La moderaci¨®n del crecimiento de salarios y beneficios es la clave del plan de competitividad

El Gobierno aprob¨® ayer el plan de competitividad dise?ado por Carlos Solchaga, lo enviar¨¢ la pr¨®xima semana al Parlamento y se ha dado de plazo hasta septiembre para alcanzar el pacto "o tomar las medidas alternativas que sean necesarias". Despu¨¦s de a?o y medio de defender, sin explicarlo, la bondad de un amplio pacto social, el Ejecutivo reconoci¨® ayer que lo m¨¢s importante es la moderaci¨®n de salarios y beneficios. Solchaga va a proponer a sindicatos y patronal que tanto los salarios como los beneficios distribuidos crezcan -de aqu¨ª a 1994- al mismo ritmo que la media de los pa¨ªses del Sistema Monetario Europeo (SME).

El ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga, explic¨® ayer, tras el Consejo de Ministros, las tres piezas b¨¢sicas de su "pacto social de progreso". De las tres, s¨®lo la primera -alcanzar un acuerdo en pol¨ªtica de rentas- exige la negociaci¨®n y el acuerdo con sindicatos y patronal.

Las otras dos piezas engloban una serie de medidas contra la inflaci¨®n en el sector servicios y otras tantas reformas "estructurales" que mejoren el funcionamiento del mercado de trabajo, incentiven la inversi¨®n y mejoren las infraestructuras. Esta serie de medidas pueden ser y ser¨¢n, seg¨²n Solchaga- adoptadas por el Gobierno con o sin pacto. Carlos Solchaga record¨® ayer que la preparaci¨®n de la econom¨ªa espa?ola para el mercado ¨²nico europeo de 1993 es, para el Ejecutivo, una asignatura pendiente desde la convocatoria de elecciones anticipadas en noviembre de 1989. Seg¨²n el ministro, "ser¨ªa una gran frustraci¨®n nacional que no supi¨¦ramos aprovechar esta oportunidad hist¨®rica".

Esa oportunidad consiste, seg¨²n Solchaga, en "eliminar la brecha de bienestar econ¨®mico y social que nos separa de la media comunitaria". La inflaci¨®n es, para el Gobierno, el principal enemigo de este objetivo, por lo que su control es tin fin en s¨ª mismo y el pacto de competitividad el m¨¦todo m¨¢s eficiente para lograrlo. Un pacto que, adem¨¢s, tendr¨ªa que llevar la firma conjunta de las tres partes-Gobierno, empresarios y trabajadores- y aplicarse para el conjunto del Estado.

Entre junio y septiembre, el Ejecutivo intentar¨¢ convencer a sindicatos y patronal para que acepten que tanto el ritmo de crecimiento de los salarios monetarios como el de los beneficios distribuidos por las empresas debe ser igual, en 1994, a la media de los pa¨ªses del SME.

Cl¨¢usula de revisi¨®n

La diferencia deber¨¢ saldarse -de forma escalonada- en los pr¨®ximos tres a?os, con dos garant¨ªas. La primera es una cl¨¢usula de revisi¨®n universal que asegure a todos los trabajadores la mejora del poder adquisitivo de sus salarios al final de cada ejercicio. Esto significa que, si la econom¨ªa est¨¢ creciendo, la masa salarial que reciben los trabajadores debe crecer m¨¢s que la inflaci¨®n; o, lo que es lo mismo, el crecimiento econ¨®mico debe repartirse entre aumentos del empleo y del nivel de vida de los trabajadores ocupados.

La segunda garant¨ªa afecta a las empresas. ?stas no podr¨¢n, si se firma el pacto, distribuir mayores beneficios entre sus accionistas de lo que es habitual en Europa. Pero como el objetivo es crecer m¨¢s r¨¢pido para "reducir la brecha con la Comunidad Europea", los beneficios totales deber¨ªan ser tambi¨¦n mayores. La soluci¨®n que propugna el Gobierno es que ese probable excedente se destine a reservas y se reinvierta para as¨ª acelerar el ritmo de crecimiento econ¨®mico. Esta reinversi¨®n, adem¨¢s, estar¨¢ animada por alg¨²n incentivo fiscal a¨²n sin determinar.

Salarios y beneficios deben compartir el mismo esquema de moderaci¨®n porque, en opini¨®n del ministro de Econom¨ªa, "no est¨¢ Espa?a en una situaci¨®n que pida una redistribuci¨®n de la renta en favor de los beneficios". El objetivo, a su juicio, s¨®lo es "converger r¨¢pidamente con los pa¨ªses europeos m¨¢s competitivos" y, para ello, conviene ligar las mejoras de nivel de vida o de poder adquisitivo con las ganancias de productividad.

Uno de los inconvenientes del esquema propuesto por el Gobierno es que quiere tener una aplicaci¨®n global para toda la econom¨ªa, sin diferenciar entre los sectores m¨¢s eficientes y los menos competitivos. La globalidad obedece, seg¨²n Solchaga, a "que es m¨¢s f¨¢cil alcanzar un acuerdo a nivel nacional", aunque a?adi¨® que el acuerdo podr¨ªa despu¨¦s nexibilizarse en los convenios de cada sector.

Ahora s¨®lo queda sentarse a negociar. El primer paso se dar¨¢ el martes o el mi¨¦rcoles de la pr¨®xima semana con la entrega del texto a la Comisi¨®n Mixta Congreso Senado para las relaciones con la Comunidad Europea.

La Comisi¨®n ser¨¢, seg¨²n el ministro de Econom¨ªa, quien defina cu¨¢ndo ha de empezar la negociaci¨®n tripartita. Para ese momento, Solchaga espera que los sindicatos acepten "que el Gobierno ha considerado necesario buscar un consenso con las fuerzas parlamentarias, pero que con esta actuaci¨®n no intenta evitar la obligaci¨®n de sentarse a negociar".