Lo urgente MANUELA CARMENA

La justicia, a la vez que una funci¨®n esencial, garante del Estado de derecho, es un servicio p¨²blico como la sanidad o la educaci¨®n, que para cumplir aqu¨¦lla ha de ser eficiente. Reconocida ya en otros sectores, esta afirmaci¨®n a¨²n se cuestiona en el caso de la justicia.La exigencia de eficiencia s¨®lo puede venir del exterior, de los ciudadanos directamente, y a trav¨¦s de sus representantes pol¨ªticos. Por ello resulta especialmente id¨®neo plantearla en un momento electoral. Las encuestas coinciden en el reproche: la desesperante lentitud de la justicia en Espa?a. Las leyes procesales fijan plazos perentorios. Tambi¨¦n forman parte, pues, de las exigencias legales; sin embargo, se incumplen.

"... En este procedimiento se han observado todos los tr¨¢mites legales, menos el plazo para dictar sentencia, que no ha sido posible por la acumulaci¨®n de asuntos". Parad¨®jica, por su irregularidad, la frase es coletilla tradicional de la literatura judicial. La lentitud de la justicia se ha justificado siempre por la insuficiencia de sus medios.

Hoy, cuanto menos, resulta una verdad a medias. Las importantes inversiones realizadas desde los a?os ochenta obligan a hacer un an¨¢lisis m¨¢s riguroso. La inversi¨®n es necesaria, pero no suficiente. En todo caso, obliga a plantearse esta pregunta: ?se puede mejorar la dilaci¨®n de la justicia con lo que tenemos?

La respuesta es "s¨ª, sin duda". Pero ?c¨®mo conseguirlo?, ?qu¨¦ hacer?

Antes que nada, y como requisito, ha de plantearse como objetivo, y entonces ha de empezar a cifrarse con una medici¨®n cuantificada, como en otras pol¨ªticas p¨²blicas. Reducir, por ejemplo, un 25% la dilaci¨®n de los procesos podr¨ªa ser un objetivo razonable para una legislatura.

Convertido en objetivo colectivo, har¨ªa falta un plan para acelerar la justicia, para hacerla m¨¢s eficiente. El Libro Blanco elaborado por el Consejo General del Poder Judicial es una gu¨ªa. Habr¨ªa de ser referente obligado.

Algunos aspectos de ese plan, de hecho estrat¨¦gico, ser¨ªan:

1) Utilizar adecuada y coherentemente los recursos humanos con los que contamos. Faltan jueces, s¨ª, pero tenemos m¨¢s de 2.000 secretarios judiciales desaprovechados, licenciados en Derecho que superaron una oposici¨®n dif¨ªcil a quienes hay que ampliarles su competencia, algo que la nueva ley de Procedimiento Civil, incomprensiblemente, les restringe.

2) Implantar un sistema generalizado de incentivos basado en la productividad. Aunque siempre dif¨ªcil, constituye ya una norma aceptada en la moderna Administraci¨®n. ?Por qu¨¦ no en la justicia? Tambi¨¦n somos servidores p¨²blicos a los que se nos debe exigir eficiencia. ?Oponer calidad a cantidad? No. Reconocer que la celeridad tambi¨¦n es parte de la justicia. Los legisladores lo reconocen cuando imponen plazos. La contrastada capacidad y no s¨®lo la mera antig¨¹edad en el escalaf¨®n ha de ser tambi¨¦n criterio fundamental para la promoci¨®n.

3) Definir y sobre todo coordinar competencias de Gobierno. La Ley Org¨¢nica del Poder Judicial apost¨® por la descentralizaci¨®n de las competencias. Aunque parcial, el resultado ha sido bueno; el proceso se ha quedado a medio camino. Falta coordinaci¨®n entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades aut¨®nomas. Un escenario a clarificar, y cuando menos a coordinar.

Se ha configurado una pintoresca situaci¨®n en la que resulta como si el personal de una empresa lo contratase la competencia y lo pagase un tercero que no tuviera que ver ni con una ni con otra.

La dilaci¨®n de la justicia no es su ¨²nico problema. Resulta, sin embargo, el m¨¢s urgente, porque la dilaci¨®n y en definitiva su ineficacia le restan legitimidad.

Queda para otro momento una reflexi¨®n sobre el desfasado modelo tradicional de justicia que en muchos casos causa incomprensi¨®n y rechazo. Ello supera, sin embargo, con creces el episodio electoral al que responde este art¨ªculo.

Manuela Carmena es vocal del Consejo General del Poder Judicial.