Fraude de 50.000 millones de d¨®lares en tr¨¢fico de divisas en Venezuela

Un gigantesco esc¨¢ndalo de corrupci¨®n en el manejo de 50.000 millones de d¨®lares (unos 5,8 billones de pesetas) est¨¢ sacudiendo a los partidos pol¨ªticos venezolanos y cuestionando la sana Administraci¨®n del ex presidente Jaime Lusinchi, quien se encuentra en una cl¨ªnica de Miami rebajando peso desde dos d¨ªas antes de producirse la violencia social del 27 de febrero. Es el caso de corrupci¨®n m¨¢s grande que ha existido en Venezuela.

Se trata del tr¨¢fico de divisas preferenciales para las importaciones, donde se encuentran involucradas cuatro empresas extranjeras verificadoras, que han sido acusadas de permitir la sobrefacturaci¨®n fraudulenta contra el Estado venezolano.Las investigaciones que han iniciado la Comisi¨®n de Contralor¨ªa de la C¨¢mara de Diputados, los tribunales y la Contralor¨ªa General de la Rep¨²blica se centran en las irregularidades administrativas detectadas en el otorgamiento de divisas para las importaciones, que manejaba la oficina del R¨¦gimen de Cambios Diferenciales, conocida con el nombre de Recadi y dependiente del Ministerio de Hacienda.

La oficina de Recadi se cre¨® en 1983 a ra¨ªz de la devaluaci¨®n del bol¨ªvar y el establecimiento de un control de cambio durante el ¨²ltimo a?o de gobierno de Luis Herrera Campins. Al comenzar la Administraci¨®n de Jaime Lusinchi, en 1984, continu¨® operando Recadi, hasta hace un mes, cuando el nuevo presidente, Carlos Andr¨¦s P¨¦rez, la elimin¨® al implantar la unificaci¨®n cambiaria.

En los cinco a?os de gobierno de Lusinchi, la oficina de Recadi manej¨® un presupuesto de 50.000 millones de d¨®lares para las importaciones. Las investigaciones iniciadas est¨¢n procesando denuncias sobre comisiones y sobornos de funcionarios p¨²blicos, sobrefacturaci¨®n de precios en las importaciones, creaci¨®n de empresas importadoras venezolanas fantasmas, privilegios, intermediarios y las m¨¢s modernas formas de corrupci¨®n en el tr¨¢fico de divisas.

Los miembros de la comisi¨®n investigadora del Parlamento, especialmente el diputado socialista Carlos Tablante, han hecho acusaciones contra el empresario y diputado del partido gobernante, Alberto Finol, quien es muy amigo del ex presidente Lusinchi, de favorecerse presuntamente con los d¨®lares preferenciales en la importaci¨®n de la leche en polvo. Otro diputado, el socialcristiano Felipe Montilla, tambi¨¦n ha dirigido sus ataques contra Blanca Ib¨¢?ez, la secretaria privada de Lusinchi, de haber ordenado, aparentemente desde el palacio de Gobierno, diversas aprobaciones de divisas para importadoras particulares.

En medio del esc¨¢ndalo suscitado por las denuncias, el ex presidente Lusinchi ha dicho desde Miami que ¨¦l respaldaba las investigaciones. El partido gobernante, Acci¨®n Democr¨¢tica, tambi¨¦n apoya la averiguaci¨®n llev¨¢ndola hasta sus ¨²ltimas consecuencias, incluso hasta expulsar a los dirigentes de su partido que se encontraran incursos en los delitos de cuello blanco.

Mientras llegan m¨¢s expedientes de las denuncias al Congreso, que seg¨²n el diputado Tablante son tan numerosos que habr¨ªa que cargarlos en un cami¨®n, la comisi¨®n investigadora ha adelantado su b¨²squeda en las empresas extranjeras verificadoras.

En el informe preliminar de esa comisi¨®n, que ha trascendido a la Prensa, se concluye en forma determinante que "muchas empresas verificadoras permit¨ªan la sobrefacturaci¨®n" en Recadi para las importaciones de empresas privadas.

Compras certificadas

Precisamente para hacer las operaciones m¨¢s transparentes, el Gobierno de Lusinchi contrat¨® en 1986 a la empresa norteamericana Caleb Brett International, a la francesa Bureau Veritas y a la suiza Societ¨¦ G¨¦n¨¦rale Surveillance, para que emitieran certificados de verificaci¨®n de todas las importaciones venezolanas p¨²blicas y privadas por el monto de 30.000 millones de d¨®lares.En declaraciones a la Prensa, las sucursales de estas cuatro empresas extranjeras han defendido la limpieza de sus operaciones. Sin embargo, el documento del Congreso afirma que "con la participaci¨®n de las empresas verificadoras se legaliz¨® la sobrefacturaci¨®n fraudulenta contra el Estado, venezolano". Tambi¨¦n dice que esas empresas "emitieron dos tipos de certificados: limpios y sucios, y se convirtieron en grandes puentes, en consecuencia, de evasi¨®n de impuestos".