Una juez declara ilegales los parqu¨ªmetros fuera de la M-30

El Ayuntamiento de Madrid recibi¨® ayer un varapalo judicial a cuenta del servicio de estacionamiento regulado (SER). Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 26 de Madrid, fechada el pasado 23 de septiembre, ha declarado "nulo" el decreto del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, que ampli¨® el SER fuera de la M-30 y lo llev¨® a Carabanchel, Fuencarral-El Pardo y Hortaleza (cuya poblaci¨®n suma 622.721 habitantes).

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido recurrir la sentencia

El fallo, que puede ser recurrido, responde a un recurso presentado por el grupo municipal socialista en abril de 2006 y afirma que ni el concejal era el competente para ampliar el ¨¢rea de funcionamiento del SER, ni se sigui¨® el procedimiento adecuado porque ten¨ªa que haberlo regulado el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La nulidad del decreto implica, seg¨²n los socialistas, que tambi¨¦n sean nulos los actos realizados al amparo de esa norma, lo que abarca el cobro por las plazas de aparcamiento o por las multas, y tampoco valdr¨ªan los contratos con las empresas adjudicatarias.

"El fallo nos da la raz¨®n en que el SER no respond¨ªa m¨¢s que a criterios recaudatorios y en que se hizo en contra de la mayor¨ªa de los vecinos", consider¨® ayer el concejal socialista Manuel Garc¨ªa Hierro.La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 26, firmada por la juez Juana Patricia Rivas, justifica su fallo en que la regulaci¨®n del aparcamiento en los nuevos barrios no pod¨ªa ser delegada porque correspond¨ªa al pleno. Por eso, concluye que el concejal de Seguridad no era el competente.

La juez argumenta que regular el estacionamiento presupone que antes existieran "determinadas necesidades que aconsejan la rotaci¨®n del estacionamiento", que deben valorarse en funci¨®n del lugar espec¨ªfico donde est¨¢ previsto implantar el sistema. Por eso, afirma que el acto administrativo de delimitar el ¨¢mbito donde funcione el SER debe considerarse "normativo y, por tanto, de imposible delegaci¨®n". Es decir, un acto que corresponde al pleno.

Reconoce, adem¨¢s, que en todo caso pod¨ªa haberlo sido "el alcalde o la persona en quien ¨¦l delegara quien fijara los l¨ªmites del servicio de estacionamiento regulado, dentro de los l¨ªmites ya existentes". Es decir, los incluidos en la ordenanza.

La sentencia no recoge otro argumento aportado por el concejal Manuel Garc¨ªa Hierro, que plante¨® el recurso. En ¨¦l record¨® que hubo una fuerte oposici¨®n vecinal a la implantaci¨®n del SER en los barrios de fuera de la M-30. De hecho, dicha ampliaci¨®n del servicio a Carabanchel, Hortaleza y Fuencarral-El Pardo se produjo en medio de una verdadera guerra de los vecinos. En esas zonas la indignaci¨®n se demostr¨® a lo largo de varios meses a base de manifestaciones, pintadas sobre las rayas que diferenciaban las plazas de aparcamiento rotatorias de las de residentes, el destrozo de los parqu¨ªmetros y el boicoteo sistem¨¢tico al servicio. Hasta los vigilantes del SER se sintieron amenazados. A¨²n hoy en estos barrios, que no hab¨ªan reclamado la regulaci¨®n de los estacionamientos, como s¨ª hicieron los vecinos de centro, el funcionamiento es irregular, pues no siempre est¨¢n operativos los parqu¨ªmetros.

Por eso, el grupo socialista se mostr¨® ayer muy satisfecho de haber conseguido "defender los derechos de los vecinos" ante los tribunales, en palabras de su portavoz, David Lucas. ?ste explic¨® que este fallo judicial, que no es firme, les permitir¨¢ reclamar tambi¨¦n ante los tribunales, al igual que solicitarlo por la v¨ªa pol¨ªtica, la anulaci¨®n de la ordenanza que regula el SER.

El grupo socialista tiene previsto ahora estudiar las repercusiones jur¨ªdicas de los actos derivados del decreto anulado. Consideran que el cobro de las multas, del uso de las plazas, de las tarjetas de residente, as¨ª como los contratos con las empresas adjudicatarias han sido declarados nulos y, por tanto, eso tendr¨¢ consecuencias jur¨ªdicas para el Consistorio.

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP) tiene ya decidido recurrir el fallo judicial, seg¨²n fuentes municipales, que reconocieron que la sentencia le fue notificada al Consistorio ayer al mediod¨ªa. Estas fuentes consideraron que "los efectos pr¨¢cticos" del fallo judicial ser¨¢n "m¨ªnimos". Seg¨²n argumentan, s¨®lo tendr¨¢ repercusi¨®n sobre aquellos actos posteriores al decreto que hayan sido recurridos, y por tanto no consentidos. Por ejemplo, una multa que no haya sido protestada en plazo no se ver¨ªa afectada, pero s¨ª aquella que todav¨ªa no se haya resuelto.

El equipo de Gallard¨®n, una vez recurrida la sentencia, puede esperar un nuevo fallo judicial o hacer modificaciones en la normativa de acuerdo con los argumentos de la juez como medida cautelar y llevarlas al pleno municipal. Esto es lo que en estos momentos estudian los servicios jur¨ªdicos municipales y la Concejal¨ªa de Movilidad.