Peces-Barba insta al fiscal a que solicite que los terroristas no vivan cerca de sus v¨ªctimas

El alto comisionado de Apoyo a las V¨ªctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, envi¨® el 5 de diciembre sendas cartas al ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, y al fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, para trasladarles "la conveniencia de insistir ante los ¨®rganos jurisdiccionales competentes" que los jueces apliquen el art¨ªculo 48 del C¨®digo Penal, para que "los autores y c¨®mplices de terrorismo" no puedan residir o acudir al lugar en el que hayan cometido el delito o resida la v¨ªctima o su familia durante un m¨¢ximo de 10 a?os despu¨¦s de que salgan de la c¨¢rcel.

En la misiva al ministro de Justicia, Peces-Barba le traslada su "preocupaci¨®n" con una situaci¨®n "que est¨¢ afectando a algunas v¨ªctimas del terrorismo, pero que resulta de inter¨¦s para todo el colectivo de afectados".

El alto comisionado explica en las dos cartas, aunque con distinta redacci¨®n, que se refiere a la "indeseable proximidad f¨ªsica" de los autores y c¨®mplices de los atentados a las v¨ªctimas del terrorismo. Precisa que han detectado que algunas de las personas que ya han cumplido penas privativas de libertad por terrorismo "se han instalado o desarrollan sus actividades diarias muy pr¨®ximas a las v¨ªctimas de estos delitos". "Podr¨¢s imaginar", contin¨²a la carta dirigida al ministro, "que estas relaciones de vecindad resultan dif¨ªcilmente soportables para los afectados y sus familias". En algunos casos incluso, explica Peces-Barba, las v¨ªctimas se han visto forzadas a abandonar sus domicilios habituales "para evitar tan indeseables encuentros". Seg¨²n el alto comisionado esta situaci¨®n "est¨¢ incidiendo significativamente en sus vidas y, tambi¨¦n, en su recuperaci¨®n psicol¨®gica".

Para evitar esta situaci¨®n, Peces-Barba no solicita ninguna modificaci¨®n legislativa, sino simplemente que se aplique el C¨®digo Penal -los art¨ªculos 48 y 57- que impiden al condenado por homicidio "residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o aqu¨¦l en que resida la v¨ªctima o su familia, si fueren distintos", y proh¨ªbe aproximarse o comunicarse con la v¨ªctima o sus familiares.

Penas privativas de derechos

En la carta remitida al fiscal general del Estado, Peces-Barba reitera su preocupaci¨®n y su petici¨®n: "Me gustar¨ªa trasladarle la conveniencia de insistir ante los ¨®rganos jurisdiccionales que resulten competentes sobre la adopci¨®n de penas privativas de derechos a los autores y c¨®mplices de delitos de terrorismo", y cita las recogidas en el art¨ªculo 48.

Peces-Barba afirma que, dada la "eficacia y seriedad con la que el Ministerio Fiscal desarrolla sus funciones", est¨¢ "seguro" de que la "preocupaci¨®n" que les traslada "ya es asumida" por sus representantes. No obstante, considera "oportuno y necesario que se extremen todas las actuaciones que sirvan para proteger mejor a las v¨ªctimas del terrorismo". Finalmente, fundamenta su "insistencia" en la carta dirigida a Conde-Pumpido en el "especial inter¨¦s" que tiene sobre el problema.

Uno de los casos en los que una persona v¨ªctima del terrorismo -pues mataron a su marido- y el autor del crimen conviven diariamente en el mismo edificio fue publicado por este peri¨®dico el 4 de diciembre. Al d¨ªa siguiente, Peces-Barba envi¨® las cartas al Gobierno y a la Fiscal¨ªa General del Estado. La historia de convivencia entre v¨ªctima y verdugo en el Pa¨ªs Vasco que preocupa a Peces-Barba se concret¨® hace unos meses en la persona de Kandido Azpiazu, condenado por matar a tiros en 1980 a Ram¨®n Baglietto, propietario de una tienda de muebles y ex concejal de UCD, quien le hab¨ªa salvado 18 a?os antes de morir atropellado por un cami¨®n.

El etarra, condenado a 49 a?os y dos meses de prisi¨®n, sali¨® de la c¨¢rcel en libertad condicional en 1995, apenas 15 a?os despu¨¦s. En abril de ese a?o compr¨® la cristaler¨ªa en los bajos del edificio de Azkoitia (Guip¨²zcoa) donde vive la viuda de Baglietto, Pilar El¨ªas, actual concejal del PP. La v¨ªctima tiene que pasar todos los d¨ªas delante de la tienda de quien destroz¨® su vida. "No me puedo creer que el asesino de mi marido haya sido capaz de poner el local a su nombre cuando ni siquiera nos ha pagado a m¨ª y a mis hijos la indemnizaci¨®n a la que fue condenado", declar¨® a principios de diciembre a este peri¨®dico.

El¨ªas se refiere tambi¨¦n a otro de los problemas a los que se enfrentan las v¨ªctimas del terrorismo: la dificultad de que los terroristas paguen la indemnizaci¨®n econ¨®mica a la que son condenados. Desde la aprobaci¨®n de la Ley de Solidaridad, el 8 de octubre de 1999, el Estado adelanta el pago de estas cantidades y despu¨¦s, una vez que hay una sentencia firme, inicia los tr¨¢mites para que los terroristas le devuelvan el dinero. Sin embargo, pocas veces lo consigue porque el condenado se declara insolvente.

Fuentes del Alto Comisionado explicaron ayer a EL PA?S que est¨¢n estudiando c¨®mo el Estado puede aumentar su eficacia a la hora de conseguir cobrar las indemnizaciones.