El macrojuicio a los 'narcos' arranca con los tres jueces acusados de prevaricaci¨®n

El macrojuicio por la Operaci¨®n Temple, en la que fue desmantelada una organizaci¨®n de narcotr¨¢fico que introdujo en Espa?a 12 toneladas de coca¨ªna, arranca hoy amenazado de suspensi¨®n. Ocurrir¨¢ si la Sala Segunda del Supremo admite a tr¨¢mite la querella de la Fiscal¨ªa contra los tres magistrados que integran el tribunal, Carlos Cez¨®n, Juan Jos¨¦ L¨®pez Ortega y Carlos Ollero, y el Consejo General del Poder Judicial les suspende de sus funciones. Aunque se hubiesen celebrado ya m¨¢s de medio a?o de sesiones, el juicio deber¨ªa ser anulado, pues los magistrados no podr¨ªan dictar sentencia y tampoco podr¨ªan ser sustituidos, porque los nuevos no habr¨ªan visto las pruebas.

El fiscal pide 1.046 a?os de c¨¢rcel para los 37 acusados. Uno de ellos, Carlos Ruiz Santamaria, El Negro o Pelopincho, al que se considera cabecilla de la organizaci¨®n en Espa?a, no se sentar¨¢ en el banquillo pues se fug¨® tras ser excarcelado el pasado 22 de diciembre por decisi¨®n de los tres magistrados que hoy deber¨ªan juzgarle. Esa resoluci¨®n precipit¨® una querella de la fiscal¨ªa general por prevaricaci¨®n contra los tres jueces. La simple admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella, seg¨²n establece la Ley del Poder Judicial, supondr¨ªa la suspensi¨®n de funciones de Carlos Cez¨®n, Juan Jos¨¦ L¨®pez Ortega y Carlos Ollero, que no podr¨ªan seguir al frente del tribunal.

En tal caso, no quedar¨ªa m¨¢s remedio que anular la vista y repetir de nuevo todo el juicio con otros magistrados diferentes, independientemente del coste que ello tuviera, tanto para la Administraci¨®n de Justicia como para los acusados privados de libertad y para los propios letrados, para los que repetir cinco meses de juicio supondr¨ªa un severo quebranto en las finanzas de sus despachos. Y eso sin contar que los letrados de oficio cobran 100.000 pesetas por asistir, en sesiones de m¨¢s de ocho horas diarias, a toda la vista.

El pasado viernes se intentaron buscar soluciones, pero resultaron infructuosas. En la Audiencia Nacional se baraj¨® la posibilidad de sustituir a los magistrados por otros suplentes, integrantes tambi¨¦n de la Secci¨®n Cuarta, pero no es posible. Primero, porque los acusados tienen derecho al juez predeterminado por la ley y el tribunal est¨¢ integrado por estos magistrados, lo que en caso de ser sustituidos sin raz¨®n aparente dar¨ªa lugar a la vulneraci¨®n de derechos fundamentales de los acusados y supondr¨ªa la anulaci¨®n de la vista.

Adem¨¢s, si los magistrados se abstuvieran, implicitamente estar¨ªan reconociendo su culpabilidad, cuando han defendido en todo momento la legalidad jur¨ªdica de la resoluci¨®n que adoptaron en diciembre al poner en libertad con una simple fianza a Carlos El Negro, independientemente de que haya resultado fallida al haber huido el supuesto narcotraficante.

El fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, anunci¨® el viernes que no ha ordenado a la Fiscal¨ªa Antidroga que presente una recusaci¨®n contra los magistrados, si bien cabe la posibilidad de que alguno de los letrados de los 37 procesados la presente. No obstante, en caso de que fueran a hacerlo, deber¨ªan de haberlo hecho ya, puesto que la recusaci¨®n de magistrados tiene un tr¨¢mite muy preciso que obliga a presentarla 'tan pronto como se tenga conocimiento de la causa de recusaci¨®n', seg¨²n la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Ello supone que se rechacen siempre por extempor¨¢neas cuando no se cumple ese requisito. Todo ello hace suponer que el tribunal se constituir¨¢ hoy y que la vista se iniciar¨¢ con normalidad.

Tampoco parece posible que los tres magistrados de la Operaci¨®n Temple decidan suspender o aplazar la vista hasta que el Supremo resuelva la admisi¨®n de la querella, porque estar¨ªan incurriendo en delito de retraso malicioso en la Administraci¨®n de la Justicia, por muy razonables y pr¨¢cticos que fueran sus prop¨®sitos.

La decisi¨®n del Supremo

Todo est¨¢ en manos de la Sala Segunda del Supremo, que ha dispuesto que sean cinco magistrados los que examinen la querella por prevaricaci¨®n dolosa (intencionada) presentada por Cardenal. El Tribunal Supremo suele resolver con calma y nunca adopta resoluciones precipitadas, por lo que no se espera que la decisi¨®n sobre si admite o no a tr¨¢mite la querella se realice de forma inmediata. A modo de ejemplo, la querella contra el juez Javier G¨®mez de Lia?o tard¨® m¨¢s de cinco meses en ser admitida a tr¨¢mite.

Si fuera admitida la querella, el Supremo deber¨ªa informar al Consejo General del Poder Judicial para que, a los efectos del art¨ªculo 383 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, ¨¦ste organismo suspenda en sus funciones a los jueces. Adem¨¢s. el alto tribunal deber¨ªa decidir, en caso de pronunciarse sobre la admisi¨®n a tr¨¢mite, el tipo de procedimiento que abre, si abreviado o sumario, atendiendo a la duraci¨®n de las penas previstas para el delito de prevaricaci¨®n.

En el caso Lia?o, el precedente m¨¢s pr¨®ximo de una querella por prevaricaci¨®n, el Tribunal Supremo opt¨® por abrir sumario, por lo que la suspensi¨®n del entonces juez de la Audiencia Nacional no se produjo hasta despu¨¦s de que fue procesado.

En la querella presentada ahora contra los tres magistrados de la Operaci¨®n Temple, el fiscal insta ya la suspensi¨®n inmediata tras la admisi¨®n de la querella, pero ha previsto tambi¨¦n la otra posibilidad y ha solicitado -antes de la admisi¨®n de la querella y de o¨ªr a los magistrados querellados- el procesamiento de Cez¨®n, L¨®pez Ortega y Ollero, lo que evidencia que su verdadero objetivo es conseguir la suspensi¨®n de los jueces y apartarles de la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional.