Los jueces acusados de prevaricaci¨®n se niegan a suspender el juicio a los 'narcos'
La suspensi¨®n de los jueces si se admite la querella contra ellos provocar¨ªa la anulaci¨®n de la vista
El macrojuicio de la Operaci¨®n Temple seguir¨¢ adelante. Los tres magistrados de la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional decidieron ayer no suspender ni aplazar las sesiones de la vista, a pesar de que seis abogados as¨ª lo hab¨ªan solicitado al menos hasta que el Supremo se pronuncie sobre la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella por prevaricaci¨®n presentada contra los tres integrantes del tribunal tras la puesta en libertad de uno de los acusados, Carlos el Negro, que aprovech¨® para fugarse. Los jueces rechazaron la suspensi¨®n para evitar dilaciones indebidas, ya que varios acusados llevan dos a?os y medio en prisi¨®n.
El juicio por la Operaci¨®n Temple, sobre la introducci¨®n en Espa?a de 10 toneladas de coca¨ªna, con 37 procesados y 28 abogados adem¨¢s del fiscal, durar¨¢ varios meses. Y el juicio ser¨¢ suspendido, y lo que es m¨¢s, anulado, si los magistrados que integran el tribunal, Carlos Cez¨®n, Juan Jos¨¦ L¨®pez Ortega y Carlos Ollero, son suspendidos en sus funciones. En ese caso, la vista deber¨ªa repetirse desde el principio y con otros jueces.
En circunstancias normales, la suspensi¨®n ser¨ªa impensable, pero en este caso el fiscal del Estado, Jes¨²s Cardenal, ha presentado una querella por prevaricaci¨®n contra todo el tribunal.
Si el Supremo admite a tr¨¢mite la querella, el Consejo del Poder Judicial, de acuerdo con el art¨ªculo 383 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial deber¨ªa suspender en sus funciones a los magistrados. Si el Supremo no abriera procedimiento abreviado, sino sumario, la suspensi¨®n s¨®lo se producir¨ªa en el caso de que los jueces fueran procesados, como ocurri¨® en el caso Lia?o, en el que el juez Javier G¨®mez de Lia?o s¨®lo fue suspendido despu¨¦s de ser procesado.
Juicio con garant¨ªas
Los abogados conocen las consecuencias y ayer seis de ellos, con Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa Braun a la cabeza, solicitaron la suspensi¨®n del juicio nada m¨¢s iniciado, invocaron el principio de seguridad jur¨ªdica y el derecho a un juicio con todas las garant¨ªas, alegando que tras la querella y el revuelo medi¨¢tico, los miembros del tribunal se encuentran en un clima de zozobra e incertidumbre, sin la tranquilidad imprescindible para poder juzgar. Los letrados propon¨ªan la abstenci¨®n de los magistrados o un aplazamiento hasta que el Supremo se pronuncie sobre la admisi¨®n de la querella.
Otros 15 letrados informaron en contra de la suspensi¨®n por entender que sus clientes llevan dos a?os y medio en prisi¨®n y tienen derecho a un juicio sin dilaciones indebidas. El resto de los abogados dej¨® la decisi¨®n a criterio del tribunal.
La fiscal Dolores Delgado tambi¨¦n se opuso a la suspensi¨®n y afirm¨® que no existe ninguna causa de las previstas en la ley. Agreg¨® que tampoco cabe la abstenci¨®n o recusaci¨®n de los magistrados y consider¨® prioritario el dereho a un juicio sin dilaciones.
Tras un breve receso, el tribunal acord¨® reanudar el juicio porque no existe causa legal que justifique la suspensi¨®n; porque las dudas sobre falta de serenidad o imparcialidad en el tribunal deber¨ªan haber sido planteadas como recusaci¨®n, pero se ha renunciado a ella; porque el derecho de los acusados a un juicio sin dilaciones tras dos a?os y medio en prisi¨®n es decididamente prioritario, y porque no existe, a juicio del tribunal, causa legal de abstenci¨®n de los magistrados, ni los abogados est¨¢n facultados para reclamarlas.
El juicio seguir¨¢ hoy con el planteamiento de cuestiones previas. Uno de los acusados, Sigfrido Quintero, para el que el fiscal pide 42 a?os de prisi¨®n, sufri¨® un amago de infarto y fue ingresado en el hospital 12 de Octubre, de Madrid. Quintero fue operado por problemas coronarios a mediados de diciembre y le fueron colocados tres by-pass. Tras el amago de infarto, el forense de la Audiencia recomend¨® su ingreso en un hospital.
Una decisi¨®n 'l¨®gica'
Las asociaciones judiciales consideran que la decisi¨®n de seguir el juicio de la Operaci¨®n Temple es l¨®gica, adecuada y conforme a la ley. El portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, Vicente Magro, explic¨® que no exist¨ªa causa para la suspensi¨®n, ya que los jueces entienden que no se ve afectada su imparcialidad y serenidad. Miguel Carmona, de Jueces para la Democracia, record¨® el derecho al juez predeterminado y entendi¨® que los magistrados han actuado conforme a la ley. Precisamente Jueces para la Democracia hizo p¨²blico un comunicado en el que, tras pronunciarse a favor de la cr¨ªtica a las decisiones judiciales y de la transparencia en el funcionamiento de los poderes p¨²blicos, muestra su preocupaci¨®n por las declaraciones de Mariano Rajoy, que ha presentado a los jueces como un obst¨¢culo para la labor policial. Ello supone una 'inaceptable distorsi¨®n del sistema constitucional y legal'. Esta asociaci¨®n se teme que el intento de criminalizaci¨®n del tribunal puede obedecer a discrepancia de un sector del Ejecutivo por otras decisiones de ese tribunal que no eran de su agrado. Mientras IU consider¨® 'escandaloso' que los jueces contin¨²en con la vista, el PSOE estim¨® correcta la decisi¨®n.
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