El Gobierno aprueba la reforma educativa sin precisar su financiaci¨®n

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer el proyecto de Ley Org¨¢nica de Calidad de la Ense?anza (LOCE) sin se?alar su coste ni los recursos que destinar¨¢ a esta reforma y sin fijar una financiaci¨®n espec¨ªfica para desarrollarla. La ministra de Educaci¨®n, Pilar del Castillo, se?al¨® que la financiaci¨®n se determinar¨¢ en la reuni¨®n anual del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, un organismo con representaci¨®n de las comunidades y del Ejecutivo central. Los gobiernos vascos y andaluz criticaron esta dilaci¨®n. Con esta reforma, la mayor desde 1990, el Ejecutivo pretende dar un vuelco al sistema educativo no universitario.

La ministra justific¨® as¨ª la ausencia de una memoria econ¨®mica que acompa?e a este proyecto de ley: 'Con el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, los gastos adicionales de las comunidades aut¨®nomas -que tienen todas transferidas las competencias educativas- ser¨¢n evaluados en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera'. Seg¨²n dijo, 'los gastos adicionales que impliquen esta ley ser¨¢n evaluados anualmente' en este consejo.

El nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, 'aprobado por unanimidad por todas las comunidades en julio de 2001, ya recoge en s¨ª mismo un procedimiento para que ¨¦stas puedan asumir las obligaciones de gasto que surjan como consecuencia de la aprobaci¨®n de reformas como la del sistema educativo', insisti¨® la ministra.

En el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera tiene mayor¨ªa el Gobierno. Seg¨²n expertos consultados, este consejo acuerda el sistema de distribuci¨®n de los recursos entre las comunidades, pero no fija la cuant¨ªa que se debe destinar a una ley. Al contrario que esta reforma, el proyecto de la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU) aprobado por el Gobierno hace justo un a?o, tambi¨¦n en pleno verano, iba acompa?ado de una memoria econ¨®mica, que financiaba la agencia nacional de evaluaci¨®n y el sistema nacional de habilitaci¨®n del profesorado.

De hecho, a pesar de que la ministra no lo haya hecho p¨²blico, el Ministerio de Educaci¨®n s¨ª ha elaborado una memoria econ¨®mica de la Ley de Calidad , que ha sido ya analizada por Hacienda. En ella se calcula que el coste de esta reforma es de 90 millones de euros anuales y se estima que ser¨¢n necesarios s¨®lo 2.800 profesores nuevos para ponerla en marcha. Otros pa¨ªses que han anunciado reformas educativas han se?alado previamente la financiaci¨®n que destinar¨¢n a ellas: el Gobierno brit¨¢nico, 20.000 millones de euros anuales y EE UU, 30.000.

Autonom¨ªas indignadas

Algunas comunidades aut¨®nomas manifestaron ayer su asombro e indignaci¨®n ante la circunstancia de que el Gobierno aprobara el proyecto de Ley de Calidad sin financiaci¨®n. Seg¨²n la consejera de Educaci¨®n de Andaluc¨ªa, C¨¢ndida Mart¨ªnez, 'es una irresponsabilidad hacer una ley sin decir lo que cuesta y qu¨¦ dinero va a invertir el Gobierno en mejorar la calidad de la ense?anza. Y es absurdo remitirse al Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera porque lo l¨®gico es decir el coste de una reforma y luego negociarla con los mecanismos establecidos'. 'El Ejecutivo ha escondido la memoria econ¨®mica porque en ella se est¨¢ favoreciendo a la educaci¨®n privada frente a la p¨²blica', considera Mart¨ªnez.

La consejera vasca de Educaci¨®n, Anjeles Iztueta, manifestaba ayer su perplejidad: 'No se mejora nada sin una previsi¨®n presupuestaria y sin inyectar grandes cantidades de dinero a la educaci¨®n. El gasto en Educaci¨®n del Gobierno espa?ol es muy bajo, mientras el Gobierno Vasco hace una apuesta al dedicarle el 30% de su presupuesto'.

Los nacionalistas catalanes emitieron opiniones contrapuestas, informa J. M. Mart¨ª Font. Mientras la consejera de Ense?anza, Carme-Laura Gil, que en un primer momento hab¨ªa calificado de 'irrisoria' la dotaci¨®n prevista por el Gobierno del PP para la aplicaci¨®n de la ley, ayer se mostraba favorable a ciertos aspectos de la ley, asegurando que Del Castillo se hab¨ªa dejado influir por 'elementos progresistas'. En cambio, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, anunci¨® ayer que la federaci¨®n nacionalista presentar¨¢ un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Calidad porque 'invade claramente las competencias de las instituciones de autogobierno catalanas'. Dur¨¢n record¨® que esta misma semana han acordado recurrir tambi¨¦n la Ley de FP ante el Constitucional.

Respecto de la financiaci¨®n de una de las medidas m¨¢s caras de la ley -la gratuidad a partir de su entrada en vigor de la educaci¨®n Infantil (3 a 6 a?os) en los centros privados concertados-, la ministra se?al¨® que 'las comunidades aut¨®nomas tendr¨¢n que decidir c¨®mo gestionan este principio'

y resalt¨® que algunas comunidades ya est¨¢n financiando esos centros al 100%. Son: Baleares, Catalu?a, La Rioja, Navarra y el Pa¨ªs Vasco.

Este proyecto de ley ser¨¢ remitido a las Cortes para su tramitaci¨®n parlamentaria a partir de septiembre y se prev¨¦ que las primeras medidas entrar¨¢n en vigor a partir del curso 2003-2004. El calendario de aplicaci¨®n 'no podr¨¢ tener un ¨¢mbito superior a los cinco a?os a partir de la entrada en vigor de la misma', seg¨²n se?ala el proyecto, que a?ade que la entrada en vigor se producir¨¢ a los 20 d¨ªas de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial de Estado.