Un ambicioso programa con muchas interrogantes
El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, prometi¨® en enero de 2000 una ley marco para implicar a la iniciativa privada en el ambicioso plan de infraestructuras que el Partido Popular tiene como eje de su pol¨ªtica de inversi¨®n p¨²blica para esta segunda legislatura, y que suscita muchas dudas, tanto en el cumplimiento del calendario y la ejecuci¨®n de los proyectos como en su financiaci¨®n.
Dicho plan incluye proyectos tan emblem¨¢ticos como el AVE que unir¨¢ Madrid con Barcelona y Valencia, o 5.700 nuevos kil¨®metros de carreteras de alta capacidad (autov¨ªas y autopistas) como las de Castilla, la de la Plata, la de Sagunto-Somport o las radiales de Madrid.
Pero el calendario de construcci¨®n de esos proyectos se est¨¢ poniendo en duda, como ocurre en el caso del AVE Madrid-Barcelona, de cuyos plazos oficiales dudan tanto las empresas constructoras como la Administraci¨®n catalana.
La evidencia a¨²n es mayor en el caso de las radiales de Madrid, las autopistas de peaje que desdoblar¨¢n las congestionadas nacionales, y cuyo retraso se ha hecho ya palpable incluso en el BOE.
En cuanto a los fondos, del total previstos para acometer tales obras las distintas administraciones p¨²blicas tendr¨¢n que aportar aproximadamente la mitad, el 32,5% se prev¨¦ que venga de los fondos europeos y el restante 21% corresponder¨¢ a la iniciativa privada.
Pero ese reparto del gasto ya se ha comenzado a poner en duda, en primer lugar por las instancias europeas. No parece claro que Bruselas est¨¦ dispuesto a destinar partidas a obras como el AVE Madrid-Valencia, seg¨²n se reconoc¨ªa recientemente en instancias comunitarias. Adem¨¢s, con la ampliaci¨®n de la Uni¨®n Europea para dar cabida a los antiguos pa¨ªses del Este, a partir de 2006 se reducir¨¢ a la m¨ªnima expresi¨®n el man¨¢ que viene de los fondos comunitarios. Tampoco cabe recurrir a aumentar la participaci¨®n del Estado o el resto de las administraciones p¨²blicas, porque entonces lo que estar¨¢ en peligro ser¨¢ el d¨¦ficit cero, el dogma supremo de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno.
Seg¨²n los expertos, la soluci¨®n s¨®lo pasa o bien por una reducci¨®n del programa o por conceder a¨²n un mayor protagonismo a la iniciativa privada de la que le concede la ley que aprob¨® ayer el Gobierno. ?sa es, el menos, la soluci¨®n de las concesionarias de autopistas que creen que al menos la mitad de los citados 5.700 kil¨®metros de v¨ªas de alta capacidad sean de peaje.
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