Sin medios no hay remedios

Entre las 75 medidas del nuevo Plan Director contra la explotaci¨®n laboral 2018-2020 figuran algunas instrumentales.

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Van de la creaci¨®n de una unidad de lucha contra la discriminaci¨®n de g¨¦nero a la convocatoria de nuevas ofertas de empleo p¨²blico para inspectores o la promesa de dotar de presupuesto al organismo aut¨®nomo de inspecci¨®n creado por ley en 2015 y a¨²n carente de recursos propios.

Todo eso parece burocr¨¢tico. ?Es determinante! "Hagan ustedes las leyes, que yo har¨¦ los reglamentos", espet¨® un d¨ªa Romanones. La credibilidad del plan depender¨¢ al cabo de su puesta en pr¨¢ctica. Y esta, del ¨¢nimo personal de los funcionarios que logre multiplicar la nueva ministra, s¨ª, y de la coordinaci¨®n Gobierno-autonom¨ªas, de las que pende en buena medida esta competencia. Pero sobre todo de las herramientas con que cuente el nuevo organismo.

Durante la era del PP, se realizaron 6 millones de inspecciones, que recaudaron unos 2.000 millones de euros. A un ritmo anual de 330 millones largos.

Sea esa cuant¨ªa apreciable o no, y entra?e m¨¢s o menos esfuerzo de los inspectores, es cierto que equivale ¡ªen relaci¨®n con el problema de la precariedad laboral¡ª al empe?o de San Agust¨ªn de vaciar el mar (en la arena) a golpe de cubos.

Eso se verifica radiografiando una de las bolsas m¨¢s canallas del fraude en la contrataci¨®n, la temporal, que otorga a Espa?a el farolillo rojo de la UE, por encima de la tramposa Polonia. En 2011 hab¨ªa en Espa?a 13,3 millones de contratos de este g¨¦nero, y seis a?os despu¨¦s, 19,5 millones, un aumento de casi el 50%.

M¨¢s: el 90'7% de los nuevos contratos en 2017 fueron temporales. Que en Espa?a solo terminan convirti¨¦ndose en fijos en un 8% en el a?o siguiente a suscribirse; una tercera parte que el 24% europeo, como ha denunciado el profesor Vicente Castell¨®. Y que cuatro de cada diez veces se extienden por menos de un mes.

?C¨®mo se combaten esas lacras? Con una sandalia y una zapatilla. Gracias a un ej¨¦rcito de inspectores menguado: 943 en 2016 (con los auton¨®micos de Catalu?a y Euskadi), frente a los 948 de 2015.

De modo que en nuestro pa¨ªs su proporci¨®n es de uno por cada 15.000 asalariados, mientras que en la UE lo es de uno por cada 7.300: la mitad de atenci¨®n aqu¨ª que all¨¢. El Gobierno S¨¢nchez ha prometido mejorar alg¨²n paso. Faltan kil¨®metros.

Tambi¨¦n convendr¨ªa alg¨²n retoque legal. La receta convencional para las empresas cuando se las pilla in fraganti es convertir a los temporales en fijos, m¨¢s que multarlas con el baremo tope de 6.250 euros fijado para las faltas graves.

Si se aplicase el de las muy graves, otro gallo cantar¨ªa: se multiplicar¨ªa por seis, y publicidad. Eficaz disuasi¨®n. Y si esto pasa con los temporales, ya muy trillados, imaginen con los de sobreexplotaci¨®n por raz¨®n de g¨¦nero. Casi todo por hacer. ?Casi?