Vecinos en pie de guerra contra el alquiler tur¨ªstico

El alquiler de viviendas por d¨ªas a turistas secciona las ciudades entre ganadores y perdedores. Xavi Buxeda es de los segundos. Nadie le advirti¨® de que el piso que alquil¨® el pasado mes de mayo en el barrio de El Born (Barcelona) compart¨ªa pared con una vivienda tur¨ªstica ilegal. Su historia acaba con su pareja en el suelo, v¨ªctima de una agresi¨®n por parte del responsable del chiringuito, con el que nunca antes se hab¨ªa cruzado. Fue el ¨²ltimo cap¨ªtulo de ocho largos meses de denuncias e infortunios. En enero hicieron las maletas.

Aunque su caso es excepcional, la subida sin control de este mercado ha disparado la conflictividad vecinal. Las comunidades de propietarios se han puesto en pie de guerra contra los pisos tur¨ªsticos ¡ªmuchas veces en manos de mafias¡ª. Tambi¨¦n, contra las plataformas que los anuncian, como Airbnb, Homeaway o Booking. ¡°Existe un grave problema de convivencia¡±, comenta Rafael del Olmo, administrador de fincas de Sevilla y secretario del Consejo General del Colegios de Administradores de Fincas de Espa?a (CGCAFE). El 63% de los edificios residenciales que gestiona este gremio tiene viviendas de uso tur¨ªstico. Las principales quejas de sus vecinos son los ruidos (76%), la falta de respeto a las normas comunitarias (66%), la suciedad (40%), la inseguridad (38%), los actos vand¨¢licos (28%) y las actividades insalubres (27%), seg¨²n ha recopilado Mutua de Propietarios. Coincide Xavi Buxeda: ¡°Entraban y sal¨ªan a diario extra?os arrastrando maletas, cada noche se celebraban fiestas y el ruido hac¨ªa imposible la vida all¨ª¡±.

Cierto es que las regulaciones aprobadas por los Ayuntamientos m¨¢s afectados por el fen¨®meno, como Madrid, Barcelona, Valencia o Palma de Mallorca, han conseguido algunos cierres. Un informe de Exceltur muestra que el pasado a?o hab¨ªa 414.607 pisos para turistas en Espa?a, esto es, 15.743 casas menos respecto al ejercicio anterior. Pero es insuficiente. Siguen proliferando los pisos irregulares al calor del batiburrillo legislativo ¡ªdistinto en cada comunidad y en cada Ayuntamiento¡ª, el l¨ªo competencial y la falta de inspecciones. Algunos pisos, incluso con orden de cese de la actividad, siguen operando de forma ilegal: en Madrid el 86% no cumple la normativa al carecer de licencia y el Ayuntamiento ha comenzado a multarlos con un m¨ªnimo de 1.000 euros. Durante los ¨²ltimos a?os, el Consistorio de Barcelona suma 15.814 expedientes, 6.295 ¨®rdenes de cese y 8.042 sanciones. ¡°Hay muchos inmuebles que siguen funcionando, pero no cumplen la normativa. De hecho, podr¨ªan ser m¨¢s los ilegales que los que cumplen con las normas¡±, comenta Salvador D¨ªez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE). Es imposible fiscalizarlos. ¡°Los due?os o mafias quedan con los inquilinos en el portal de una vivienda con licencia, que es la que se anuncia, y desde all¨ª les conducen hasta el piso ilegal¡±, denuncia Buxeda. Otra trampa para saltarse las regulaciones es la de simular el alquiler de habitaciones.

Las comunidades de propietarios tienen ahora algo m¨¢s f¨¢cil protegerse contra aquellos que quieran arrendar sus pisos por d¨ªas. Lo pueden hacer desde el pasado marzo de 2019, cuando entr¨® en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Solo es necesario el voto de ¡°tres quintas partes de los propietarios y cuotas para adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad tur¨ªstica¡±, recuerda Patricia Briones, abogada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Antes de la reforma de la ley se requer¨ªa el acuerdo por unanimidad, por lo que era imposible poner coto al fen¨®meno. Adem¨¢s, los vecinos afectados pueden acordar que el due?o que hace negocio pague cuotas especiales o asuma una subida de los gastos comunes. Eso s¨ª, no puede suponer un alza superior al 20%.

Una vez adoptado el acuerdo y la modificaci¨®n de los estatutos, conviene inscribirlo en el Registro de la Propiedad para que vincule a terceros adquirentes, es decir, a quien compre un piso en ese edificio y tenga la seguridad de que est¨¢ limitada la actividad tur¨ªstica. Es lo que hizo hace un par de meses una de las comunidades que administra Juan Sempere en el barrio madrile?o de Las Mercedes. La finca tiene 30 pisos y uno es tur¨ªstico y carece de permisos. ¡°Los vecinos soportan el trasiego de desconocidos que usan la piscina y se confunden de plaza de garaje¡±, cuenta Sempere. A partir de ahora, hay que cumplir cuatro exigencias: ¡°El piso tur¨ªstico debe tener acceso directo por el exterior y no por el portal o garaje, el propietario tiene que comunicar a los vecinos los cambios de usuarios y que estos no puedan utilizar ni el garaje ni la piscina, y el due?o ha de asumir los costes por desperfectos, por ejemplo en las cerraduras¡±, explica el administrador.

La lucha

El cambio normativo da munici¨®n a los vecinos para su lucha pero no tiene car¨¢cter retroactivo, as¨ª que el problema sigue existiendo para miles de comunidades de propietarios. Lo vive en sus carnes Amaya Davis. No deja de pensar que la ¨²nica soluci¨®n a su problema es la venta de su piso, en el centro de Sevilla, donde vive con sus dos hijos. Esta sevillana convive con tres pisos tur¨ªsticos en una de las muchas fincas que administrada Rafael del Olmo en el centro urbano. Dos son legales. ¡°Se escuchan maletas y muebles, hay basura en las zonas comunes, colillas, botellas, la puerta rota y han robado la ropa que colg¨¢bamos en la azotea¡±, se queja. Aun as¨ª, no se opone a que haya turistas: ¡°Solo pedimos poder convivir¡±. Y a?ade: ¡°Hay vecinos que han tenido que vender sus viviendas y marcharse¡±.

Porque los pisos tur¨ªsticos est¨¢n devorando la identidad de muchos barrios: los precios de los alquileres se han disparado, en ocasiones hasta el doble, y los due?os, hartos, se plantean vender sus casas, que solo se atreven a comprar inversores con fines especulativos. Por eso, vecinos, administradores de fincas y juristas piden una ley nacional de alquiler vacacional que englobe todos los aspectos, dejando que Ayuntamientos y comunidades regulen cuestiones administrativas como licencias o sanciones.

La denuncia de Xavi Buxeda en Twitter, en la que responsabiliz¨® a Airbnb de sus males, se hizo viral. Desde esta plataforma aseguran haber estado ¡°en contacto con el vecino desde diciembre de 2019. Se eliminaron las cuentas vinculadas a esta direcci¨®n y reasignaron las reservas existentes. Tambi¨¦n se traslad¨® el incidente de la agresi¨®n a las autoridades policiales de Barcelona¡±, se defienden en la plataforma.

Consciente de que las autoridades y Administraciones se les echan encima, Airbnb est¨¢ lanzando nuevas medidas, como verificar sus siete millones de anuncios, establecer l¨ªneas de comunicaci¨®n directas para vecinos y autoridades, y actualizar sus normas prohibiendo todas las fiestas y eventos en los pisos. ¡°Se controlar¨¢ cualquier queja y se har¨¢ un seguimiento de los lugares seg¨²n sea necesario¡±, dicen en Airbnb. Tambi¨¦n ha lanzado un programa de descuento ¡ªdesde el 45%¡ª para que los anfitriones coloquen detectores de ruido (de la empresa espa?ola Roomonitor). A lo largo de este a?o crear¨¢ una l¨ªnea para que los alcaldes de las ciudades puedan contactar directamente con los representantes de la plataforma. En 2018, ¨²ltimos datos disponibles, Airbnb recibi¨® en todo el mundo 3.071 solicitudes de informaci¨®n de usuarios por parte de autoridades. En Espa?a, fueron 213 peticiones entre los m¨¢s de 11 millones de personas que se alojaron a trav¨¦s de su plataforma.