Promesas sin efecto retroactivo

Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, presidente del PP, quiere transparencia ante los casos de corrupci¨®n, y promete frecuentes comparecencias en el debate parlamentario, que se reducir¨¢ la deuda de las Administraciones p¨²blicas, que se contendr¨¢ la presi¨®n fiscal... Pero el PP ha tenido oportunidad de aplicar esas pol¨ªticas en varias comunidades donde gobierna desde hace m¨¢s de cuatro a?os, y tambi¨¦n en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, la realiidad contradice sus promesas.Por ejemplo, ninguno de los dos espejos que el PP ha apuntalado en Madrid, ahora que gobierna con mayor¨ªa absoluta en el Ayuntamiento de la capital de Espa?a y en la Comunidad, responde, a los buenos augurios de Aznar. Tales buenos prop¨®sitos s¨®lo se intuyen, en el mejor de los casos, en aspectos sobre todo administrativos.

En Galicia, los socialistas se han apresurado a elaborar un minucioso informe de t¨ªtulo estridente (El fraude del PP) en el que ofrecen una catarata de datos sobre los contrastes entre lo, que predica Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar desde la oposici¨®n y el trigo que Manuel Fraga reparte desde el Gobierno en Santiago. Y lo cierto es que, desmesuras electorales al margen -los socialistas cargan en la cuenta de Fraga cuestiones como el aumento del paro o la crisis de la pesca y la agricultura, que se escapan claramente de las competencias de la Xunta-, algunos hechos resultan incontrovertibles.

En Baleares rebotan sobre el centro-derecha sus propias proclamas sobre corrupci¨®n, transparencia y control parlamentario, reducci¨®n de altos cargos y de empresas p¨²blicas, y di¨¢logo con los sindicatos. Tampoco se han erradicado el sectarismo y la arbitrariedad en la administraci¨®n, o la discrecionalidad de las adjudicaciones directas.

Y en Castilla y Le¨®n, la l¨ªnea establecida por Aznar cuando dej¨® la presidencia auton¨®mica ha sido continuada por Juan Jos¨¦ Lucas, quien s¨®lo ha celebrado un debate sobre el estado de la regi¨®n en sus cinco a?os de mandato. La deuda de las dos grandes administraciones p¨²blicas de Madrid ha alcanzado tras la llegada del PP techos hist¨®ricos jam¨¢s conseguidos por el PSOE.

El alcalde de Madrid, por ejemplo, ha tardado cinco ejercicios en congelar realmente el principal tributo municipal. El impuesto de bienes inmuebles (IBI), que concentra el 50% de la recaudaci¨®n municipal, ha aumentado desde 1991 en porcentajes anuales que duplicaban el ¨ªndice de Precios al Consumo, es decir, entre el 8% y el 12%. El responsable directo de ese incremento, el ex concejal de Hacienda Fernando L¨®pez Amor, arropa ahora a Aznar en la lista de Madrid al Congreso con todas las probabilidades de obtener esca?o.

En cuanto a la deuda del Ayuntamiento, el alcalde ha seguido un peculiar sistema (le contenci¨®n. Desde 1989, tras una moci¨®n de censura pactada con el CEIS de Agust¨ªn Rodr¨ªguez Sahag¨²n para derrocar al socialista Juan Barranco, ?lvarez del Manzano tiene alguna responsabilidad sobre el bast¨®n de mando de la Corporaci¨®n. Tom¨® la deuda municipal en 47.000 millones y la ha conducido hasta 200.000 millones. Ruiz-Gallard¨®n se hart¨® de criticar desde la oposici¨®n el endeudamiento auton¨®mico provocado por el socialista Joaqu¨ªn Leguina, que solicit¨® m¨¢s de medio bill¨®n de pesetas en cr¨¦ditos durante los 12 a?os de su presidencia regional para dar entidad a una Comunidad entonces incipiente. Y Ruiz-Gallard¨®n solicitar¨¢ s¨®lo en .1996 casi 128.000 millones de pesetas de pr¨¦stamos a los bancos.

El presidente madrile?o, sin embargo, dedic¨® su primera ley a reducir el recargo auton¨®mico del Impuesto de Actividades Econ¨®micas (lAE) un 20% (lo que deriva en una disminuci¨®n simb¨®lica, pues se rebaja s¨®lo el recargo auton¨®mico. El Ayuntamiento mantuvo el suyo como estaba).

El espejo castellano

En Castilla y Le¨®n, Aznar se march¨® despu¨¦s de cuadruplicar la deuda de la comunidad. Tras cinco a?os de mandato, Lucas ha. multiplicado por dos el endeudamiento, que asciende a 118.000 millones (el presupuesto para este a?o suma 280.110 millones).

El ¨²ltimo informe publicado por el Tribunal de Cuentaa sobre la gesti¨®n del Gobierno de Juan Jos¨¦ Lucas -referente a 1992-, revela que los cambios introducidos equival¨ªan al 40% de los presupuestos totales aprobados por las Cortes. El - informe tambi¨¦n precisaba que el gasto corriente aument¨® m¨¢s del 13% y se gestionaba casi al 100%, mientras que la gesti¨®n -de las inversiones no llegaba al 60%.

El a?o pasado las adjudicaciones se redujeron en 12.000 millones, pr¨¢cticamente el doble que en el ejercicio anterior. Para el PSOE, esto lleva al controvertido asunto del agujero econ¨®mico "que arrastra la tesorer¨ªa de la comunidad. Ese desfase lo cifraba el Tribunal de Cuentas en 36.000 millones en 1992.

Tal vez esto explique el notable retroceso en la licitaci¨®n de obra p¨²blica en la Comunidad, seg¨²n refleja el ¨²ltimo informe anual de la C¨¢mara de Contratistas de Castilla y Le¨®n. De los 27.321 millones de pesetas menos licitados en 1995, 019,6% correspondi¨® a la Administraci¨®n central y el 73% a la auton¨®mica. Por su parte, las peque?as y medianas empresas de Castilla y Le¨®n se quejan del retraso en el pago de las subvenciones, incluidas las ayudas para el empleo, y reclaman m¨¢s atenci¨®n para un sector empresarial que mantiene las tres cuartas partes del empleo regional. La oposici¨®n parlamentaria pone de relieve el fracaso de los grandes proyectos de pol¨ªtica industrial de la Junta: el fallido asentamiento de la multinacional alemana Pilz en Avila, el- multimillonario proyecto del parque Valle del Cerrato en P¨¢lencia y especialmente el caso Biom¨¦dica, que en los ¨²ltimos meses ha vuelto a cobrar actualidad por las diligenciias abiertas en un Juzgado de Le¨®n.

En Galicia, el gasto p¨²blico ha crecido desde 1989. Fraga se estren¨® en la Xunta suprimiendo 111 "unidades administrativas" para poco despu¨¦s promover la creaci¨®n de una vasta red de institutos y fundaciones p¨²blicas que la oposici¨®n llama "Administraci¨®n paralela". El PSOE denuncia el incremento de altos cargos y asesores (pasaron de 168 a 228), as¨ª como del n¨²mero de empleados p¨²blicos (crecieron un 18%), aunque la Xunta alega que en parte es debido a la recepci¨®n de nuevas transferencias, como la sanidad. Los m¨¢rgenes de, discrecionalidad del poder pol¨ªtico para designar cargos administrativos se han ensanchado notablemente y alcanzan a puestos como jefes de servicio, interventores o letrados. En m¨¢s de un caso han resultado favorecidos militantes del PP o familiares de dirigentes del partido.

El programa de Aznar promete restringir la adjudicaci¨®n directa de obras, mientras que en Galicia ha habido alg¨²n a?o en que las delegaciones provincia- les de la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial concedieron todos sus proyectos a dedo.

La deuda acumulada pas¨® de 10.300 millones en 1989 a unos 325.000 en la actualidad. Tras ganar las ¨²ltimas elecciones municipales en Vigo y Orense, el PP increment¨® los inpuestos.

El Gobierno balear, por su parte, alardea de contar con el menor porcentaje de funcionarios por habitante de Espa?a y de ser la comunidad con inferior grado de d¨¦ficit y deuda. Por el contrario, el n¨²cleo de empresas y sociedades p¨²blicas que han surgido en la ¨²ltima d¨¦cada es grueso y su endeudamiento crece progresivamente. En este ¨¢mbito, los contratos de personal y las adjudicaciones de grandes obras han sido bastante opacos y la deuda queda sumergida.

Las intervenciones auton¨®mi-

cas de ayudas en los sectores industrial y financiero se saldan con fracasos. La sociedad balear de capital riesgo est¨¢ en suspensi¨®n de pagos y su gran actuaci¨®n fue perder casi 500 millones de pesetas en un cementerio privado en cuya construcci¨®n participaba el alcalde de Palma, el popular Juan Fageda.Precisamente la corrupcion o las irregularidades han afectado tambi¨¦n a los gobiernos del PP.

En Madrid, la transparencia y lucha frontal contra la corrupci¨®n que augura Aznar se ve contradicha por el alcalde de la capital, que ha concedido uno de los mayores contratos municipales, el de la instalaci¨®n y publicidad del mobiliario urbano -los famosos chirimbolos, un negocio de unos 15.000 millones de pesetas-, a un empresario franc¨¦s condenado por sobornar al alcalde de Lleja.

?lvarez del Manzano ha obstaculizado todo lo que ha podido la investigaci¨®n sobre la presunta irregularidad -seg¨²n la ley de Contratos del Estado y una directiva europea- que constituye el haber otorgado una concesi¨®n a un ciudadano condenado por cohecho. Precisamente, la citada ley de Contratos se endureci¨®, con el apoyo del PP, a ra¨ªz de las corrupciones denunciadas en el seno del PSOE. El gobierno local de Madrid arguye, entre otras razones, que el retoque legal no afecta a un caso anterior, sin reparar en que la, propia ley vigente tambi¨¦n lo castigaba.

Ruiz-Gallard¨®n tambi¨¦n se ha enfangado al intentar minimizar la okupaci¨®n de un despacho oficial en su Consejer¨ªa de Cultura, sin nombramiento alguno y durante cinco meses, por Juan Jos¨¦ Alonso Mill¨¢n. El empresario teatral recib¨ªa en ese despacho institucional a personas del mundo del teatro al tiempo que continu¨® representando sus obras en el local privado de su esposa. Y contin¨²a haci¨¦ndolo, pese a estar afectado por la ley de incompatibilidades.

En Baleares, los datos son contundentes en el plano local. El que fue l¨ªder y presidente del PP y del Gobierno balear, Gabriel Ca?ellas, tuvo que dimitir hace siete meses para acreditar el discurso anticorrupci¨®n y de asunci¨®n de responsabilidades pol¨ªticas que defend¨ªa Aznar. La culpa la tuvo el caso S¨®ller (el presunto cobro de comisiones a cambio de una concesi¨®n.)El asunto del t¨²nel de S¨®ller aun ,est¨¢ abierto judicialmente, sin imputaciones a pol¨ªticos. Pero adem¨¢s ha emergido en plena campa?a la trama del caso Calvi¨¢, en el que se conden¨® a dos militantes del PP por intento de soborno de un concejal. Y, por si fuera poco, se instruyen dos sumarios en Ciutadella de Menorca y en Ibiza, sobre supuesto cobro de comisiones, y ambos municipios est¨¢n gobernados por el Partido Popular. En el pueblo mallorqu¨ªn de Ses Salines el alcalde saliente, tambi¨¦n del PP, est¨¢ acusado de haber dejado un micr¨®fono oculto en su despacho oficial.

Tener carn¨¦ del partido y, en especial, ser familiar o pariente de un cargo institucional o dirigente del PP ha servido de gran m¨¦rito para colocarse, y as¨ª se han dado aut¨¦nticas historias familiares, de apellidos muy conocidos. Cuando un candidato no ha ganado las elecciones locales ha recibido una asesor¨ªa a manera de sobresueldo.

Aznar se march¨® de Castilla y Le¨®n sin celebrar un solo debate sobre el estado de la regi¨®n. Tras cinco a?os de mandato, Lucas tambi¨¦n se ha encastillado frente a las Cortes castellano-leonesas: s¨®lo ha celebrado un debate de ese tipo.

Lejos de aplicar las propuestas del partido para revitalizar la vida parlamentaria, el PP gallego reform¨® el reglamento de la C¨¢mara en sentido opuesto: los debates son m¨¢s cortos y r¨ªgidos, Fraga se limita a leer un par de discursos al a?o y los populares usan su mayor¨ªa absoluta para impedir comparecencias de consejeros o negar todas las investigaciones que reclama la oposici¨®n. No s¨®lo no se ha limitado la discrecionalidad del Gobierno para modificar los presupuestos, ni se ha facilitado su supervisi¨®n parlamentaria, sino que se han transferido miles de millones a sociedades p¨²blicas de nueva creaci¨®n que no est¨¢n sometidas al control de la C¨¢mara.

Tampoco se ha hecho amago de aplicar las medidas que propone el PP nacional para reforzar la independencia pol¨ªtica de los miembros del Tribunal de Cuentas. Los ataques a la "manipulaci¨®n" de TVE son un calco de los que profieren contra la televisi¨®n auton¨®mica gallega la oposici¨®n, los sindicatos y buena parte de sus propios trabajadores, algunos de los cuales vieron su nombre impreso en listas negras manejadas por el PP.

En el Parlamento balear la mayor¨ªa del PP ha impedido la creaci¨®n de comisiones de investigaci¨®n y las comparecencias r¨¢pidas del presidente. Est¨¢n sin nombrar a¨²n los S¨ªndicos de Cuentas y el Defensor regional. No se ha constituido tampoco una oficina de control presupuestario. Izquierda Unida ha comprometido al PP balear presentando una iniciativa de control parlamentario copiada del programa de Aznar.

Las diferencias entre lo que se predica y lo que se reparte tienen muchos cap¨ªtulos m¨¢s. En Madrid, la televisi¨®n auton¨®mica. suscribi¨® un acuerdo con Telef¨®nica, Prisa y Prensa Espa?ola para poner en marcha Cablevisi¨®n, mientras que la doctrina de la sede central del PP sobre las televisiones por cable concede el poder de decisi¨®n a los ayuntamientos.

Burgos y el Liceo

Todas las ayudas concedidas por Lucas el pasado a?o con cargo al Fondo de Acci¨®n Especial, dotado con 65 millones de pesetas y que el presidente puede conceder sin dar explicaciones, fueron a parar a Ayuntamientos del PP y asociaciones cercanas a esta formaci¨®n. No es la ¨²nica contradicci¨®n interna: Lucas plante¨® como agravio la ayuda del Gobierno para reconstruir el Liceo frente al abandono de la catedral de Burgos y, en general, de los monumentos de Castilla y Le¨®n. Sin embargo, el mismo a?o de la pol¨¦mica la Junta rebaj¨® 200 millones el presupuesto para la conservaci¨®n del patrimonio.

Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar ha prometido en la campa?a crear un Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, el PP ha desmantelado las consejerias de Medio Ambiente en cinco gobiernos aut¨®nomos que antes estaban en poder del PSOE: Asturias, La Rioja, Arag¨®n, Murcia y Comunidad Valenciana. S¨ª existen consejer¨ªas espec¨ªficas (aunque los a?adidos de "y Ordenaci¨®n del Territorio" o "y Desarrollo Regional") en Cantabria, Castilla y Le¨®n y Madrid.

Informaci¨®n elaborada con las aportaciones de