El Supremo y las instituciones que nos atrasan

Los desaf¨ªos que se acumulan a ra¨ªz de la pandemia y la consiguiente crisis econ¨®mica y social se agravan por las trabas de las instituciones a las medidas que reclama la sociedad. Falla el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno y la oposici¨®n. La sentencia del 5 de noviembre del Tribunal Supremo sobre las cl¨¢usulas suelo es un lamentable indicador de nuestra realidad social. Puede parecer incre¨ªble pero llevan diez a?os en los tribunales. Durante este periodo, el Alto Tribunal no ha cesado de contradecirse y resistirse a asumir la doctrina europea. En 2013 el Supremo calific¨® de abusivas por falta de transparencia estas estipulaciones que imped¨ªan a los hipotecados beneficiarse de la vital rebaja de los tipos de inter¨¦s. Fue una declaraci¨®n inocua que no oblig¨® a los bancos a restituir a los perjudicados lo cobrado indebidamente. En 2015, corrigi¨® y reconoci¨® que los bancos deb¨ªan devolver lo percibido injustamente desde el 9 de mayo de 2013. En 2017, tras el rapapolvo del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE), tuvo que rectificar y asumir que las entidades financieras ten¨ªan que reembolsar lo cobrado indebidamente sin l¨ªmites temporales.

La historia continu¨®. Ante el posible alud de demandas, los bancos ofrecieron a sus clientes rebajar las cl¨¢usulas suelo a cambio de que renunciaran a pleitear. En 2018, el Supremo acept¨® estos cambios y valid¨® las renuncias, lo que fue desautorizado el pasado julio por el TJUE. Ahora en su sentencia el Supremo vuelve a corregir, rechaza las renuncias, pero admite las cl¨¢usulas rebajadas con una interpretaci¨®n restrictiva de la transparencia. Para Javier de la Torre, abogado que ha estado en la primera l¨ªnea de la defensa de miles de afectados, ¡°es una sentencia salom¨®nica que trata de corregir el error de 2018 pero sigue vulnerando el derecho europeo¡±. La patra?a no acaba aqu¨ª. El mismo asunto est¨¢ pendiente de otro juicio en el TJUE promovido por la Audiencia Provincial de Zaragoza. Hay que constatar que las correcciones europeas fueron anticipadas siempre por el entonces magistrado del Supremo, Javier Ordu?a. Es un tema con 234.053 asuntos que atascan los tribunales y millones de perjudicados a los que privaron de una atenuante vital. Nadie rinde cuentas.

Este sucinto relato revela la incapacidad de nuestro m¨¢ximo tribunal. Nos aleja de Europa al devaluar el valor de la transparencia que exige dar toda la informaci¨®n a los ciudadanos. El Gobierno tampoco est¨¢ por la labor. En la oposici¨®n, el PSOE present¨® en 2017 una proposici¨®n de Ley de impulso a la Transparencia, pero en el poder se olvid¨®. La transparencia es m¨¢s necesaria que nunca cuando Espa?a, pendiente de recibir 140.000 millones de euros de la UE, precisa demostrar la m¨¢xima credibilidad. Tampoco la oposici¨®n se pronuncia. La esperanza es que la UE exija a las autoridades un comportamiento transparente en su gesti¨®n.