Hacienda expedienta a siete inspectores al encontrar indicios de actuaciones corruptas
Hacienda abri¨® ayer siete expedientes por supuestas faltas muy graves a otros tantos funcionarios de la inspecci¨®n (cinco inspectores y dos subinspectores) en Madrid y Valencia. Seis de ellos formaron parte de la Unidad de Estudios Econ¨®micos y Sectoriales, un grupo especial dedicado a generar informes sectoriales que fue disuelto el pasado abril al sospechar que se estaban produciendo pr¨¢cticas corruptas. Los expedientes se producen tras una investigaci¨®n judicial que ha descubierto una red de extorsi¨®n a empresarios con documentos elaborados con informaci¨®n extra¨ªda de esa unidad.
Entre los expedientados por la Agencia Tributaria figuran los inspectores Mariano Navarro-Rubio, Jos¨¦ Mar¨ªa S¨¢nchez Cort¨¦s, Juan Jos¨¦ S¨¢nchez Diezma y Francisco Villar. Todos ellos formaron parte de la Unidad de Estudios Econ¨®micos y Sectoriales. Adem¨¢s figuran dos subinspectores que trabajaban en la citda unidad especial y el inspector Alfredo P¨¦rez Lodares.En el caso de Navarro-Rubio, hijo del que fue ministro de Hacienda franquista del mismo nombre, este es el segundo expediente que se le abre, tras ser detenido en junio pasado por orden de la juez Inmaculada Melero Claudia, titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 38 de Madrid, que le imput¨® los supuestos delitos de extorsi¨®n, amenazas y divulgaci¨®n de secreto. En este caso, se le imput¨® haber utilizado un informe de la Unidad para extorsionar al empresario Juan Abell¨® elaborado por otro de los expedientados, el inspector Jos¨¦ Mar¨ªa S¨¢nchez Cort¨¦s.
El expediente abierto por Hacienda les atribuye a todos ellos "accesos indebidos" a la base de datos de Hacienda. Es decir se les imputa haber dispuesto de datos confidenciales sobre contribuyentes sin tener autorizaci¨®n para ello. En relaci¨®n con esto, un informe interno de la Agencia Tributaria fechado en noviembre de 1997, ya se?alaba que "los actuarios mencionados no acceden de manera sistem¨¢tica a los expedientes que informan, sino que centran su atenci¨®n en determinados de ellos, soliendo coincidir con los de personalidades m¨¢s relevantes".
El otro inspector expedientado, Alfredo P¨¦rez Lodares, trabaja actualmente en la Oficina Nacional de Inspecci¨®n y fue hasta 1996 jefe regional de Inspecci¨®n de la Comunidad Valenciana. Con la llegada del PP al Gobierno fue nombrado Delegado Especial de Hacienda en la comunidad de Castilla-La Mancha hasta 1998, momento en el que volvi¨® a Valencia.
Conversaci¨®n telef¨®nica
En su caso el expediente se abre, conjuntamente con el de Mariano Navarro Rubio, por faltar al deber de custodia de documentos p¨²blicos. Lo que, dicho de otra forma, implica imputarles la filtraci¨®n intencionada de documentos sobre contribuyentes determinados.
En este caso, el detonante es una conversaci¨®n telef¨®nica interceptada por la Polic¨ªa en el curso de la investigaci¨®n dirigida por el juzgado 38 de Madrid a ra¨ªz de la denuncia de Juan Abell¨®.
En esa conversaci¨®n, Navarro Rubio le recordaba a P¨¦rez Lodares unos informes sobre diferentes empresas que ¨¦l mismo le habr¨ªa entregado en un "malet¨ªn negro". Seg¨²n la transcripci¨®n del di¨¢logo, el inspector de Valencia neg¨® saber a qu¨¦ informes se refer¨ªa Navarro Rubio. P¨¦rez Lodares fue llamado a declarar en su momento por la Polic¨ªa, sin que se produjeran actuaciones contra ¨¦l.
La inclusi¨®n de P¨¦rez Lodares en el grupo de expedientados indica que los responsables de la Agencia Tributaria se inclinan por la hip¨®tesis de que el grupo implicado en las irregularidades podr¨ªa tener ramificaciones fuera de la zona de Madrid, en la que se encontraba la sede operativa de la Unidad de Estudios Econ¨®micos y Sectoriales.
Tambi¨¦n pone en entredicho las manifestaciones realizadas en su d¨ªa por el ministro de Econom¨ªa y vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, quien tras conocerse la detenci¨®n de Mariano Navarro-Rubio asegur¨® que se trataba de un "hecho concreto" y neg¨® la posibilidad de que existiera una trama.
La Unidad de Estudios Econ¨®micos se convirti¨® en una f¨¢brica de informes al servicio de una red de extorsi¨®n
Los informes elaborados por la disuelta Unidad de Estudios Econ¨®micos y Sectoriales han sido durante estos ¨²ltimos a?os la munici¨®n utilizada por una red de extorsi¨®n a importantes empresarios. ?ste fue el caso de Juan Abell¨®, que denunci¨® en los juzgados que un editor llamado Juan Mu?oz, propietario de Confidencial 2000 le pidi¨® 20 millones a cambio de no divulgar un informe fiscal sobre ¨¦l. Ara¨ªz de esa denuncia se inici¨® la investigaci¨®n que acab¨® con la disoluci¨®n de la Unidad y la detenci¨®n de uno de sus miembros, Mariano Navarro Rubio.El informe sobre Abell¨® llevaba la firma de Jos¨¦ Mar¨ªa S¨¢nchez Cort¨¦s, otro de los miembros del grupo sancionado que trabaj¨® en la Delegaci¨®n del Gobierno en Campsa (hoy CLH, distribuidora de productos petrol¨ªferos). S¨¢nchez Cort¨¦s, seg¨²n Hacienda, fue denunciado por mantener negocios relacionados con actividades en las que actuaba en funciones de inspecci¨®n.
La investigaci¨®n del juzgado 38 de Madrid puso de manifiesto que la lista de informes que elaboraba la citada unidad y que circulaban libremente abarcaba, entre otros, a todos los despachos de abogados de Espa?a con cierta importancia, especialmente uno referido al despacho catal¨¢n Cuatrecasas o empresas del sector funerario como Funespa?a. Algunos de los dosieres, como el de Abell¨®, tambi¨¦n le fue ofrecido al ex banquero Mario Conde.
La investigaci¨®n interna de Hacienda tambi¨¦n puso de manifiesto que varios de los inspectores, como el ya mencionado S¨¢nchez Cort¨¦s o Juan Jos¨¦ S¨¢nchez Diezma, incurr¨ªan en incompatibilidades; que las inspecciones se centraban exclusivamente sobre determinadas personas de relieve; que se realizaban actuaciones para las que no se ten¨ªa competencia; que algunos de ellos utlizaban su clave para asegurarse de que sus parientes no estaban sometidos a inspecci¨®n y, en general, el incumplimiento del deber de confidencial exigible a un funcionario de la Inspecci¨®n de Hacienda.
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