Servicios de investigaci¨®n criminal de EE UU podr¨¢n actuar en Espa?a con el nuevo convenio

Agentes de los servicios militares de investigaci¨®n criminal de Estados Unidos podr¨¢n residir en Espa?a y recabar informaci¨®n de la polic¨ªa o incluso participar en operaciones, si lo hacen en compa?¨ªa y bajo la responsabilidad de sus hom¨®logos espa?oles. Esta novedad derivada de la revisi¨®n del acuerdo de defensa hispano-estadounidense de 1988 aprobada ayer por el Consejo de Ministros se aplicar¨¢, seg¨²n el ¨¢mbito del propio convenio, a la protecci¨®n del personal americano en Espa?a. La cooperaci¨®n antiterrorista entre los dos pa¨ªses es un campo m¨¢s amplio y va por otros derroteros.

El art¨ªculo 12 del Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperaci¨®n para la defensa entre Espa?a y EE UU, que ser¨¢ firmado el mi¨¦rcoles en Madrid por el ministro espa?ol de Exteriores, Josep Piqu¨¦, y su hom¨®logo norteamericano, Colin Powell, establece, en efecto, que 'el Servicio de Investigaci¨®n Criminal Naval de Estados Unidos y la Oficina de Investigaci¨®n Especial de la Fuerza A¨¦rea podr¨¢n mantener personal en Espa?a' para que act¨²en en conjunci¨®n con el Cesid y con los servicios hom¨®logos de la Marina y la aviaci¨®n militar espa?ola, a fin de 'llevar a cabo investigaciones que afecten a personal americano en Espa?a'.

Este art¨ªculo se enmarca en el cap¨ªtulo relativo a protecci¨®n de las fuerzas, que ha sido el m¨¢s conflictivo de la negociaci¨®n por sus implicaciones en temas sensibles de la soberan¨ªa -qui¨¦n y c¨®mo garantiza la seguridad del personal estadonunidense en Espa?a- y tambi¨¦n porque ha sido el ¨²ltimo planteado. La delegaci¨®n norteamericana no introdujo este problema hasta el pasado mes de diciembre, transcurridos m¨¢s de ocho meses del inicio de las conversaciones, y tres meses despu¨¦s de que la seguridad se convirtiera en preocupaci¨®n primordial como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre.

El ataque de Yemen

La protecci¨®n de sus medios militares en el extranjero es, sin embargo, un empe?o de Estados Unidos desde que el destructor US Cole fue atacado en Yemen en octubre de 2000. En ese sentido, el contenido del art¨ªculo 12 responde a una instrucci¨®n general del Pent¨¢gono que querr¨ªa introducirla en todos los acuerdos de defensa que tiene con distintos pa¨ªses. La cooperaci¨®n para protecci¨®n de las fuerzas estadounidenses era, seg¨²n fuentes diplom¨¢ticas, ya desde hace meses un hecho en Espa?a, que se ha institucionalizado ahora con motivo de la revisi¨®n del convenio.

El protocolo de enmienda establece los principios ya enunciados, que deber¨¢n ser desarrollados en normas reguladoras acordadas por las partes.

El concepto de 'personal americano' que limita el ¨¢mbito de las operaciones en las que pueden intervenir los servicios estadounidenses no se refiere s¨®lo a la protecci¨®n del personal militar, ya que, seg¨²n el art¨ªculo 4 del Protocolo, la aplicaci¨®n del convenio de 1988 se extiende ahora 'a todos los miembros de la fuerza, al elemento civil y a las personas dependientes que se encuentren en Espa?a en relaci¨®n con sus deberes oficiales'.

La hip¨®tesis b¨¢sica ser¨ªa un riesgo de atentado contra alg¨²n funcionario o grupo de funcionarios concretos o contra alg¨²n medio militar o instalaci¨®n estadounidense, especialmente fuera de las bases. En tales casos, indican fuentes diplom¨¢ticas, los servicios de inteligencia americanos destacados en Espa?a se activar¨ªan para recabar informaci¨®n de la polic¨ªa, la Guardia Civil o de otros servicios espa?oles en el lugar oportuno, a fin de evaluar la amenaza y ver el modo de combatirla. Tendr¨¢n que hacer siempre estas gestiones acompa?ados de otros agentes espa?oles de enlace, indican las mismas fuentes.

Los servicios de inteligencia norteamericanos destacados en Espa?a tendr¨¢n sus bases en Rota y en Mor¨®n, seg¨²n el Convenio revisado, pero podr¨¢n actuar en todo el territorio. De hecho, sus preocupaciones se centrar¨¢n, sobre todo, en las tareas de protecci¨®n fuera de esos recintos.

El protocolo permite tambi¨¦n la creaci¨®n de una 'compa?¨ªa de seguridad' estadounidense encargada espec¨ªficamente de las tareas de protecci¨®n, incluida en el l¨ªmite total de fuerzas autorizadas, que se reduce en cuanto a los efectivos estables pero manteniendo invariable el total de fuerzas.

Tambi¨¦n en las tareas de protecci¨®n efectiva el principio b¨¢sico del acuerdo revisado es que la responsabilidad ser¨¢ siempre espa?ola, seg¨²n afirm¨® Piqu¨¦ al presentar el protocolo. Esto quiere decir que la autoridad que pida que se identifique a un espa?ol en un puerto civil donde haya atracado un buque de guerra estadounidense ser¨¢ siempre espa?ola, aunque pueda estar acompa?ada de un soldado norteamericano. La vigilancia eventual de ese buque seguir¨¢ a cargo de la Guardia Civil del Mar, aunque a bordo de la lancha pueda haber soldados estadounidenses.

Josep Piqu¨¦ destac¨® ayer que la declaraci¨®n de principios sobre cooperaci¨®n industrial en defensa aneja al protocolo 's¨®lo la tienen los aliados m¨¢s tradicionales de EE UU, como Canad¨¢, Australia y el Reino Unido, de manera que Espa?a llega con ella a un nivel de entendimiento id¨¦ntico'.