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La diversidad cultural y religiosa es una de las caracter¨ªsticas, y al mismo tiempo, uno de los retos m¨¢s importantes de las sociedades occidentales. El problema no es nuevo. Siempre han existido flujos migratorios provenientes de pa¨ªses con una religi¨®n y cultura distintas. Pero el fen¨®meno de la multiculturalidad adquiere hoy especial complejidad al intensificarse esas corrientes migratorias, lo que deja en evidencia lagunas en la integraci¨®n social de esas minor¨ªas diferentes culturalmente.

Su plena incorporaci¨®n a nuestra sociedad s¨®lo se puede lograr con una reciprocidad de derechos y obligaciones. Resulta imprescindible que las minor¨ªas religiosas y culturales acepten los principios y valores fundamentales en los que se identifican los ciudadanos el Estado anfitri¨®n. Esto no significa admitir como v¨¢lidos los "contratos de integraci¨®n" con los que se pretende exigir una especie de adhesi¨®n expl¨ªcita y previa a costumbres sociales de una tradici¨®n cultural ajena.

Ahora bien, no ser¨¢ posible formar verdaderamente parte de una sociedad si no se respetan sus m¨¢s elementales reglas de juego culturales y constitucionales. Pero el consenso en torno a esos principios exige el abandono determinadas pr¨¢cticas y usos arraigados a veces, aunque tampoco de forma mayoritaria, en las sociedades de origen. Algunas de esas tradiciones —la ablaci¨®n de cl¨ªtoris es el ejemplo m¨¢s evidente— est¨¢n prohibidas por normas jur¨ªdicas. En otros casos, como el uso del velo en las escuelas, la respuesta no es un¨¢nime y deja a¨²n lagunas jur¨ªdicas; v¨¦anse si no la disparidad de reacciones a este problema en pa¨ªses como Francia, Gran Breta?a o el nuestro.

En todo caso, la soluci¨®n pasa por admitir un ejercicio responsable de la libertad del individuo. El canon de medici¨®n ser¨ªa, por tanto, el de una autonom¨ªa personal que no coarte ni imponga formas de conducta, el de una libertad cultural que no atente contra la dignidad que cualquier ser humano tiene m¨¢s all¨¢ de su pertenencia a una comunidad.

Pero la integraci¨®n es tambi¨¦n una responsabilidad de los Estados receptores de flujos migratorios. No pueden eludir sus obligaciones para garantizar a los reci¨¦n llegados unas condiciones de vida y los derechos fundamentales que disfrutan los nacionales. Faltan todav¨ªa prestaciones y derechos que hacer efectivos para que la integridad cultural y religiosa sea una realidad, y de ese modo tambi¨¦n la igualdad real de todos los que compartimos un mismo espacio para la convivencia.

Gerardo Ruiz-Rico es director de la Fundaci¨®n Tres Culturas del Mediterr¨¢neo y catedr¨¢tico de Derecho Constitucional.