Bot¨ªn deber¨¢ comparecer como acusado ante la Audiencia por el 'caso de las jubilaciones'
El presidente del Grupo Santander se enfrenta a dos penas de seis a?os de prisi¨®n por apropiaci¨®n indebida
La jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado hoy auto de apertura de juicio oral contra el presidente del SCH, Emilio Bot¨ªn, y los ex altos directivos de la entidad Jos¨¦ Mar¨ªa Amus¨¢tegui y Angel Corc¨®stegui, por la concesi¨®n a estos dos ¨²ltimos de pagos econ¨®micos muy elevados cuando abandonaron el banco, tras la fusi¨®n entre el Santander y el Central Hispano.
En el auto, de fecha 26 de abril, la jueza pide que se abra el juicio oral y les imputa a los tres los delitos de apropiaci¨®n indebida y/o de administraci¨®n desleal, por haber concedido a Amus¨¢tegui 56 millones de euros y a Corc¨®stegui 108 millones cuando se fueron de la entidad. Adem¨¢s, impone a Bot¨ªn y Amus¨¢tegui una fianza conjunta de 56,09 millones de euros y otra de 108,1 millones a Bot¨ªn y Corc¨®stegui, tambi¨¦n solidariamente. Teresa Palacios concede a los tres un plazo m¨¢ximo de 24 horas para hacer efectivas las fianzas o proceder¨¢ al embargo de bienes.
Estas cantidades servir¨ªan para resarcir al banco de los perjuicios sufridos si finalmente los tres acusados son encontrados culpables de "retribuciones indebidas que supusieron perjuicio econ¨®mico a los accionistas". Bot¨ªn, Amus¨¢tegui y Corc¨®stegui se enfrentan por este proceso a penas que pueden alcanzar hasta seis a?os de prisi¨®n, en el caso del actual presidente del banco podr¨ªan ser dos las penas, as¨ª como a multas y la posibilidad de inhabilitaci¨®n para administrar sociedades.
La entidad, a la espera
Tras conocer el auto, el Santander se limit¨® a recordar que est¨¢ a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso contra la decisi¨®n de la jueza de cerrar la investigaci¨®n e insisti¨® en la legalidad de esos pagos. Seg¨²n el Consejo de Administraci¨®n, los contratos se ci?eron a la ley y los estatutos, al tiempo que las retribuciones se ajustaron a lo abonado en otras entidades.
Este sumario en la Audiencia Nacional se abri¨® en 2002, tras una querella del accionista Juan Francisco Franco, en la que criticaba las elevadas pensiones concedidas a los ex directivos y se quejaba del perjuicio patrimonial para los accionistas. A la querella se sum¨® el tambi¨¦n accionista Rafael P¨¦rez Escolar.
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