La ideolog¨ªa del d¨¦ficit p¨²blico

El reciente acuerdo en el Congreso de los Diputados entre los grupos mayoritarios para buscar la f¨®rmula que permita incluir en nuestra Constituci¨®n alg¨²n tipo de regla que limite el d¨¦ficit p¨²blico ha reavivado el debate sobre las implicaciones de este tipo de limitaciones. En particular, el voto en contra de los grupos a la izquierda del PSOE se apoya en una supuesta connotaci¨®n izquierdista del d¨¦ficit p¨²blico, idea que me propongo rebatir aqu¨ª.

En materia fiscal, la progresividad de un gobierno viene dada b¨¢sicamente por c¨®mo recauda y c¨®mo gasta, y de si la distribuci¨®n real del bienestar, de la renta y de las oportunidades de mejora de los ciudadanos es m¨¢s o menos igualitaria gracias a la acci¨®n p¨²blica. El d¨¦ficit p¨²blico no redistribuye recursos entre individuos con distintos niveles de renta, sino entre distintas generaciones, ya que supone un gasto hoy financiado con cargo a impuestos futuros. Por supuesto, puede haber motivos para incurrir en d¨¦ficit, y entre ellos est¨¢ el de construir infraestructuras que tambi¨¦n quedar¨¢n como beneficio futuro; pero, en un momento en el que muchos j¨®venes se quejan de tener expectativas de bienestar econ¨®mico inferior al que han disfrutado sus padres, no parece que la progresividad del d¨¦ficit p¨²blico as¨ª entendida sea ni mucho menos evidente.

Hace 30 a?os, Reagan cambi¨® la propensi¨®n al gasto de la izquierda por el d¨¦ficit de la derecha

El d¨¦ficit p¨²blico debe seguir teniendo su papel en la gesti¨®n del ciclo econ¨®mico

Es posible que la historia econ¨®mica de una cierta ¨¦poca alentara esa consideraci¨®n progresista del d¨¦ficit, porque tanto en Europa como en Estados Unidos eran los gobiernos de izquierdas los que, a trav¨¦s de su propensi¨®n al gasto social, incurr¨ªan en d¨¦ficit. Pero hace ya 30 a?os que Ronald Reagan cambi¨® esa din¨¢mica, por el simple mecanismo de generar "d¨¦ficit de derecha", recortando impuestos a las rentas altas. Los tambi¨¦n republicanos Bush -padre e hijo- mejoraron la t¨¦cnica y dejaron a sus sucesores dem¨®cratas situaciones presupuestarias envenenadas.

El debate, por tanto, deber¨ªa centrarse en c¨®mo surge el d¨¦ficit y c¨®mo se lucha contra ¨¦l cuando una de las dos partes lo considera excesivo. Porque cabe recordar que el d¨¦ficit es cosa de dos: el que gasta m¨¢s de lo que recauda, y el que financia ese exceso de gasto. Puede que el conjunto de los ciudadanos considere que no es razonable endeudarse m¨¢s, o puede que sean los prestamistas los que no lo consideren razonable y se muestren remisos a financiarnos, lo que no les convierte en culpables porque no deja de ser su dinero el que prestan.

El Gobierno de Espa?a incurri¨® en un fuerte d¨¦ficit al inicio de la crisis por el efecto fundamentalmente de los estabilizadores autom¨¢ticos: menos recaudaci¨®n y m¨¢s gasto en protecci¨®n por desempleo que en conjunto explican el 75% del d¨¦ficit generado. Como su nombre indica, ese d¨¦ficit contribuye a estabilizar la econom¨ªa de manera autom¨¢tica y cuya limitaci¨®n, una vieja aspiraci¨®n del PP ya recogida en su Ley de Estabilidad de 2001, ser¨ªa contraproducente. El otro 25% de d¨¦ficit se debi¨® a pol¨ªticas discrecionales dise?adas para reducir el fuerte impacto de la contracci¨®n sobre la actividad y el empleo: lo permit¨ªa el super¨¢vit acumulado durante los a?os 2005, 2006 y 2007 (los ¨²nicos super¨¢vit en toda la democracia, por cierto), lo aconsejaban los expertos internacionales y seguramente la opini¨®n p¨²blica nacional no hubiese entendido la ausencia de medidas en¨¦rgicas en aquella etapa. Tras esa primera fase, la profundidad de la crisis aconsej¨® reconducir la evoluci¨®n del d¨¦ficit, y las medidas m¨¢s inmediatas para ello van ligadas a la reducci¨®n del gasto. El Gobierno lo ha hecho y ahora son las comunidades aut¨®nomas las que est¨¢n en el centro del debate, porque algunos de sus dirigentes siguen sin asumir las responsabilidades que les corresponden como principal instituci¨®n de gasto del sector p¨²blico espa?ol.

El d¨¦ficit p¨²blico, antes y despu¨¦s de la reforma propuesta, debe seguir teniendo su papel en la gesti¨®n del ciclo econ¨®mico: ya lo ten¨ªa en la vigente Ley de Estabilidad de 2006, y trasladar su contenido a la propia Constituci¨®n puede interpretarse m¨¢s como una salvaguarda de dicho papel que como una amenaza. De hecho, las amenazas reales a la capacidad del Estado para estabilizar la econom¨ªa vienen tanto de los ap¨®stoles del d¨¦ficit cero a toda costa como del traslado inconsciente de cargas al futuro que terminan por hipotecar no solo ese futuro sino la capacidad de gesti¨®n del presente.

Podemos concluir reafirmando el papel de la ideolog¨ªa en la pol¨ªtica econ¨®mica, porque hay maneras diferentes de crecer y de repartir los costes y los beneficios de ese crecimiento. Por ejemplo: el otro gran debate actual acerca de la recuperaci¨®n de alg¨²n tipo de gravamen sobre grandes patrimonios que permita hacer m¨¢s justo el reparto de los costes de la crisis, sin perjudicar nuestro potencial de crecimiento, y frente a medidas como el copago u otros recortes sociales.

Pedro Saura Garc¨ªa es director general de SEPES y profesor de teor¨ªa econ¨®mica de la Universidad de Murcia.