El Supremo obliga a devolver 18 millones que Enag¨¢s cobr¨® por gastos de Castor

Los consumidores de gas recuperar¨¢n los 18 millones de euros que Enag¨¢s les cobr¨® en el recibo de 2015 en concepto de mantenimiento del almac¨¦n Castor. As¨ª lo ha decidido el Tribunal Supremo, en una sentencia que resuelve la denuncia planteada por la patronal Cecot, que consideraba inconstitucional el Real Decreto-ley por el que se le reconocieron estos pagos a la fallida instalaci¨®n gasista.

El Consejo de Ministros aprob¨® en octubre de 2014 ¡ªcon una c¨®moda mayor¨ªa absoluta del PP en el Congreso¡ªindemnizar con 1.350 millones al propietario del Proyecto Castor, el almac¨¦n de gas submarino situado frente a las costas de Vinar¨°s (Castell¨®n) cuya actividad provoc¨® al menos 500 se¨ªsmos ocurridos en septiembre de 2013. La entonces vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, anunci¨® que la instalaci¨®n iba a permanecer "en hibernaci¨®n".

En aquel consejo tambi¨¦n se aprob¨® la extinci¨®n de la concesi¨®n de explotaci¨®n del almac¨¦n, a la que su hasta entonces propietaria, Escal UGS (controlada entonces en un 66,7% por ACS), hab¨ªa renunciado el mes de julio anterior. El almac¨¦n Castor, que formaba parte de?una planificaci¨®n que inclu¨ªa varios almacenes de gas estrat¨¦gicos para garantizar el suministro en Espa?a en caso de crisis, nunca lleg¨® a funcionar porque los terremotos se produjeron antes de su apertura, en la fase de pruebas. El Gobierno decidi¨® que los 1.350 millones se iban a repercutir en el recibo del gas durante los siguientes 30 a?os y encarg¨® a Enag¨¢s Transporte, la gestora t¨¦cnica del sistema gasista, que administrara la instalaci¨®n.

Enag¨¢s deb¨ªa encargarse del mantenimiento y de pagar a Escal UGS los 1.350 millones en los que se valor¨® la inversi¨®n. Posteriormente, ser¨ªa el sistema gasista el que devolviera esta cantidad a lo largo de 30 a?os. Es decir, que la compensaci¨®n a la concesionaria de Castor se ir¨ªa cargando al recibo del gas de los consumidores. Adem¨¢s, hay 17,7 millones de euros que, desde diciembre de 2014 y hasta finales de 2015, recibi¨® Enag¨¢s por ocuparse de los gastos de mantenimiento de la instalaci¨®n.

Cecot ha interpuesto denuncias tambi¨¦n por las cantidades cobradas en los a?os posteriores, sobre las que se tendr¨¢ que pronunciar pr¨®ximamente el Tribunal Supremo. Seg¨²n una portavoz de Cecot, las cantidades anuales en el periodo 2016-2018 son superiores. En total suman 200 millones. ¡°Entendemos que si esta primera sentencia ha sido favorable a los consumidores, las tres ¨®rdenes ministeriales siguientes que tambi¨¦n tenemos impugnadas tambi¨¦n lo ser¨¢n¡±, dice.

La sentencia del alto tribunal declara nulas varias disposiciones adicionales de la orden en la que se precisaron las cantidades que deb¨ªa percibir Enag¨¢s. El fallo asegura que, una vez declarada su nulidad, ¡°la Administraci¨®n debe obrar en consecuencia para llevar a efecto ese pronunciamiento anulatorio y, en su caso, adoptar las medidas procedentes para proceder al reintegro de las cantidades abonadas al amparo de la Orden que se declara nula¡±. El Supremo condena en costas (4.000 euros) a la demandada, Enag¨¢s, y a la codemandada, Escal UGS.?

Seg¨²n fuentes del sector, el dinero que percibe Enag¨¢s se destina pr¨¢cticamente en su totalidad a tareas de seguridad de la instalaci¨®n que permanece hibernada. Se trata de p¨®lizas de seguros, un helic¨®ptero que vigila la plataforma, un barco que navega alrededor... El Castor, seg¨²n est¨¢s fuentes, est¨¢ permanentemente supervisado para vigilar que no se produzcan fugas o que alguien pueda acercarse. Se trata de gastos con los que se contrata a terceras empresas, que ya han sido prestados. Son gastos que siguen produci¨¦ndose y que son necesarios para mantener la seguridad, por lo que estas fuentes creen que el Gobierno tendr¨¢ que dise?ar otro mecanismo para sufragarlos. Fuentes de Enag¨¢s aseguraron ayer que conf¨ªan en que este problema ¡°se solucionar¨¢ porque todos los costes son de seguridad y est¨¢n auditados¡±.

La parte del real decreto ley que sustentaba el pago de la indemnizaci¨®n ya fue anulada por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2017, que consider¨® incorrecto usar esta f¨®rmula, que se emplea para situaciones urgentes, para fijar la indemnizaci¨®n y proceder al pago casi inmediato. Enag¨¢s no est¨¢ cobrando desde entonces, seg¨²n una portavoz del Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica. Esta portavoz a?adi¨® que est¨¢ pendiente de aprobaci¨®n una norma para que todas las facturas de mantenimiento de la instalaci¨®n se puedan cargar en la factura del gas. Es decir, en el futuro esos costes volver¨¢n a repercutirse en los consumidores.

¡°Consideramos que el almac¨¦n Castor constituye una inversi¨®n fallida, en la que prevaleci¨® la construcci¨®n de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo con que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha¡±, asegur¨® ayer Antoni Abad, presidente de la patronal catalana Cecot, impulsora de la denuncia, en una nota de prensa. ¡°La industria supone m¨¢s del 60% del consumo del gas en todo el Estado espa?ol y el incremento de costes en los procesos productivos afectar¨¢ directamente a su competitividad sin obtener a cambio ninguna mejora en el servicio de suministro de gas¡±, a?adi¨®.

Tras la sentencia del Constitucional de finales del a?o pasado, la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de canalizar la devoluci¨®n de lo adelantado por los bancos, dej¨® de obligarles al pago de 80,4 millones anuales a trav¨¦s de la factura del gas al carecer de un marco legal que lo ampare. Los derechos de cobro est¨¢n en manos del Banco Santander, Bankia y CaixaBank, que en abril pasado presentaron una reclamaci¨®n para que el Estado les devuelva lo que adelantaron.

El fallo de Castor, y el temor a que algo as¨ª volviera a producirse, provoc¨® que el Gobierno encargara una serie de informes sobre los 16 yacimientos y almacenamientos de gas activos en Espa?a. El objetivo era analizar la conexi¨®n entre la actividad de estas explotaciones y los terremotos que se hayan producido en las zonas donde se ubican. En tres de ellos el Instituto Geogr¨¢fico Nacional (IGN) hablaba de ¡°dudas razonables¡± sobre ¡°la relaci¨®n entre la ocurrencia de terremotos y la actividad de la explotaci¨®n¡±.