El Supremo tumba las 35 horas para los 70.000 funcionarios vascos

Los funcionarios vascos de la administraci¨®n general se han quedado sin el logro hist¨®rico de las 35 horas. La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, de 20 de diciembre de 2016, que anul¨® el Decreto auton¨®mico que establec¨ªa una jornada de trabajo efectivo de 35 horas semanales para los cerca de 70.000 funcionarios de la administraci¨®n general y del resto del personal al servicio de la administraci¨®n.? El alto tribunal le ha dado la raz¨®n al Gobierno en sus argumentos, al constatar que las comunidades aut¨®nomas no tienen competencias para elevar el gasto p¨²blico en materia de personal a trav¨¦s de la jornada.

Euskadi empez¨® a aplicar las 35 horas en su sector p¨²blico en 2000, pero tuvo que revertir el acuerdo en 2012 tras los ajustes aprobados por el Gobierno de Mario Rajoy. En febrero 2016, con caracter retroactivo desde el principio de ese a?o, se las devolvi¨® en medio de las protestas, tambi¨¦n de la patronal vasca, Confebask, que calific¨® de "mal ejemplo" aquella decisi¨®n del Gobierno de ??igo Urkullu.

A finales de 2016 el Gobierno vasco, en pleno proceso de deshielo con el Gobierno central, y ya con la sentencia del Superior en la mano, inici¨® una batalla pol¨ªtica en el Congreso para lograr suprimir la Disposici¨®n Adicional aprobada por el Gobierno central en Ley 2/2012 de los Presupuestos Generales del Estado, en la que se fijaba la jornada laboral para todos los funcionarios del Estado de 37,5 horas. Sin embargo, esa disposici¨®n sigue vigente. Los sindicatos y el Gobierno estimaron que el coste de bajar de las 37,5 a las 35 horas, en Euskadi, era de unos ocho millones anuales. Sin embargo los funcionarios vascos han seguido disfrutando de la jornada hist¨®rica porque la sentencia del Superior no incorporaba medidas cautelares.

En el caso de Euskadi, el Supremo rechaza el recurso interpuesto por el Pa¨ªs Vasco contra dicha sentencia del Superior vasco y concluye en la misma l¨ªnea, que ¡°las Administraciones P¨²blicas, como es el caso de la Administraci¨®n auton¨®mica de la Comunidad Aut¨®noma de Euskadi aqu¨ª recurrente, al establecer una jornada de trabajo anual para los empleados p¨²blicos a su servicio, deben respetar los l¨ªmites establecidos en la disposici¨®n final septuag¨¦simo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que est¨¢ vigente¡±.

El pasado 15 de diciembre el pleno del Tribunal Constitucional hizo lo propio con la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Junta de Andaluc¨ªa y las 18 horas lectivas semanales para los profesores de esa comunidad aut¨®noma, al entender que la regulaci¨®n de las horas de trabajo es competencia exclusiva del Estado.

El Gobierno vasco cree que nadie en Euskadi va a entender esta decisi¨®n judicial "que se entromete, de lleno, en cuestiones de organizaci¨®n interna de nuestro personal p¨²blico y, menos a¨²n, cuando durante estos 30 a?os de Estatuto de Gernika, nunca se hab¨ªa recurrido a tribunales la jornada laboral de nuestro personal funcionario¡±. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka ha recordado que ¡°este es el en¨¦simo ejemplo de la estrategia de recentralizaci¨®n del Gobierno espa?ol que, bajo pretexto de la crisis econ¨®mica y extralimit¨¢ndose en sus restricciones, se ha metido hasta en nuestra jornada laboral laminando nuestras competencias y acuerdos sindicales¡±.

El sindicato nacionalista, ELA cree que solo en Sanidad, la sentencia va a hacer perder unos 1.500 empleos.

El Decreto anulado fue dictado el 2 de febrero de 2016 por el Departamento de Administraci¨®n P¨²blica y Justicia, y establec¨ªa la jornada de trabajo anual para el a?o 2016 para el Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administraci¨®n de la Comunidad Aut¨®noma del Pa¨ªs Vasco. Fue recurrido por el abogado del Estado, a quien el TSJ vasco estim¨® el recurso, por lo que anul¨® la disposici¨®n. Fue recurrido por el abogado del Estado, a quien el TSJ vasco estim¨® el recurso, por lo que anul¨® la disposici¨®n.