El Tribunal de Cuentas plantea un pulso con el Gobierno en la fiscalizaci¨®n de los Presupuestos

El Tribunal de Cuentas ha decidido realizar una fiscalizaci¨®n que supone un pulso pol¨ªtico con el Ministerio de Econom¨ªa y con el Parlamento. El pleno del tribunal aprob¨® el pasado 27 de febrero, por ocho votos a favor y cinco en contra, una fiscalizaci¨®n de la transparencia en la elaboraci¨®n de los Presupuestos del Estado para 2007. El pasado diciembre, las Cortes rechazaron instar al Gobierno, como ped¨ªa el PP, a que ordenara a Hacienda la entrega al tribunal de documentaci¨®n reclamada por ¨¦ste para examinar la transparencia en la elaboraci¨®n de los Presupuestos para 2006.

La nueva fiscalizaci¨®n ha sido propuesta por el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba, con el apoyo de los dem¨¢s consejeros elegidos a propuesta del PP m¨¢s el de consenso, Javier Medina, y el rechazo de los nombrados a instancias del PSOE, cada uno de los cuales ha dejado constancia de sus discrepancias en un voto particular. Es la primera vez en el actual mandato del tribunal que se produce una fractura en dos bloques. Fuentes parlamentarias interpretan que en la actitud del sector pr¨®ximo al PP hay una voluntad de actuar de forma m¨¢s ofensiva a medida que se acercan periodos electorales y de tomar posiciones ante la votaci¨®n de un nuevo presidente del tribunal, el pr¨®ximo diciembre.

La decisi¨®n de plantear de nuevo una fiscalizaci¨®n sobre la transparencia en la elaboraci¨®n de los Presupuestos, en este caso para 2007, tiene un cierto componente de desaf¨ªo pol¨ªtico, ya que fue planteada respecto a los Presupuestos de 2006 y encontr¨® la negativa del Ministerio de Econom¨ªa -respaldada por la Abogac¨ªa del Estado- a entregar la documentaci¨®n solicitada. El abogado del Estado advirti¨®, en un informe del 29 de junio de 2006, que "la funci¨®n fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se circunscribe a la ejecuci¨®n de los programas de ingresos y gastos p¨²blicos, sin que comprenda la actividad de elaboraci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado por el Gobierno". La Abogac¨ªa del Estado dictamin¨® que la investigaci¨®n que pretend¨ªa el tribunal sobre la transparencia en la elaboraci¨®n del Presupuesto "excede de su funci¨®n fiscalizadora".

Rechazo del Parlamento

El 24 de octubre de 2006, el Tribunal de Cuentas acord¨® informar a las Cortes de la no remisi¨®n por parte del Ministerio de Econom¨ªa de los documentos solicitados, y expres¨® una queja por esa "falta de colaboraci¨®n". Poco despu¨¦s, el 15 de noviembre, el Grupo Popular present¨® una proposici¨®n no de ley para instar al Gobierno a que solicitara a Hacienda la entrega al Tribunal de Cuentas de los documentos que ¨¦ste le requer¨ªa. Pero la Comisi¨®n Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas rechaz¨® el 19 de diciembre, por 15 votos a favor -s¨®lo los del Grupo Popular- y 22 en contra, esa propuesta. En el debate previo, la portavoz del PP, Ana Madrazo, afirm¨® que "nos encontramos con que el Ministerio de Hacienda, ampar¨¢ndose en la interpretaci¨®n estricta y cicatera, a mi juicio, de la normativa aplicable, se niega a colaborar con el Tribunal de Cuentas, neg¨¢ndose a entregar la documentaci¨®n que le ha sido requerida". El portavoz socialista, Vall¨¦s, se pregunt¨® el motivo del "empecinamiento del presidente del tribunal en llevar adelante ese informe [de fiscalizaci¨®n de la elaboraci¨®n de los Presupuesto]" pese a las "dudas jur¨ªdicas y constitucionales" sobre la competencia del tribunal para abordar esa tarea.

El pleno del tribunal ha incluido tambi¨¦n en su programa para 2007 una fiscalizaci¨®n en relaci¨®n con Afinsa que, seg¨²n cinco consejeros, excede de sus competencias. En uno de los votos particulares contra esa decisi¨®n, se advierte de que "se intenta fiscalizar a ¨®rganos y entidades del sector p¨²blico -Ministerio de Econom¨ªa, Banco de Espa?a y Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores- que carecen de todo tipo de competencias en relaci¨®n con la protecci¨®n de los consumidores y usuarios, y actuaciones del Ministerio de Sanidad que no constituyen propiamente actividad econ¨®mico-financiera del sector p¨²blico".