Luchar contra la pobreza con el salario m¨ªnimo
Organizaciones como Cruz Roja o Aldeas Infantiles combaten por un mundo m¨¢s justo mientras pagan sueldos de 735 euros
¡°Un compa?ero siempre comenta que podemos ser usuarios de Cruz Roja [adem¨¢s de empleados] para as¨ª poder pagar la luz¡±. El humor negro de un delegado sindical de UGT para esta ONG resta dramatismo a los sueldos de 764 euros brutos que perciben algunos de sus 11.808 trabajadores. Pero la iron¨ªa revela una realidad sepultada por las grandes cifras de la mayor organizaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro del pa¨ªs: 600 millones de presupuesto anual, 1.300.000 socios y 200.000 voluntarios. El dilema es claro: ?Es l¨ªcito apelar a la moral de los ciudadanos para captarlos como socios mientras se pagan bajos salarios?
Las ONG emplean en Espa?a a 645.000 personas que trabajan para luchar por un mundo m¨¢s justo, el medioambiente y las v¨ªctimas de la pobreza y la violencia. Pero cuando en plena crisis el Gobierno y las comunidades redujeron dr¨¢sticamente sus fondos para el denominado Tercer Sector, que representa el 1,5% del PIB con 14.470 millones en ingresos, algunas de sus 30.000 organizaciones congelaron e incluso redujeron los salarios de sus plantillas. Y hoy estos trabajadores no han notado la recuperaci¨®n. Muchos, incluido el sindicalista antes citado que exige anonimato, tienen miedo a represalias si dan su nombre, aunque algunos se atreven.
Porque al margen de los 3,7 millones de voluntarios que dedican su tiempo libre al altruismo, este ej¨¦rcito de profesionales, desde abogados hasta directores de m¨¢rketing, pasando por conductores y enfermeros, son asalariados que componen la estructura de las ONG. Y su jornada laboral, completa o parcial, sirve para paliar las injusticias. Atender a los 22.419 inmigrantes que llegaron en pateras en 2017, por ejemplo.
La precariedad laboral afecta a un sector ampliamente feminizado (el 78% de los trabajadores son mujeres), de empleados con estudios universitarios (el 71%) y j¨®venes (el 40% menor de 35 a?os). Sin embargo, mientras que las empresas buscan el m¨¢ximo beneficio aunque cubran necesidades sociales externalizadas por el Gobierno, las ONG deben lograr ser sostenibles y equilibrar sus inversiones en funci¨®n de sus ingresos, sin accionistas detr¨¢s que reclamen sus beneficios. De ah¨ª que la metamorfosis y ajustes de algunas de ellas en el ¨²ltimo lustro sean m¨¢s llamativas.
¡°La precariedad est¨¢ latente y es un sector bastante deteriorado al que se le pide un punto de voluntarismo y gran dosis de motivaci¨®n personal, lo que se utiliza para explotar desde contratos inestables a horas extra no remuneradas. El gran conflicto es que muchas organizaciones defienden derechos humanos, entre los que se incluyen los derechos laborales¡±, admite un gestor de diferentes ONG, que pide no ser identificado. Y con tono amargo, explica: ¡°Es una l¨®gica perversa en la que compites por reducir precios y quedarte con servicios que el Estado ha externalizado a costa de los salarios¡±.
Con una tasa de temporalidad que alcanza el 34%, los sueldos reducidos han calado en las ONG a pesar de que existen cinco convenios estatales que deber¨ªan garantizar n¨®minas dignas. ?La raz¨®n? La reforma laboral que el Gobierno aprob¨® en 2012 permite que prevalezca un convenio de empresa sobre el estatal del sector, y los empresarios han aprovechado para exprimir los salarios al m¨¢ximo y mantener las inversiones. Tambi¨¦n las ONG, aunque as¨ª se generen m¨¢s familias necesitadas y un c¨ªrculo vicioso.
Los captadores, al final de la pir¨¢mide
Al final de la pir¨¢mide de sueldos precarios en el Tercer Sector est¨¢n los captadores, esos trabajadores veintea?eros que en las calles peatonales de las ciudades reclutan nuevos socios para las ONG. Su jornada laboral son cuatro horas diarias a cambio de un sueldo que fluct¨²a en funci¨®n de los nuevos miembros que convenzan, entre los 400 y los 950 euros.
Desde que arrecia el viento de la precariedad, la media de edad ha subido y cada vez hay m¨¢s treinta?eros, coinciden varios captadores. El escollo fundamental de estos captadores es la cl¨¢usula que les obliga a un m¨ªnimo de contratos ¡ªentre 18 y 25 al mes¡ª, y que en caso de incumplir puede derivar en su despido.
?ngela Serantes es responsable de Juventud en CC OO Galicia, sindicato que denunci¨® en los tribunales el suelo impuesto de captar 24 socios al mes. ¡°La presi¨®n es constante. Te inculcan el discurso de que vas a salvar vidas parando a la gente y haci¨¦ndoles socios¡±. Serantes trabaj¨® durante cuatro a?os para M¨¦dicos sin Fronteras hasta que entr¨® en el comit¨¦ de empresa como delegada sindical y dos meses despu¨¦s fue despedida por no llegar al m¨ªnimo de socios captados. La ONG responde: ¡°Cuando hay extinciones de contratos no se toma nunca en cuenta la condici¨®n sindical de los trabajadores implicados¡±.
La organizaci¨®n, que ofrece los mejores salarios del mercado a sus captadores propios (el 75% del total) con 938 euros por 20 horas, insiste en que la cl¨¢usula en cuesti¨®n, que exige un m¨ªnimo de 24 contratos al mes, ¡°no es abusiva y est¨¢ dentro de un marco totalmente legal¡±. Los tribunales han dado la raz¨®n a M¨¦dicos sin Fronteras y dos sindicatos han recurrido en segunda instancia.
Fernando Mor¨®n preside la Asociaci¨®n Espa?ola de Fundraising, que aglutina a 120 empresas captadoras y a las ONG que delegan en ellas esta ardua misi¨®n para recibir nuevos fondos privados. ¡°Las ONG no son pozos sin fondo. Todo lo que tiene que ver con rentabilidad suena mal, pero es necesario. Porque si no invierten en obtenci¨®n de recursos, no tienen recursos. No podemos criminalizar lo que tiene que ver con ONG e inversi¨®n¡±, alega.
Mientras, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez, del ¨¢rea de acci¨®n sindical de CC OO, denuncia: ¡°Las condiciones son salvajes y el trabajador, siguiendo las indicaciones de la entidad, depende de un tercero y del factor suerte. Trabajan para ONG con altas normas de ¨¦tica y que se precian de un discurso pre?ado de buenismo, que luego desprecian cuando despiden por no alcanzar unos objetivos¡±.
Cruz Roja Espa?ola por ejemplo aplica hasta 60 convenios laborales diferentes, m¨¢s de uno por provincia, por lo que abona sueldos dispares para los mismos puestos de trabajo. En Teruel una limpiadora de esta organizaci¨®n cobra 765 euros brutos por 36 horas, un auxiliar de transporte 796 euros y un auxiliar de enfermer¨ªa 824 euros, y eso que en enero los salarios subieron un 2,5% despu¨¦s de a?os congelados. El convenio colectivo para los 60 trabajadores en esa provincia caduc¨® en 2008. En Alicante (500 empleados) hay operadoras de telem¨¢rketing de Cruz Roja que cobran 500 euros porque su contrato es de media jornada.
Jos¨¦ Luis Pascual, director de Recursos Humanos de Cruz Roja Espa?ola, defiende que sigue la l¨®gica del mercado: ¡°No estamos inventando los salarios bajos, es una realidad. ?Habr¨ªa que cambiarla? Posiblemente¡±. ?Es posible vivir de manera digna con un sueldo de 800 euros? Silencio. ¡°Resultar¨ªa muy dif¨ªcil poder resolver los aspectos necesarios para vivir (¡). No estoy de acuerdo con que desatendamos los derechos laborales. En muchos casos nuestros salarios mejoran las condiciones del sector¡±, arguye, ya que estima que la mayor¨ªa de sus 60 convenios superan al estatal. El que posee mejores condiciones laborales es, con diferencia, la sede central que aglutina a los directivos, con un tope salarial de 44.568 euros.
Mientras, un auxiliar de oficios en Aldeas Infantiles cobra 735 euros, tal y como refleja su convenio colectivo: SMI (Salario M¨ªnimo Interprofesional). ¡°Solo tenemos a cinco personas en esa categor¨ªa y durante un m¨¢ximo de dos a?os¡±, alega su director de Recursos Humanos, Luis Alberto Ramasco. Esta ONG dispone de 45 millones de presupuesto anual y 1.100 personas contratadas.
La Plataforma del Tercer Sector, que a¨²na a las ONG, lamenta la escasa sensibilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy y las Comunidades Aut¨®nomas, que a pesar de la recuperaci¨®n econ¨®mica han reducido un 23% su aportaci¨®n a la acci¨®n social desde 2016, seg¨²n sus cifras. Las personas necesitadas ascienden a siete millones.
¡°A nosotros no nos ha llegado la remontada de la crisis. Por si fuera poco, la financiaci¨®n privada ha ca¨ªdo un 11% el ¨²ltimo a?o. El Estado rescat¨® a la banca pero no a las personas¡±, censura su presidente, Luciano Poyato, sobre la absorci¨®n de las cajas de ahorro por los bancos, que ha supuesto la desaparici¨®n de numerosas obras sociales. Sobre los bajos sueldos, admite: ¡°?Puede haber una contradicci¨®n? No te digo que no. Pero no nos consideramos generadores de pobreza. El sector vive como puede¡±.
A los bajos salarios se le suma la dispersi¨®n organizativa de las 30.000 ONG que componen el Tercer Sector, ya que el 54% tienen menos de 10 trabajadores y el 30% entre 10 y 49 trabajadores.
El debate de fondo es si el Estado act¨²a de manera correcta al externalizar tantos servicios para combatir la violencia machista o la exclusi¨®n social. El Gobierno aprob¨® en 2015 la Ley del Tercer Sector y mantiene una Comisi¨®n para el Di¨¢logo Civil que se re¨²ne cada trimestre, pero dos a?os y medio despu¨¦s, la ley sigue en pa?ales sin desarrollo normativo. El Ministerio de Sanidad ha rechazado opinar para este reportaje.
La precariedad que sufren los trabajadores del Tercer Sector no se traduce solo en los bajos salarios. ¡°Es una filosof¨ªa de ausencia de cuidados a personas que atienden a v¨ªctimas como refugiados o prostitutas¡±, resume el citado gestor de varias ONG. Esa desatenci¨®n por los empleados incluye, afirma, dificultar la creaci¨®n del comit¨¦ de empresa, ignorar sus jornadas de descanso necesarias debido a los recortes de plantillas, situaciones cr¨ªticas de muchas horas trabajadas con cambios constantes diurnos y nocturnos, falta de reconocimiento de la peligrosidad al tratar por ejemplo con j¨®venes tutelados, nulo respeto a las reacciones emocionales¡
La educadora social Sara Fern¨¢ndez da un ejemplo: ¡°Tengo una amiga a la que han obligado a impartir un taller sobre violencia de g¨¦nero el 8 de marzo [d¨ªa de la huelga]¡±, dice frustrada. Fern¨¢ndez trabaj¨® por 684 euros, a cambio de un contrato de 20 horas y los domingos sin remunerar como d¨ªa festivo. A trav¨¦s de la Asociaci¨®n Centro Trama y para el Ayuntamiento de Getafe. ¡°No me sent¨ª esclavizada, aunque viendo el convenio de intervenci¨®n social, te ves mal pagada. Pecas de ingenua¡±, afirma.
Otra trabajadora que pide anonimato explica un factor a?adido: ¡°Sentimos aut¨¦ntica pasi¨®n por nuestro trabajo y hay una l¨ªnea muy difusa entre tu trabajo, tu activismo y querer cambiar el mundo. Pero por dignidad no puedo permitir que se vulneren mis derechos laborales¡±. Hace a?os esta empleada denunci¨® su despido a magistratura, gan¨® y la organizaci¨®n pag¨® la indemnizaci¨®n por despido improcedente. ¡°?Sabes cu¨¢ntos socios son 16.000 euros de indemnizaci¨®n?¡±, inquiere. Iron¨ªas de la vida, esta ONG ha vuelto a contratarla como aut¨®noma.
La Fundaci¨®n Lealtad audita las cuentas de 181 ONG espa?olas, entre ellas las principales del sector, para ¡°fomentar la confianza de la sociedad en las ONG, la transparencia y las buenas pr¨¢cticas¡±, seg¨²n su p¨¢gina web. Sin embargo, estas ¨²ltimas no incluyen los derechos laborales de los trabajadores de las organizaciones auditadas.
Pero no todo son sombras. Greenpeace Espa?a, con una plantilla de 79 trabajadores, abona sueldos mejores, permite el teletrabajo un d¨ªa a la semana, tiene jornada intensiva y flexibilidad horaria. ¡°La pinza salarial es peque?a¡±, a?ade Sara del R¨ªo, miembro del comit¨¦ de empresa hasta hace poco. Es decir, los sueldos de los directivos y los peones no se ubican en galaxias distintas. ¡°Hist¨®ricamente al comit¨¦ se le ha permitido dialogar y la gesti¨®n del trabajo es buena. No todo es fantas¨ªa, pero hay apertura para buscar puntos de encuentro. Es un tema de comunicaci¨®n, pero no solo del comit¨¦ con la direcci¨®n, tambi¨¦n de los representantes de trabajadores con la plantilla, para que esta entienda que les da fuerza¡±, destaca. Al otro lado de la mesa de negociaci¨®n interna, Juli¨¢n Carranza, director de Recursos Humanos, enfatiza que Greenpeace potencia las medidas de conciliaci¨®n, incluido el permiso de maternidad ampliado.
En esta l¨ªnea, Diana Ruano, responsable del equipo internacional de fidelizaci¨®n de donantes para ACNUR Internacional, aboga desde Dinamarca por dignificar los salarios desde espacios alternativos como las charlas Ted.
En el extremo opuesto, en 2015, 11 psic¨®logas, educadoras y trabajadoras sociales que trabajaban con v¨ªctimas de la violencia machista para la Asociaci¨®n Centro Trama dijeron basta en una tensa negociaci¨®n para sustituir el convenio laboral propio de la ONG por el reci¨¦n aprobado estatal de intervenci¨®n social y as¨ª mejorar sus condiciones. ¡°Nos planteamos irnos todas juntas porque no pod¨ªamos renunciar para as¨ª dar ejemplo, trabajamos con las mujeres para empoderarlas y que luchen por sus derechos. Ganamos el pulso, pero fue muy duro y ha habido represalias [por parte de la ONG]¡±, relata una de ellas. De las 11 empleadas, siete no soportaron la presi¨®n y han abandonado la organizaci¨®n por la ¡°violencia laboral¡± ejercida, denuncia esta trabajadora. De las cuatro supervivientes, otra est¨¢ de baja por ansiedad y la ONG a¨²n no ha cubierto su plaza dos meses despu¨¦s.
El presidente de Trama (m¨¢s de 300 empleados), Enrique Rivas, achaca las numerosas denuncias en los juzgados a ¡°desavenencias habituales con la plantilla¡± y niega que haya tomado medidas contra las profesionales que decidieron plantear batalla. ¡°Si mejor¨¢ramos el convenio estatal incurrir¨ªamos en d¨¦ficit presupuestario¡±, alega sobre sus bajos salarios.
Mientras, los sindicatos son pesimistas sobre una mejora en las condiciones laborales. Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez, del ¨¢rea de acci¨®n sindical de CC OO, critica que los proyectos de las ONG, que cuentan con financiaci¨®n p¨²blica, deber¨ªan garantizar salarios y condiciones dignas. ¡°Hay mucha gente que no llega a los 1.000 euros. Las tablas salariales son bajas bajas a pesar de la gran carga de trabajo¡±. Pilar M¨¢rmol, de UGT, a?ade: ¡°Muchas ONG no se comportan como tales, son empresas puras y duras. Y entre ellas, en una licitaci¨®n, son como buitres, van a la baja y siempre tenemos que vigilar que no se descuelguen del convenio¡±, censura.
La nueva Ley de Contratos del Sector P¨²blico, que entr¨® en vigor el pasado viernes, premia la aplicaci¨®n de criterios sociales y medioambientales para el desempate entre dos o m¨¢s ofertas. Adem¨¢s, promueve la aplicaci¨®n del convenio colectivo sectorial sobre el convenio de empresa y proh¨ªbe contratar con empresas de m¨¢s de 250 trabajadores sin plan de igualdad. Est¨¢ por ver su impacto para reducir la precariedad.
Borja Fern¨¢ndez, presidente de la patronal OEIS (Asociaci¨®n de Organizaciones de Acci¨®n e Intervenci¨®n Social), que agrupa a 23 ONG que combaten la pobreza con 21.000 empleados, plantea: ¡°Tenemos que tener en cuenta el ¨¢mbito de las subvenciones p¨²blicas para compatibilizar la atenci¨®n a las personas con la mejor situaci¨®n de nuestros trabajadores. No siempre se puede, pero se intenta¡±. Y a?ade: ¡°?Existen pr¨¢cticas abusivas? S¨ª. ?Contribuye el convenio colectivo a reducirlas? S¨ª. Estamos en un t¨¦rmino medio, no creo que fomentemos la precariedad¡±.
La precariedad laboral en las ONG, cuya clasificaci¨®n por tama?o de plantilla encabeza Cruz Roja seguida de C¨¢ritas y Fundaci¨®n ONCE, ha sido tradicionalmente tab¨² entre sus v¨ªctimas. ¡°Es muy doloroso porque trabajamos por los derechos humanos. Y su lema es muy potente, y lo hacen contra ti, es esquizofr¨¦nico. Nos cuesta reponernos porque no comprendes la l¨®gica de recursos humanos de las ONG. Te frustras porque hay un silencio un¨¢nime, tocarlo es un mel¨®n considerable en un sector puro y transparente. Todo legal, pero todo inmoral. La gente no quiere creer que eso est¨¦ pasando¡±.
Un fondo de inversi¨®n ve margen de beneficios en la lucha contra la pobreza
El pasado junio se produjo un asalto inesperado en el sector de la acci¨®n social: el fondo de inversi¨®n Corpfin compr¨® Grupo 5, veterana empresa con 1.266 empleados, 37 millones de negocio y 30 a?os de experiencia, dedicada a la salud mental, la emergencia social y la protecci¨®n a la infancia. Corpfin tiene una cartera de inversiones muy diversa que ata?e perfumer¨ªas, distribuci¨®n de equipamiento m¨¦dico, producci¨®n de colorantes para la alimentaci¨®n o mantenimiento de aeronaves.
Sobre esta irrupci¨®n de Corpfin, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, es tajante: ¡°Es un disparate, los servicios sociales no pueden estar dependiendo de un fondo de inversi¨®n. La exclusi¨®n y la pobreza no pueden depender de las ganancias econ¨®micas y lo financiero¡±.
En el ¨²ltimo a?o Grupo 5 ha acometido cambios en diferentes cargos directivos, pero de momento la metamorfosis accionarial no ha afectado al grueso de la plantilla, seg¨²n los sindicatos. ¡°La situaci¨®n es de aparente calma, los cambios m¨¢s potentes son reajustes¡±, describe un sindicalista de una de las cuatro sociedades que posee el grupo, y que reclama el anonimato. Las denuncias de los sindicatos contra la firma son por impagos de complementos de nocturnidad o festivos. La empresa ha rechazado opinar para este reportaje.
Otro sindicalista de la empresa, reflexiona sobre la apuesta econ¨®mica de Corpfin: ¡°La entrada de un fondo buitre refleja que durante mucho tiempo las licitaciones p¨²blicas han permitido un margen sustancial porque si se cumplieran los pliegos, los m¨¢rgenes estar¨ªan entre el 2 y el 4%, nunca por encima del 6%. Cuando el 70% de los puntos es para la bajada econ¨®mica, tienen que hacer recortes sobre el personal y la respuesta es precarizar con contratos parciales, bucear en la aplicaci¨®n del convenio o contratos en pr¨¢cticas que encubren jornadas completas¡±.
Sobre los m¨¢rgenes de beneficio en el Tercer Sector, los sindicatos censuran que en la capital, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid son exigentes con el cumplimiento de los pliegos. ¡°La herramienta para favorecer las cl¨¢usulas sociales existe, pero los t¨¦cnicos no la aplican¡±, censuran desde CC OO.
Una experta del sector, que exige anonimato, apunta: ¡°Es una perversi¨®n que se gane dinero con los derechos humanos. Son derechos que debe garantizar el Estado, como el derecho a la salud mental. La l¨®gica capitalista est¨¢ aceptada, pero pedimos unos m¨ªnimos. Al menos en este sector. El Estado no cumple esa cobertura de derechos humanos y las empresas tampoco¡±.
El soci¨®logo Manuel P¨¦rez Yruela, exdirector del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, analiza la entrada del capital privado en la intervenci¨®n social: ¡°El sector privado ha entrado con bastante energ¨ªa en la acci¨®n social porque ha visto un nuevo nicho de negocio. Y est¨¢ dejando a las ONG la parte que da menos dinero y se quedan con lo que da dinero. Que ahora entre un fondo de inversi¨®n no es m¨¢s que un extremo de esa l¨®gica del momento¡±.
Uno de los empleados de Grupo 5 explica sin tapujos la consecuencia de esta nueva filosof¨ªa econ¨®mica en la intervenci¨®n social: ¡°Me siento delante de familias que cobran m¨¢s que yo y me explican angustiados c¨®mo con 1.200 no les llega (...) Que los cuidadores de los cuidados est¨¦n en precario es un mantra en nuestro sector¡±.
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