La Caja Rural de Santander se niega a entregar documentaci¨®n de la entidad al Gobierno c¨¢ntabro

Funcionarios de la Diputaci¨®n Regional de Cantabria no pudieron obtener, a ¨²ltimas horas de la ma?ana de ayer, diversa documentaci¨®n en la oficina principal de la Caja Rural de Santander, ante la negativa del presidente de la entidad, Ciriaco D¨ªaz Porras. Entre' los documentos solicitados se encontraba el libro de socios, las remuneraciones de los consejeros y la relaci¨®n de cuentas bancarias que mantiene la caja en otras entidades regionales y nacionales.Los funcionarios regionales invocaron en su acci¨®n el decreto promulgado por el Gobierno regional el pasado martes, por el que se regulan las cooperativas de cr¨¦dito, y que fue impugnado en el ¨²ltimo Consejo de Ministros por considerar que invad¨ªa competencias exclusivas de la Administraci¨®n central. Dicha impugnaci¨®n conlleva la suspensi¨®n inmediata del decreto hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el conflicto de competencias entre ambas administraciones.

Paralelamente al intento de intervenci¨®n de la caja rural, el Consejo de Gobierno de Cantabria hac¨ªa p¨²blico, tras la reuni¨®n mantenida con car¨¢cter deliberante, un comunicado oficial en el que afirma no tener confirmaci¨®n oficial del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, si bien a?ade que su opini¨®n es de que el decreto "en su conjunto no es inconstitucional". Para el Gobierno c¨¢ntabro, habr¨¢ que esperar a recibir la comunicaci¨®n oficial para adoptar las decisiones oportunas.

Sin embargo, el secretario general de la delegaci¨®n del Gobierno en Cantabria ven¨ªa a desmentir la referencia oficial del Consejo de Gobierno al confirmar que, a ¨²ltimas horas de la ma?ana de ayer, fue enviado a la diputaci¨®n c¨¢ntabra un duplicado del acuerdo tomado anteayer por el Consejo de Ministros. Aqu¨¦l tuvo entrada en el registro de la diputaci¨®n regional con una hora al menos de antelaci¨®n a la conclusi¨®n del Consejo de Gobierno.

El Gobierno central basa su decisi¨®n en el art¨ªculo 161.2 de la Constituci¨®n que permite impugnar acuerdos y resoluciones de las comunidades aut¨®nomas con efectos inmediatos suspensorios, si bien en un plazo no superior a cinco meses la decisi¨®n debe ser confirmada o rectificada por el Tribunal Constitucional. La rapidez con que se ha producido la decisi¨®n del Gobierno viene determinada por la convocatoria de la asamblea general de la caja rural para renovar su junta rectora, que tendr¨¢ lugar ma?ana, s¨¢bado. Dos listas se enfrentan para ocupar los ¨®rganos directivos de la caja dos listas: la del actual presidente D¨ªaz Porras y la de Valeriano Hermosa, quien encabez¨® el grupo de cooperativas socias de la caja que m¨¢s directamente estaban vinculadas a la gesti¨®n anterior, impugnada por el Banco de Espa?a.