Bruselas plantea un sistema de acci¨®n judicial colectiva para fraudes como el ¡®dieselgate¡¯

Europa presume de tener las mejores normas de protecci¨®n al consumidor, pero los castigos por incumplirlas flaquean. El esc¨¢ndalo de las emisiones contaminantes en autom¨®viles con motores di¨¦sel evidenci¨® esas carencias. Mientras los consumidores estadounidenses recib¨ªan indemnizaciones por los coches trucados, Volkswagen, la compa?¨ªa alemana responsable del fraude, rehus¨® ofrecer compensaciones en la UE porque no exist¨ªa obligaci¨®n legal. Para evitar ese vac¨ªo, Bruselas propone un mecanismo de acci¨®n judicial colectiva que permita indemnizar a los clientes afectados por este tipo de casos.

Cada vez que Bruselas ped¨ªa explicaciones a Volkswagen por haber falsificado los niveles que contaminaci¨®n que emit¨ªan sus coches, superiores a lo permitido, el gigante automovil¨ªstico se escudaba en lo mismo: no hay nada ilegal frente al consumidor. "No me sent¨ª bien al ver que los ciudadanos estadounidenses recib¨ªan compensacion inmediata mientras los europeos no ten¨ªan derecho. Fui criticada por Volkswagen, que me acusaba de ir m¨¢s all¨¢ de mis competencias", ha argumentado este mi¨¦rcoles la comisaria europea de Justicia, Vera Jourov¨¢. La comisaria propone crear un sistema similar al estadounidense en el que los consumidores puedan agruparse en una ¨²nica demanda colectiva que agilice todo el proceso y sirva de referencia para otras demandas individuales.

Aunque Bruselas invoca el llamado dieselgate como origen de esta norma, las novedades no tendr¨¢n efectos retroactivos. Solo podr¨¢n aplicarse a casos conocidos a partir de que entre en vigor. El Ejecutivo comunitario espera que sirva para atajar abusos de la banca, las empresas de telecomunicaciones o para reparar da?os a la salud p¨²blica o al medioambiente, entre otros casos.

Pese a que el objetivo es acercarse a la l¨®gica de compensaci¨®n que aplica Estados Unidos, la UE quiere evitar algunos excesos de litigaci¨®n que se dan en Norteam¨¦rica. Por eso solo permitir¨¢ a las llamadas entidades cualificadas (organizaciones sin ¨¢nimo de lucro, como asociaciones de consumidores o entidades p¨²blicas independientes) representar a los clientes en estos procesos. El juzgado deber¨¢ autorizar el inicio de la demanda colectiva y podr¨¢ vetar a cualquier entidad sospechosa de buscar solo un beneficio propio (las organizaciones que litiguen deber¨¢n informar sobre qui¨¦n las financia). Se trata de evitar que prolifere una industria del litigio al estilo estadounidense.

Aun con todas las cautelas, la norma ha generado un intenso debate en el seno de la Comisi¨®n y amenaza con incomodar a las grandes industrias europeas, recelosas de tener que enfrentarse a compensaciones millonarias a los consumidores en la UE. Est¨¢ por ver que la redacci¨®n final no estreche las condiciones de esta nueva v¨ªa.

Adem¨¢s del mecanismo judicial colectivo ¡ªinexistente en algunos pa¨ªses europeos y con muchas limitaciones en la mayor¨ªa¡ª el Ejecutivo comunitario pretende reforzar las sanciones que pueden imponer las Administraciones en caso de fraude. Los Estados deber¨¢n penalizar a las compa?¨ªas que violen los derechos del consumidor con hasta un 4% de su facturaci¨®n anual, un porcentaje inspirado en la nueva norma sobre protecci¨®n de datos que entrar¨¢ en vigor en mayo y que tambi¨¦n fija esas multas para las firmas incumplidoras.

Cl¨¢usulas suelo en Espa?a

El principal ejemplo de acci¨®n colectiva en Espa?a se produjo con las cl¨¢usulas suelo que aplicaba la banca a las hipotecas a tipo variable y que resultaron abusivas cuando los tipos de inter¨¦s empezaron a caer. Las asociaciones de consumidores llevaron el caso a los tribunales y lograron la nulidad de las cl¨¢usulas. Pero las compensaciones no fueron autom¨¢ticas; los consumidores tuvieron que reclamarlas posteriormente, sin garant¨ªas de obtenerlas, y se han aplicado con cuentagotas. Bajo la nueva norma, un solo proceso colectivo cubrir¨ªa los dos ¨¢mbitos: determinar si hubo fraude al consumidor y fijar la indemnizaci¨®n correspondiente.

Bruselas conf¨ªa en que la directiva pueda estar aprobada antes de que acabe el mandato europeo, en mayo de 2019. El Parlamento Europeo y el Consejo deber¨¢n ahora pactar los detalles.