El juez otorga 30 d¨ªas para pedir el juicio oral de Conde y otros 10 inculpados en el 'caso Banesto'

El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n concluy¨® ayer la instrucci¨®n del caso Banesto y otorg¨® 30 d¨ªas al fiscal y a las partes personadas en el sumario para solicitar la apertura del juicio oral a Mario Conde y otras 10 personas inculpadas mediante escrito de acusaci¨®n, o en su defecto de sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la pr¨¢ctica nuevas diligencias. El juez afirma que se encuentra "en la actualidad pendiente de recibir, ya que est¨¢ cumplimentada, la comisi¨®n rogatoria librada a las autoridades judiciales del Cant¨®n de Vaud (Lausana, Suiza)". De cumplirse los plazos, Garc¨ªa-Castell¨®n estar¨¢ en condiciones de redactar el auto de apertura de juicio oral a mediados de mayo.A la conclusi¨®n t¨¦cnica de la instrucci¨®n seguir¨¢n los siguientes pasos: el fiscal y las acusaciones elevar¨¢n sus calificaciones a mediados de mayo pr¨®ximo; el juez redactar¨¢ el auto de apertura de juicio oral, con todos los cargos contra los ex administradores de Banesto, las penas exigidas y la exigencia de fianzas para asegurar las responsabilidades civiles. Inmediatamente dar¨¢ traslado del auto a los querellados, quienes dispondr¨¢n de un plazo para presentar sus descargos. Una vez concluido este tr¨¢mite, el juez enviar¨¢ el sumario completo a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, secci¨®n primera, -que preside el magistrado Siro Garc¨ªa, para que determine la fecha del juicio oral. Fuentes consultadas ayer dijeron que ser¨¢ dif¨ªcil que pueda celebrarse antes de 1997.

El juez instructor recuerda en su auto de acomodaci¨®n que las diligencias previas del caso Banesto se iniciaron a ra¨ªz de la querella criminal interpuesta por el Ministerio Fiscal el 15 de noviembre de 1994 por los delitos de falsedad en documento mercantil, maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas y apropiaci¨®n indebida contra nueve ex administradores del banco y un ex director general: Conde, Enrique Lasarte, Arturo Roman¨ª, C¨¦sar de la Mora, Vicente Figaredo, Antonio S¨¢ez de Montagut, Rafael P¨¦rez Escolar, Ramiro Nu?ez, Mart¨ªn Rivas y Fernando Garro.

En la citada querella, el fiscal Florentino Orti se refer¨ªa a "operaciones que se han saldado con grandes quebrantos para Banesto y para su Corporaci¨®n Industriar, en beneficio de sociedades aparentemente vinculadas a personas integrantes del antiguo consejo de administraci¨®n compuesto por los querellados" y "actuaciones destinadas a dificultar el conocimiento de la verdadera situaci¨®n patrimonial de Banesto, mediante pr¨¢cticas contables irregulares".

Tras la adimisi¨®n de la querella, el fiscal present¨® un nuevo escrito, con fecha 7 de diciembre solicitando incorporar como querellados a Ricardo G¨®mez-Acebo, ex vicepresidente del banco y miembro de la comisi¨®n ejecutiva, a Juan Jos¨¦ Abaitua, ex consejero y de la ejecutiva, y a Juan Belloso, consejero delegado hasta el 31 de diciembre de 1992. M¨¢s tarde, el 3 de marzo de 1995, se ampliaron los hechos de la querella original contra Fernando Garro por la operaci¨®n de adquisici¨®n de locales y naves para almacenes por parte de Banesto.

"Con posterioridad", sigue el texto, "se dictaron autos de sobreseguimiento de las actuaciones respecto a los querellados Antonio S¨¢ez de Montagut, Mart¨ªn Rivas y Juan Jos¨¦ Abaitua; por ¨²ltimo, a instancia del Ministerio Fiscal declar¨®, en concepto de imputado Eugenio Mart¨ªnez Jim¨¦nez".

Diligencias

El juez enumera las diligencias: declaraciones de 129 testigos; pruebas documentales (procedentes del Banco de Espa?a, Banesto, Agencia Tributaria, Banco de Progreso, Corporaci¨®n Banesto, Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, gran n¨²mero de entidades bancarias, documentos aportados por las partes y muchas otras) y periciales (peritos del Banco de Espa?a, del Instituto de Contabilidad y Auditor¨ªa de Cuentas y del Colegio de Economistas de Madrid); investigaciones realizadas por los funcionarios de polic¨ªa adscritos a las diligencias y pertenecientes a la Brigada de Delincuencia Econ¨®mico -Financiera de la Unidad Central de Polic¨ªa Judicial y diversas comisiones rogatorias libradas a distintos pa¨ªses, "encontr¨¢ndose en la actualidad pendiente de recibir, ya que est¨¢ cumplimentada, la librada ¨¢ las autoridades judiciales del Cant¨®n de Vaud (Lausanne)".

El auto se?ala que de las diligencias practicadas los hechos de la querella "indiciariamente pudieran estar contenidos dentro de los supuestos que determina el art¨ªculo 779 de la ley de Enjuiciamiento Criminal". Seg¨²n el mismo, el llamado procedimiento abreviado "se aplicar¨¢ al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a prisi¨®n mayor [hasta 12 a?os para cada delito]...".

El juez otorga, pues, un plazo de 30 d¨ªas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que "soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusaci¨®n o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la pr¨¢ctica de diligencias complementarias". Fuentes solventes han asegurado que el fiscal no solicitar¨¢ ninguna diligencia adicional. En lo que se refiere a las partes personadas, su petici¨®n, a diferencia de la que puede formular el fiscal, no resulta vinculante para el juez. El auto dictado ayer puede ser recurrido tanto en reforma como en queja ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. A partir de mediados de mayo, por tanto, con los escritos de calificaci¨®n en la mano, el juez Garc¨ªa-Castell¨®n se pondr¨¢ a redactar el auto de apertura dejuicio oral.

Las diligencias han alcanzado, seg¨²n el auto, 39 tomos de diligencias previas, 4 tomos de pieza de situaci¨®n, 117 tomos de documental, 13 tomos anexos de la querella, 23 tomos sobre investigaci¨®n del patrimonio de los querellados y 17 tomos de notificaciones. -Son 213 tomos o 85.000 f¨®lios.

Penas

Aunque las penas correspondientes a los presuntos delitos cometidos (detracci¨®n de 14.000 millones de pesetas del patrimonio de Banesto) ser¨¢n objeto de las calificaciones y posterior auto de apertura de juicio oral, el C¨®digo Penal vigente establece para las apropiaciones y estafas, sin la concurrencia de agravantes o atenuantes, penas de prisi¨®n menor. Esto significa tres grados alternativos: una pena m¨ªnima de 6-meses y un d¨ªa hasta 2 a?os, y 4 meses; una pena media de 2 a?os, 4 meses y 1 d¨ªa a 4 a?os y 2 meses; y por ¨²ltimo, una pena de grado m¨¢ximo de 4 a?os, 2 meses y 1 d¨ªa a 6 a?os.

Si bien el nuevo C¨®digo Penal establece para estos delitos penas que van de 1 a 6 a?os de prisi¨®n y da a la sala encargada de juzgar la potestad de decidir, en todos los casos se aplicar¨¢ a los ex administradores de Banesto la legislaci¨®n m¨¢s favorable.