Una revoluci¨®n social a medias

En una comunidad con 772.200 mayores de 60 a?os, la cuarta pata del Estado del bienestar a menudo se convierte en la primera. Satisfechas las necesidades b¨¢sicas en educaci¨®n, sanidad y las prestaciones por jubilaci¨®n o desempleo, el bipartito hered¨® un pa¨ªs envejecido y sin pol¨ªtica social definida m¨¢s all¨¢ de los convenios firmados con un pu?ado de asociaciones concretas. "Y eso que el presidente [Manuel Fraga] era del gremio" ironiza estos d¨ªas en los m¨ªtines el vicepresidente Anxo Quintana.

En sus tres a?os y medio de gesti¨®n, Vicepresidencia intent¨® sentar las bases de un servicio gallego que integre residencias, centros de d¨ªa y espacios para enfermos de Alzheimer. Las plazas para mayores se incrementaron en 1.200 hasta las 6.700 y 30 comarcas contar¨¢n en unos meses con centros de d¨ªa. Un servicio de transporte adaptado, "pionero en el mundo", seg¨²n repite la Xunta, ha repartido 44 veh¨ªculos por 130 ayuntamientos para facilitar los desplazamientos a 22.000 personas. Surgieron las galescolas, 84, con 3.916 plazas, en medio de la pol¨¦mica de si a los ni?os de 0 a 3 a?os se les iba a ense?ar el himno gallego.

Y en marzo entrar¨¢ en vigor la ley que crea la tarjeta social, similar a la sanitaria, que asignar¨¢ a cada gallego un profesional de referencia, una especie de m¨¦dico de cabecera, que atienda problemas como la violencia sexista, relativos a la infancia o a cualquier otro caso que requiera la intervenci¨®n de los servicios sociales. "El DNI gallego", se felicit¨® en su d¨ªa Quintana.

Tanto eslogan, la selecci¨®n de personal en el Consorcio de Servicios Sociais, descalificada por los sindicatos, y la continuidad de las fiestas de mayores que ahora anima Superpi?eiro, propiciaron que el PP denunciase "el clientelismo y la utilizaci¨®n partidista de la tercera edad".

"Hubo importantes cambios legislativos, pero faltan medios y personal. Har¨¢n falta cientos de profesionales para que las declaraciones de intenciones de las leyes tengan efectos reales. Pero se avanza: antes los centros de d¨ªa eran cosa de las ciudades y ahora se abren en el rural donde tanto se necesitan", defiende Mar¨ªa Jos¨¦ Redondas, presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales.

Las carencias se notan en la lucha contra la violencia machista, que sigue contando con plantillas exiguas. Como ejemplo, la provincia de Lugo donde, despu¨¦s de que los gobiernos central y auton¨®mico aprobasen sendas normas, un s¨®lo t¨¦cnico atiende la oficina de informaci¨®n a las v¨ªctimas en los juzgados de toda la provincia. Durante el a?o pasado, la violencia machista seg¨® la vida de seis mujeres.

Con todo, la mayor revoluci¨®n lleg¨® de una ley estatal a la que le cuesta arrancar pero que ha facilitado un poco m¨¢s la vida a 50.477 dependientes y a otras tantas familias. Desde los colectivos afectados, se reclama mayor agilidad a las administraciones, y un cambio de baremo, que suavice las condiciones para el acceso de las personas con discapacidad mental.

Ninguna ley o instituci¨®n logr¨® atajar el brote racista que explot¨® a mitad de legislatura, y que mantiene la tensi¨®n entre payos y gitanos en dos barrios de A Coru?a y Pontevedra.