El 'caso Monetta' salpica al presidente del Banco Central de Argentina

El esc¨¢ndalo que rodea al empresario y banquero Ra¨²l Monetta, socio de Telef¨®nica, presidente hasta fecha reciente de uno de los consorcios m¨¢s poderosos de Argentina y pr¨®fugo de la justicia desde el mi¨¦rcoles pasado, ha empezado a salpicar al presidente del Banco Central de la Rep¨²blica Argentina (BCRA), Pedro Pou, quien el jueves declar¨®: "Monetta es un banquero m¨¢s que hizo un buen trabajo". Un diputado acusa a Pou de haber permitido las irregularidades del empresario, y el juez tiene documentos que le comprometen.

El diputado Gustavo Guti¨¦rrez, del Partido Dem¨®crata de Mendoza, que present¨® la demanda judicial contra Ra¨²l Monetta, acus¨® ayer al presidente del banco central, Pedro Pou, de permitir y facilitar desde su cargo las diversas irregularidades bancarias del pol¨¦mico empresario. Seg¨²n el parlamentario mendocino, Pou conoc¨ªa perfectamente las dificultades que atravesaba el Banco Rep¨²blica, de Monetta, pese a lo cual autoriz¨® el pasado 11 de marzo su fusi¨®n con el Banco Mendoza.La actuaci¨®n del banco central incluy¨® la concesi¨®n de pr¨¦stamos millonarios pocos d¨ªas antes de la quiebra de Banco Mendoza, a pesar de las extra?as operaciones que afectaban la liquidez y solvencia del mismo. En concreto, el 5 de abril, dos d¨ªas antes de la intervenci¨®n de la m¨¢xima autoridad bancaria, "Pou dio un pr¨¦stamo de 83 millones de d¨®lares [13.300 millones de pesetas] al Banco Rep¨²blica", seg¨²n explic¨® el diputado Guti¨¦rrez.

El juez federal Luis Leiva, que orden¨® la detenci¨®n y procesamiento de Monetta y otros nueve directivos del Banco Mendoza, tiene en su poder importante documentaci¨®n que compromete al presidente del banco central, seg¨²n public¨® ayer el diario P¨¢gina 12.

Los 10 ejecutivos integraban la c¨²pula de la entidad financiera Banco Mendoza, que fue suspendida el pasado 11 de abril por el banco central, antes de que fuera absorbido por un grupo de nueve entidades de cr¨¦dito. Los cargos que pesan contra los acusados son subversi¨®n econ¨®mica, asociaci¨®n il¨ªcita y violaciones de la Ley Penal Tributaria.

Con sus actuaciones, el juez Leiva ha conquistado gran prestigio en la provincia de Mendoza, donde proces¨® a los ¨²ltimos presidentes del directorio del Banco Mendoza por vaciamiento de patrimonio de un banco estatal. Unos 20 funcionarios de la misma entidad fueron encarcelados por orden de este juez antes de la privatizaci¨®n.

La orden de detenci¨®n de Monetta ha sacudido a los c¨ªrculos del poder pol¨ªtico y econ¨®mico en Buenos Aires. El hoy fugitivo de la justicia tiene unas estrechas relaciones con el presidente de Argentina, Carlos Menem, de cuya reelecci¨®n (prohibida por la Constituci¨®n) ha sido uno de los principales abanderados. La espa?ola Telef¨®nica y los estadounidenses Citicorp y Hicks, Muse, Tate & Furst (fondo de inversi¨®n), socios de Monetta en el consorcio multimedia Citicorp Equity Investment (CEI), observan expectantes y con algo m¨¢s que inquietud los avatares judiciales del empresario.

Monetta dej¨® el pasado mes de abril la presidencia de CEI, que pas¨® a manos del inversionista tejano Thomas Hicks. El pacto que hab¨ªa sellado un a?o atr¨¢s salt¨® por los aires y Monetta qued¨® relegado a director, a pesar de ser el primer accionista de la compa?¨ªa, con un 40%. La quiebra de sus dos bancos pes¨® demasiado. Como contrapartida, la semana pasada Monetta fue designado presidente de un nuevo consorcio, Argentine Media Investments (AMI), que mueve activos valorados en 2.000 millones de d¨®lares (322.000 millones de pesetas) y que est¨¢ participado en un 61% por el fondo de Hicks y en un 39% por el grupo Rep¨²blica, del propio Monetta.

La parte gerencial del nuevo consorcio estar¨¢ en manos del CEI, que tiene una fuerte participaci¨®n en Telef¨®nica de Argentina y en canales de televisi¨®n, cable, emisoras de radio y empresas de otros sectores en todo el pa¨ªs. Monetta ha designado como abogado defensor a Jorge Garguir, ex juez federal durante la dictadura y socio del bufete del procurador general de la naci¨®n, Nicol¨¢s Becerra.

La acusaci¨®n teme que el abogado Garguir utilice a fondo sus buenas conexiones para lograr que la causa pase a los tribunales federales en Buenos Aires, en concreto a manos del juez Gustavo Literas, muy ligado al ministro del Interior, Carlos Corach, que podr¨ªa frenar el ritmo del proceso de instrucci¨®n.