"Imaginaci¨®n creativa" o delito permanente de derecho internacional

El instructor del caso por prevaricaci¨®n contra el juez Baltasar Garz¨®n, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, sostiene que fue la "imaginaci¨®n creativa" del juez de la Audiencia la que le llev¨® a declararse competente para investigar los cr¨ªmenes del franquismo, cuarteando as¨ª "principios esenciales del Estado". Pero el derecho y la jurisprudencia internacional de tribunales como el Europeo de Derechos Humanos muestra que Garz¨®n no es, ni mucho menos, el ¨²nico juez que ha restringido la aplicaci¨®n de leyes de amnist¨ªa para juzgar delitos como las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos o el secuestro sistem¨¢tico de ni?os. Otros jueces han interpretado tambi¨¦n que la inexistencia de los responsables de un crimen (por fallecimiento o porque se hallaran en otro pa¨ªs) no exime a la justicia del deber de ofrecer una tutela judicial a las v¨ªctimas

M¨¢s de 30 pa¨ªses se han planteado este debate jur¨ªdico en los ¨²ltimos a?os

Otros jueces han interpretado la ley de forma amplia para tutelar a las v¨ªctimas

M¨¢s de una treintena de Estados se han planteado este debate jur¨ªdico en los ¨²ltimos a?os a la hora de revisar su pasado m¨¢s tr¨¢gico para destapar los cr¨ªmenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus v¨ªctimas y condenar a sus verdugos.

- Los argumentos de Garz¨®n. El 16 de octubre de 2008, el juez Garz¨®n se declara competente para investigar lo que considera un plan sistem¨¢tico de exterminio de rojos por parte de Franco, es decir, un crimen contra la Humanidad. Argumenta que los secuestros con desaparici¨®n de personas -lo que hac¨ªan los falangistas cuando iban a buscar a sus casas a las v¨ªctimas para darles el paseo- son delitos permanentes hasta que no se averig¨¹e su paradero y por tanto, ni prescriben ni pueden ser amparados por una ley de amnist¨ªa. Garz¨®n considera responsables a Franco y a otros 34 generales y ministros y solicita sus certificados de defunci¨®n. Reclama al Ministerio del Interior la identificaci¨®n de los m¨¢ximos dirigentes de Falange entre 1936 y 1951 y autoriza 19 exhumaciones solicitadas por las asociaciones, entre ellas, la de la fosa de Lorca.

- La ley de Amnist¨ªa (1977). El art¨ªculo primero de la ley afirma que quedan amnistiados: "Todos los actos de intencionalidad pol¨ªtica, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al d¨ªa 15 de diciembre de 1976. Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad pol¨ªtica se aprecie adem¨¢s un m¨®vil de restablecimiento de las libertades p¨²blicas o de reivindicaci¨®n de autonom¨ªas de los pueblos de Espa?a. Todos los actos de id¨¦ntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el p¨¢rrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas".

- El Derecho internacional. La desaparici¨®n forzada es un delito de ejecuci¨®n permanente, que sigue cometi¨¦ndose mientras se mantenga la detenci¨®n o desaparici¨®n. As¨ª lo recoge Naciones Unidas en su Declaraci¨®n sobre la protecci¨®n de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por Espa?a: "Todo acto de desaparici¨®n forzosa ser¨¢ considerado delito permanente mientras sus autores contin¨²en ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos". Y as¨ª lo ha aplicado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de restringir leyes de amnist¨ªa cuando se ha ocupado de casos de desapariciones forzadas, por ejemplo cuando confirm¨® en 2009 la condena de la justicia francesa al mauritano Ely Ould Dah por torturas pese a que ¨¦ste no estuvo presente en el proceso y pese a una ley de amnist¨ªa en Mauritania.

- Argentina, Chile y Marruecos. Argentina anul¨® las leyes de Obediencia Debida y Punto final (similares a una amnist¨ªa), juzg¨® y conden¨® a los represores de la dictadura (1976-1983). En Chile, los represores han sido juzgados y condenados. El Gobierno cre¨® una comisi¨®n de investigaci¨®n de los cr¨ªmenes cometidos durante la ¨¦poca de Pinochet. Las primeras excavaciones de fosas comunes comienzan durante la dictadura de Pinochet (1973- 1990), lideradas por la Iglesia. Familiares de m¨¢s de 3.000 ejecutados y de casi 30.000 torturados reciben pensiones econ¨®micas y servicios gratuitos. En Guatemala tambi¨¦n han sido juzgados ex militares por desapariciones forzadas durante la guerra entre 1960 y 1996. El Estado corre con los gastos de las exhumaciones en cementerios clandestinos e indemniza a las v¨ªctimas. Cuenta con el apoyo de la Iglesia.

En Marruecos, el rey Mohamed VI cre¨® el equivalente a una comisi¨®n de la verdad para investigar las desapariciones, detenciones, torturas, violaciones y ejecuciones cometidas entre 1956-1999. La comisi¨®n recomend¨® en sus conclusiones pedir perd¨®n a las v¨ªctimas, que s¨ª fueron indemnizadas. Sur¨¢frica reconoci¨® los terribles cr¨ªmenes en audiencias p¨²blicas. No juzg¨® a los culpables. Estableci¨® medidas de compensaci¨®n econ¨®mica para las v¨ªctimas, dif¨ªciles de cumplir en el contexto de pobreza del pa¨ªs.