Prisas y urgencias hist¨®ricas

Nos hemos pasado casi dos a?os anunciando la necesidad y la urgencia de aprobar un nuevo Estatut. Un nuevo Estatut como instrumento ¨²til para dar respuesta a los retos que hoy el pa¨ªs debe hacer frente: como las pol¨ªticas de inmigraci¨®n, la mejora y consolidaci¨®n del Estado de bienestar o la posici¨®n de Catalunya en el marco pol¨ªtico europeo. Un instrumento que ser¨¢ ¨²til en la medida en que dispongamos de los recursos necesarios y de las infraestructuras que garanticen la competitividad de nuestra econom¨ªa.

Un texto consensuado por el 90% del Parlament de Catalunya que no ha sido nada f¨¢cil y ha conllevado un laborioso proceso de negociaci¨®n. Ahora, como si la pol¨ªtica espa?ola se hubiera contagiado del frenes¨ª consumidor propio de estas fechas, parece que debemos acordar un Estatut a toda prisa. Si bien un Estatut satisfactorio es urgente para el buen gobierno de Catalunya, un Estatut desnaturalizado es m¨¢s bien prescindible.

Hay quien puede especular con el coste que supondr¨ªa abortar un proceso que ha implicado tantos esfuerzos. Pero tambi¨¦n deber¨ªan tener en cuenta que los catalanes no entender¨ªan que todos estos esfuerzos terminaran con una gran farsa. Por eso es m¨¢s importante que nunca recordar los principios b¨¢sicos del que es el t¨ªtulo m¨¢s importante y controvertido: la financiaci¨®n de la Generalitat.

En primer lugar, no podemos volver a caer en el error de 1979. La jerarqu¨ªa normativa del Estatuto sobre la LOFCA en base a los principios de bilateralidad, proximidad y subsidiariedad debe ser manifiesta. Una bilateralidad que tiene que venir determinada por la relevancia de la Comisi¨®n Mixta de Asuntos Econ¨®micos y Fiscales Estado-Generalitat, que debe canalizar el conjunto de relaciones econ¨®micas y financieras entre las dos Administraciones y tener la potestad de definir y actualizar el modelo a trav¨¦s de acuerdos vinculantes.

Un modelo de financiaci¨®n que comprenda el malogrado hecho diferencial catal¨¢n. No se piden privilegios, sino el reconocimiento y la correcci¨®n de una discriminaci¨®n hist¨®rica e injustificada. Un hecho diferencial que se traduce en un esfuerzo fiscal suplementario -en impuestos y peajes no solamente viarios-, un d¨¦ficit fiscal desorbitado que ya ha sido asumido por el mism¨ªsimo Instituto de Estudios Fiscales -aunque no interese publicitarlo- y una insuficiencia acumulada de inversi¨®n p¨²blica del Estado.

Por otro lado, dotarnos de una autonom¨ªa fiscal real. La Agencia Catalana o en aquella en la cual participe en su direcci¨®n, debe asumir la recaudaci¨®n, gesti¨®n, liquidaci¨®n e inspecci¨®n de todos los impuestos soportados en Catalunya as¨ª como disponer de capacidad normativa efectiva.

A diferencia de negociaciones anteriores, la experiencia nos aconseja insistir en un cambio de modelo y no caer en un burdo regateo. Un modelo que sea capaz de introducir una mayor transparencia en la asignaci¨®n de recursos. Determinando el porcentaje de impuestos cedidos atribuibles al Estado en funci¨®n de la valoraci¨®n de los servicios prestados y estableciendo criterios claros de redistribuci¨®n territorial de recursos. Unos cambios que har¨ªan posible salir por vez primera en 23 a?os del "m¨¢s de lo mismo".

Lo que pide Catalunya no son privilegios, es una cuesti¨®n de justicia. El modelo que plantea el nuevo Estatut es democr¨¢tico y de inspiraci¨®n federal y encaja en el esp¨ªritu constitucional. Por eso, cuando escuchamos desde la otra parte negociadora que cualquier cambio propuesto desde Catalunya, otra comunidad aut¨®noma -la que sea- no lo puede aceptar, me pregunto hasta cu¨¢ndo la sociedad catalana ha de ser la ¨²nica altruista del Estado, hasta cu¨¢ndo se nos quiere s¨®lo para pagar y callar.

Josep Huguet i Biosca, dirigente de ERC, es consejero de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat de Catalu?a.