'Se usa suelo p¨²blico para salvar cuentas'

Pendiente de la aprobaci¨®n de la primera Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica auton¨®mica, Josefina Cruz (Huelva, 1949) lamenta que las administraciones, no s¨®lo los ayuntamientos, se valgan de sus patrimonios de suelo para obtener ingresos con los que cerrar sus cuentas de resultados y que este criterio economicista reste oportunidades para dotar a las ciudades de equipamientos necesarios.

Pregunta. ?Por qu¨¦ a¨²n no se ha aprobado la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica cuyo borrador ya estaba redactado hace tres a?os?

'Hay que resolver de forma prioritaria el conflicto entre agua, turismo y agricultura'

'Si los ayuntamientos incumplen, deben dirimir los tribunales y las urnas, no la Junta'

Respuesta. Hab¨ªa un texto ya en 1999, pero el cambio de legislatura y en la direcci¨®n pol¨ªtica de la Consejer¨ªa requiri¨® un proceso de maduraci¨®n. Desde mayo del a?o pasado la tramitaci¨®n ha ido r¨¢pida. Tambi¨¦n hubo una modificaci¨®n de una ley estatal que impugnamos en el Constitucional, lo que provoc¨® un reajuste del texto. Estamos pendientes del dictamen del Consejo Consultivo, ya ha pasado por el Consejo Econ¨®mico y Social y la FAMP, es una ley con 226 art¨ªculos, compleja, que tambi¨¦n afecta a las consejer¨ªas de Cultura, Medio Ambiente y Turismo, y sobre la que deben pronunciarse muchas instancias. Cuando est¨¦ el dictamen, el Consejo de Gobierno la remitir¨¢ al Parlamento y esperamos que sea aprobada en este a?o.

P. ?Qu¨¦ cambios debe producir la ley en la gesti¨®n del urbanismo en Andaluc¨ªa?

R. La ley es continuista en la defensa de la funci¨®n p¨²blica del urbanismo, algo que ahora mismo est¨¢ en cuesti¨®n por el gobierno del PP. Debe aportar transparencia en los procedimientos urban¨ªsticos. Por ejemplo, introduce cuestiones como la regulaci¨®n de los convenios urban¨ªsticos. Tambi¨¦n dota instrumentos para el fortalecimiento de las actividades en la ciudad ya existente. Hay muchas cosas que estaban en la legislaci¨®n actual, el problema es el uso que se ha hecho.

P. Tambi¨¦n quedar¨¢n por fin claramente definidas las competencias de la Junta

R. Hay quien dice que la ley es intervencionista, y quienes dicen que la administraci¨®n auton¨®mica debe intervenir m¨¢s. Las principales competencias de la Junta son la de legislar y el control de la legalidad de lo que los ayuntamientos plantean, que tienen amplias competencias. Nosotros no somos superiores jer¨¢rquicos de los ayuntamientos, cada uno tiene sus propias competencias, y normalmente los litigios entre ambos se resuelven en los tribunales. Otra cosa es que tarden m¨¢s o menos. Cuando se habla de retirar competencias a los ayuntamientos hay que aclarar que se trata de competencias de orden menor que se cedieron por un decreto auton¨®mico de 1994, pero en la nueva ley esas competencias ya son de los ayuntamientos. Siempre hay situaciones excepcionales, pero con este decreto y sin este decreto. La ley apuesta por la cooperaci¨®n con los ayuntamientos, entendiendo que son administraciones p¨²blicas y que por tanto est¨¢n en la defensa del inter¨¦s general.

P. Ha sido muy frecuente que se pida la intervenci¨®n de la Junta ante determinadas actuaciones municipales.

R. Nosotros tenemos que partir del planteamiento de que los ayuntamientos son los primeros interesados en la defensa del inter¨¦s general en las ciudades. Si eso falla, es una cuesti¨®n que tiene que dirimirse en las urnas. Si un ayuntamiento no respeta su propia legalidad, nosotros planteamos la cuesti¨®n en los tribunales, pero no tenemos porque tener competencias para entrar directamente. Pong¨¢monos en otro caso, que la Junta est¨¦ actuando mal en algunos asuntos de su competencia y tuviera que llegar el ministro del ramo a corregir. S¨ª reconozco que a veces la impotencia ante algunas actuaciones municipales provoca que se mire a la Junta para que nosotros corrijamos, pero no tenemos instrumentos directos para parar una obra con licencia municipal.

P. ?Son respetuosos los ayuntamientos con sus normas urban¨ªsticas?

R. Son m¨¢s o menos respetuosos, lo que ocurre es que los ayuntamientos est¨¢n muy presionados por los resultados a corto plazo en la gesti¨®n, tienen problemas de financiaci¨®n general, y el urbanismo es una buena fuente de ingresos. La pol¨ªtica de suelo tiene que establecerse a medio plazo, pero electoralmente las decisiones a medio plazo son menos rentables. Hay decisiones que hoy dan un beneficio, pero que dentro de cinco a?os crean en realidad m¨¢s costes, por los servicios que se tienen que prestar a las nuevas urbanizaciones, y los ayuntamientos ya lo est¨¢n entendiendo as¨ª.

P. ?Permitir¨¢ la nueva ley, como esperan algunos alcaldes, que los ingresos por venta de suelo puedan destinarse a inversiones ordinarias de los ayuntamientos?

R. La ley desarrolla unos criterios sobre las finalidades que tiene que tener el patrimonio municipal de suelo, pero no va a permitir ese destino, ni a inversiones ordinarias ni a otra cosa, s¨®lo a fines vinculados a la actividad urban¨ªstica, y dentro de ellos preferentemente para la promoci¨®n de viviendas p¨²blicas.

P. En un reciente art¨ªculo lamentaba que las ciudades est¨¢n perdiendo oportunidades para su reequilibrio porque destinan todos los suelos en desuso a la construcci¨®n de vivierndas.

R. Yo no digo que todo el suelo p¨²blico que quede sin funci¨®n tenga que ir a parques, estoy diciendo que se piense globalmente. Primero hay que atender los intereses p¨²blicos, y despu¨¦s que haya tambi¨¦n usos lucrativos porque la Administraci¨®n no es rica. Pero creo que se est¨¢ atendiendo m¨¢s al inter¨¦s de resolver una cuenta de resultados. Si hay que ir a presupuestos de d¨¦ficit cero, si cada administraci¨®n tiene que atender y resolver su gesti¨®n con sus propios recursos, si por ejemplo hace falta vender un cuartel en desuso para que el ministerio correspondiente pueda cerrar sus presupuestos, no queda m¨¢s remedio que meter siete plantas en vez de tres. Estamos en una liberalizaci¨®n absoluta del comportamiento de los entes p¨²blicos.

P. ?Cree que la soluci¨®n a los problemas urban¨ªsticos del litoral pasa por medidas restrictivas como las moratorias?

R. B¨¢sicamente, las competencias de la Junta en la ordenaci¨®n del territorio est¨¢ en los planes subregionales, donde podemos establecer criterios, pero queremos buscar el consenso con los ayuntamientos y eso significa tiempo. A veces se nos acusa de que se nos va la vida en esos procesos y que cuando ponemos los criterios la ocupaci¨®n litroal est¨¢ terminada. Yo tengo la instrucci¨®n de acelerar estos planes, especialmente en el litoral. La nueva Ley del Suelo prev¨¦ que cuando se formule uno de estos planes, se puedan tomar algunas decisiones con respecto a las modificaciones de planeamiento que se pudieran tomar en ese ¨¢mbito. Ser¨ªa similar a cuando un Ayuntamiento decide suspender la concesi¨®n de licencias de obras mientras tramita un plan general. No es una moratoria, pero s¨ª un instrumento de compatibilizaci¨®n.

P. La Costa del Sol Occidental todav¨ªa no tiene formulado un plan, pese a que es la franja litoral m¨¢s colmatada.

R. Tengo m¨¢s preocupaci¨®n por aquellas zonas donde hay capacidad de ordenar como el Levante de Almer¨ªa, Costa Occidental de Huelva, C¨¢diz, Granada y Costa del Sol Oriental, m¨¢s que otras donde la colmataci¨®n es un hecho. S¨ª es cierto que en la Costa del Sol Occidental hay que intervenir porque no va a quedar reserva de suelo para las infraestructuras, pero en otras zonas hay un conflicto entre agua, turismo y agricultura que hay que resolver de forma prioritaria.

P. ?Qu¨¦ opina de actuaciones como el derribo del Gran Hotel Atlanterra?

R. Creo que ha estado envuelta de una campa?a propagand¨ªstica desproporcionada. Todos somos responsables de actuaciones poco respetuosas con el litoral, pero es un poco de desfachatez que el PP tome la bandera de que est¨¢ recuperando el litoral de Andaluc¨ªa. Ese hotel estaba en dominio p¨²blico, hab¨ªa que tomar esta medida y es magn¨ªfico, pero ya se ha hecho otras veces y no se le ha dado esta propaganda. El PP deber¨ªa dar instrucciones a sus propios alcaldes sobre las actuaciones para proteger el litroral.