Garz¨®n: Interior cre¨® y pag¨® a los GAL

Los GAL fueron una banda armada dedicada a actividades terroristas que fue creada y pagada por el Ministerio del Interior. Rafael Vera, uno de los m¨¢ximos responsables del departamento desde 1983 a 1994, malvers¨® fondos p¨²blicos para su financiaci¨®n y tuvo participaci¨®n en la detenci¨®n ilegal de Segundo Marey. As¨ª lo afirma el juez Baltasar Garz¨®n en el auto hecho p¨²blico ayer, por el que procesa a los 14 inculpados en el sumario del caso GAL. El juez acus¨® al ex director general de Seguridad Juli¨¢n Sancrist¨®bal y al ex dirigente socialista Ricardo Garc¨ªa Damborenea de crear la banda, aunque a este ¨²ltimo y al ex secretario de Vera, Juan de Justo, los puso en libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas. El magistrado impuso fianzas por responsabilidad civil que totalizan 1.440 millones.

Baltasar Garz¨®n basa la mayor¨ªa de las acusaciones en los testimonios de los ex polic¨ªas Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez, condenados en su d¨ªa a 108 a?os de c¨¢rcel por su participaci¨®n en los cr¨ªmenes de los G,AL, y ahora procesados por pertenencia a banda armada, detenci¨®n ilegal y delito continuado de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. No obstante, el juez destaca la "intensa y activa" colaboraci¨®n de Amedo y Dom¨ªnguez, por lo que considera que ambos deben continuar en libertad.En los 75 f¨®lios que ocupa el auto de procesamiento, el magistrado considera que los GAL fueron una "banda armada" creada en 1983 por el ex director general para la Seguridad Juli¨¢n Sancrist¨®bal y por Ricardo Garc¨ªa Damborenea, junto a los polic¨ªas Francisco ?lvarez y Miguel Planchuelo.

El instructor del caso afirma que esta banda respondi¨® "a la muy intensa actividad de la organizaci¨®n terrorista ETA Militar 'con sus mismas armas' (asesinatos, detenciones ilegales, etc¨¦tera), todo ello al margen de los medios legales y leg¨ªtimos del Estado".

El magistrado afirma, que los GAL se financiaron con fondos reservados, cuya gesti¨®n corres pond¨ªa al entonces director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera. Garz¨®n acusa a Vera de un delito de malversaci¨®n y otro de cooperaci¨®n necesaria en la de tenci¨®n ilegal de Segundo Marey, as¨ª como dos de malversaci¨®n continuada por los pagos mensuales de entre 450.000 y 600.000 pesetas a las mujeres de Amedo y Dom¨ªngpez, y por los pagos fraccionados de 200 millones atada uno de los ex polic¨ªas. El objetivo era, seg¨²n Garz¨®n, "conseguir el silencio de los dos iniputados" y "pagarles los servicios prestados, so pretexto de que han actuado bajo el manto y con la justificaci¨®n de la raz¨®n de Estado". Por todos estos delitos, el magistrado estima que la eventual condena de Vera podr¨ªa ser de hasta 105 a?os de c¨¢rcel, Por lo que decide que siga encarcelado.