨ªa de Catalu?a. Es evidente que en lo que respecta a la soluci¨®n bancaria de la crisis, sobre todo por lo que cost¨® el erario p¨²blico, el Gobierno del PSOE es el principal responsable de haber optado por la v¨ªa privada, privatista y car¨ªsima para los contribuyentes, rechazando la soluci¨®n p¨²blica.

La concesi¨®n de determinados cr¨¦ditos oficiales, por ejemplo, de miles de millones de pesetas a medio y largo plazo son un aut¨¦ntico regalo a la banca privada. Pero el presidente Pujol, mucho antes de todo ello, como hombre de Gobierno, no propicia una actuaci¨®n clara y directa del Ejecutivo auton¨®mico y eludi¨® sus responsabilidades, incluso las de informar a los representantes del pueblo de Catalu?a. Quiz¨¢ lo hizo por ser un presidente de la Generalitat que en su caso, por su implicaci¨®n personal, no pod¨ªa actuar. De todas formas fue un flaco servicio a las instituciones auton¨®micas (al Parlament en primer lugar), a la econom¨ªa aut¨®ctona catalana y al mismo grupo bancario.

Presencia en la pol¨ªtica

Quinta: el tema contin¨²a presente, aunque de forma latente, en el panorama pol¨ªtico catal¨¢n. Es as¨ª que se podr¨ªa explicar la forma y el ritmo que se aplic¨® al tr¨¢mite parlamentario de la ley que daba a Pujol el poder de disoluci¨®n de la C¨¢mara. ?Cu¨¢ndo y por qu¨¦ Pujo? podr¨ªa decidir disolver el Parlament? ?Por qu¨¦ no se acept¨® en ning¨²n instante de negociaci¨®n sobre el contenido de la ley? ?A qu¨¦ respond¨ªan las urgencias?

En toda la historia del asunto creo que el se?or Pujol se ha equivocado al intentar mezclar las dos dimensiones que se concretan en su persona, la de presidente de la Generalitat y la de ex directivo de Catalana. En cualquier sistema democr¨¢tico, un dirigente con algo de sentido de la responsabilidad se deber¨ªa haber visto inclinado a dimitir de su cargo hasta que se esclareciesen todos los hechos (y de hecho se podr¨ªan citar diversos ejemplos).

En resumen, es inaceptable la inoportunidad de la querella o el distinto rasero con que se mide a las personas, pero a¨²n es m¨¢s inaceptable intentar escudarse tras las instituciones de Catalu?a, o tras el sentimiento catalanista, aunque no existiesen veleidades electoralistas en lontananza.