El debate territorial

UNA VEZ SUPERADO EL REFER?NDUM del segundo Tratado de Roma, la agenda de la vida p¨²blica espa?ola trasladar¨¢ el debate sobre la distribuci¨®n territorial del poder -dise?ada en c¨ªrculos conc¨¦ntricos- desde el ¨¢mbito europeo hasta el marco estatal. Por lo pronto, las elecciones convocadas el lunes por el lehendakari Ibarretxe para el 17 de abril girar¨¢n en torno al proyecto de nuevo estatuto vasco que el Congreso rechaz¨® a comienzos de mes; la anunciada conclusi¨®n antes del verano de la ponencia sobre la reforma del Estatuto de Catalu?a y los trabajos de otras 10 comunidades en id¨¦ntico sentido revisionista ocupar¨¢n sin soluci¨®n de continuidad el escenario pol¨ªtico.

En sinton¨ªa con esas prioridades, Rajoy pidi¨® el pasado martes ante el grupo parlamentario del PP la celebraci¨®n urgente del debate del Estado de las Autonom¨ªas que el presidente del Gobierno se comprometi¨® a convocar -con ocasi¨®n de su comparecencia ante el primer pleno del Senado en esta legislatura- tras el largo periodo de abstinencia impuesta por su predecesor; la presencia de Zapatero en la sesi¨®n de control al Gobierno de esta semana confirm¨®, por lo dem¨¢s, su voluntad de rescatar de la marginalidad a la C¨¢mara alta de las Cortes Generales. Aunque el debate ya ritual sobre el estado de la naci¨®n en el Congreso dispute al Pleno senatorial la preferencia en el calendario, el recordatorio de Rajoy est¨¢ cargado de sentido: tras meses de incoherente y a veces cacof¨®nica discusi¨®n en torno a las eventuales reformas estatutarias, parece llegada la hora de que el Gobierno precise con detalle y concreci¨®n el alcance de los dos requisitos exigidos por su presidente a cualquier propuesta de revisi¨®n estatutaria: el respeto al marco constitucional y un alto grado de consenso pol¨ªtico y social.

El PP reclama la celebraci¨®n del debate en el Senado sobre el Estado de las autonom¨ªas y pide al Gobierno mayores precisiones acerca de los requisitos exigidos por el PSOE a las reformas de los estatutos

?No excluir¨ªa la conformidad con la Constituci¨®n el pretendido desplazamiento del actual Estado de las Autonom¨ªas por un Estado plurinacional de naturaleza jur¨ªdico-pol¨ªtica diferente? ?El consenso absolutamente conveniente del PP a las reformas estatutarias -como acordaron Zapatero y Rajoy el 14 de enero- no ser¨ªa pol¨ªticamente vinculante aunque fuese prescindible parlamentrariamente? El sordo encontronazo entre el ministro Sevilla y algunos dirigentes del PSC a prop¨®sito del Estatuto catal¨¢n- ?cabe poner en duda el derecho del titular de la cartera de Administraciones P¨²blicas a pronunciarse sobre las materias?- muestra que el desconcierto ha llegado a la propia casa socialista. En cualquier caso, la "m¨¢xima receptividad" de Zapatero a una reforma consensuada del Estatuto en Catalu?a, reiterada el mi¨¦rcoles en el Congreso, no deber¨ªa llevar a la absurda conclusi¨®n de que su Parlamento tendr¨ªa barra libre mientras que las Cortes s¨®lo ser¨ªan un comensal invitado gratis a degustar el plato de lentejas sin posibilidad siquiera de rechazarlo.

No se trata s¨®lo de que las reformas estatutarias no puedan desbordar el marco constitucional. Adem¨¢s, el Estado de las Autonom¨ªas es una estructura formada por 17 comunidades que mantienen entre s¨ª relaciones de interacci¨®n y dependencia; la pretendida insularidad del ¨¢mbito de decisi¨®n vasco o catal¨¢n no ser¨ªa un corte unilateral de puentes con el m¨ªtico Madrid del Estado centralista de la Restauraci¨®n y del franquismo, sino con los derechos, los derechos y los intereses de las restantes autonom¨ªas. La privilegiada alteraci¨®n de la distribuci¨®n de competencias entre la Administraci¨®n general y una comunidad aut¨®noma particular romper¨ªa los delicados equilibros que han hecho posible el vasto proceso de descentralizaci¨®n pol¨ªtica iniciado en 1979. Y si los derechos hist¨®ricos amparados por la Disposici¨®n Adicional Primera de la Constituci¨®n son la herramienta elegida por el plan Ibarretxe para promover el vaciamiento competencial del Estado de las Autonom¨ªas en favor del Pa¨ªs Vasco, id¨¦ntico papel de ganz¨²a podr¨ªa desempe?ar en Catalu?a la abusiva utilizaci¨®n del art¨ªculo 150.2, que posibilita ciertamente la transferencia o delegaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas mediante ley org¨¢nica de facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, pero que no obliga a realizarlas ni da derecho a obtenerlas.