Un edil de M¨®stoles, condenado a 4 a?os por malversar seis millones de pesetas
La Audiencia de Madrid ha impuesto un total de cuatro a?os de c¨¢rcel y ocho de inhabilitaci¨®n para ejercer un cargo p¨²blico al ex concejal en M¨®stoles del Centro Democr¨¢tico y Social (CDS) ?ngel Ricardo Alvarez Plaza. Se le condena como autor de los delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y falsificaci¨®n de documentos mercantiles (facturas) para encubrir la malversaci¨®n. La condena del ex edil ?lvarez Plaza tiene su ra¨ªz en un acuerdo plenario del Ayuntamiento de M¨®stoles, fechado en julio de 1991, mediante el que los distintos grupos pol¨ªticos -PSOE, PP, IU y CDS- convinieron en subvencionarse con 32 millones de pesetas.
El edil ?lvarez Plaza, entonces ¨²nico concejal y, por tanto, portavoz del CDS, recibi¨® un total de 12.640.000 pesetas por este concepto entre los a?os 1991 y 1993. El acuerdo plenario establec¨ªa que el dinero se destinase al funcionamiento de los grupos municipales, y que los gastos derivados de las partidas asignadas a cada uno de ellos fuesen debidamente justificados de forma trimestral. El dinero lo recibi¨® en 20 ¨®rdenes de pago.
Del dinero de su grupo, el ex concejal centrista se qued¨® para s¨ª, "con evidente ¨¢nimo de lucro personal", aproximadamente la mitad, en concreto 6.505.000 pesetas, seg¨²n la sentencia de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia de Madrid, hecha p¨²blica ayer y que ha sido elaborada por los magistrados F¨¦lix Alfonso Guevara (ponente), Pilar Abad y Carlos Ollero. Para "aparentar" Alvarez Plaza que ese dinero lo hab¨ªa destinado a su grupo municipal, utiliz¨® facturas falsas a las que dot¨® de una "apariencia de realidad con la finalidad preconcebida de servir de justificantes del dinero recibido por el Ayuntamiento de M¨®stoles para financiar el grupo pol¨ªtico al que pertenec¨ªa".
PASA A LA P?GINA 3
El ex concejal centrista anuncia que recurrir¨¢ la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo
VIENE DE LA P?GINA 1Explica el tribunal respecto al delito de falsedad: "[El procesado] confeccion¨® o dispuso que otros confeccionar¨¢n para s¨ª una serie de facturas mendaces: en concreto, dos de Construcciones Alfonso Barrado y cinco de la sociedad Gr¨¢ficas El ?lamo". Tales facturas eran falsas, agrega el tribunal, "porque no hab¨ªan sido emitidas por las respectivas entidades mercantiles" y "porque los trabajos que en ellas se especifican nunca fueron efectuados".
El ex edil -que ayer anunci¨® que recurrir¨¢ la sentencia ante el Tribunal Supremo, informa Susana Moreno- era la persona que administraba las subvenciones destinadas a su grupo, el CDS.
En el trimestre abril-junio de 1992, por ejemplo, pas¨® al municipio la siguiente relaci¨®n de gastos: "50.000 pesetas de gastos diversos, 384.605 de secretar¨ªa, 75.000 de gasolina, 1.036.210 de gastos de imprenta y otras 219.750 de asesoramiento".
El tribunal le condena, adem¨¢s, a devolver al erario municipal los 6.505.000 pesetas que malvers¨®. Y, paralelamente, absuelve de un delito de infidelidad de documentos a Carmelo Cerezuela, interventor general del Ayuntamiento de M¨®stoles e implicado en esta causa.
Seg¨²n el tribunal, Cerezuela actu¨® "de forma mod¨¦lica" y remiti¨® al juez instructor, cuando ¨¦ste se lo requiri¨® durante su investigaci¨®n, la relaci¨®n de cantidades de dinero entregadas a los grupos pol¨ªticos y las facturas o justificantes que ¨¦stos, incluido el del CDS, remitieron al Consistorio. Por tanto, entiende el tribunal, el interventor no cometi¨® tal delito, por el que el fiscal le ped¨ªa un a?o de c¨¢rcel.
Aparte de este proceso, que acaba de saldarse ahora con la condena de cuatro a?os para el ex edil y la absoluci¨®n del interventor, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tramita en la actualidad otras diligencias para determinar si el citado acuerdo plenario en el que se convinieron las subvenciones se ajusta a la legalidad. El grupo ecologista Los Verdes interpuso un recurso contencioso-administrativo contra ese acuerdo por entender que no estaba establecido ni en la ley electoral ni en la de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos.
El Tribunal Superior, al recibir la denuncia, orden¨® la suspensi¨®n cautelar de las subvenciones y orden¨® a un juzgado de M¨®stoles que investigase el asunto. El juzgado tom¨® declaraci¨®n a los 27 ediles que formaban parte del Consitorio. El caso volvi¨® al Tribunal Superior porque uno de los ediles era aforado.
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