La estad¨ªstica est¨¢ re?ida con la realidad

La afirmaci¨®n de que el 63,6% de las rentas de los alquileres no superan las 10.000 pesetas mensuales o de que s¨®lo el 1% rebasa la frontera de las 50.000 pesetas parece un atentado contra la raz¨®n. La experiencia demuestra que en el mercado ya no existen esas gangas, y que intentar alquilar una vivienda digna por menos de 70.000 pesetas en las grandes ciudades es algo poco menos que imposible. Y es que la estad¨ªstica est¨¢, en esta como en muchas otras ocasiones, re?ida con la realidad.Esta nula coordinaci¨®n entre la realidad y la estad¨ªstica es consecuencia directa de la falta de control del mercado. La realidad demuestra que el mundo del alquiler est¨¢ sembrado de un sinf¨ªn de triqui?uelas.

La irregularidad m¨¢s habitual es la existencia de muchas viviendas en alquiler sin contrato. Pero las trampas no acaban ah¨ª. Hay, por ejemplo, un buen n¨²mero de propietarios que no declaran las rentas que generan por los ingresos obtenidos por el alquiler de sus viviendas.

A esta circunstancia se une el general desconocimiento de la legislaci¨®n que rige el mercado. Una cantidad muy considerable de ciudadanos creen que el Decreto Boyer les impide hacer contratos por m¨¢s de un a?o, lo que aborta un buen n¨²mero de negocios. La estad¨ªstica nos asegura de nuevo que m¨¢s del 50%, de los contratos firmados despu¨¦s de la entrada en vigor del Decreto Boyer han tenido una duraci¨®n superior a un a?o.

Pero tal vez el caso m¨¢s sangrante lo protagonizan quienes alquilan como viviendas libres las que nacieron al amparo de la financiaci¨®n del Estado. Si se establece una comparaci¨®n con el resto de Europa, este tipo de alquiler es pr¨¢cticamente inexistente en Espa?a.

A este conjunto de problemas que asolan al alquiler en particular y a la vivienda en general es al que deben poner coto las promesas electorales. Ser¨ªa una inmensa decepci¨®n que los programas de las formaciones pol¨ªticas se quedaran en papel mojado cuando hay tantos agujeros que tapar. Los partidos pol¨ªticos deben llevar a a pr¨¢ctica sus promesas electorales.