El Constitucional obliga a retocar el decreto de alquiler, pero mantiene sus partes fundamentales

El Tribunal Constitucional ha decidido este martes anular dos disposiciones adicionales del decreto de alquileres aprobado por el Gobierno de Pedro S¨¢nchez el pasado marzo. La decisi¨®n se produjo a ra¨ªz de un recurso de inconstitucionalidad que present¨® el PP contra la norma por entender que no estaba suficientemente justificado el car¨¢cter de urgencia como para recurrir a un Real Decreto Ley, una figura jur¨ªdica que acorta los tr¨¢mites parlamentarios habituales de las nuevas normas.

Los magistrados del Constitucional han estimado as¨ª los argumentos de la oposici¨®n, pero solo en dos partes muy concretas del decreto. Seg¨²n han informado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (anteriormente, Fomento), las partes anuladas son las disposiciones adicionales primera y tercera. Ninguna de ellas hace referencia precisamente a lo que era la parte fundamental del texto, la que modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Por tanto, el Constitucional avala los cambios que hizo el Gobierno sobre esa norma, que incluyeron la prolongaci¨®n de la duraci¨®n m¨ªnima de los alquileres de tres a cinco a?os (siete si el arrendador es una empresa) o la limitaci¨®n de los avales que puede pedir el propietario de la vivienda a los inquilinos.

La sentencia del Tribunal Constitucional s¨ª se refiere, sin embargo, a los planes de promoci¨®n p¨²blica de vivienda del Gobierno. La disposici¨®n adicional primera del decreto era la que hac¨ªa referencia a las ¡°medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler¡±. Entre estas se contemplaban la movilizaci¨®n de suelo p¨²blico, los acuerdos entre administraciones para agilizar licencias urban¨ªsticas, la cesi¨®n de derecho de superficie de suelo p¨²blico para que promotores privados construyan viviendas en alquiler o la reorientaci¨®n del Plan Estatal de Vivienda para que todos los nuevos pisos con protecci¨®n p¨²blica se destinen a arrendamiento y no a la venta. La norma inclu¨ªa adem¨¢s el procedimiento por el que Fomento deb¨ªa ir informando a Econom¨ªa de c¨®mo avanzaban estos planes.

Fuentes del departamento que dirige Jos¨¦ Luis ?balos se?alan, sin embargo, que la decisi¨®n del Constitucional no afecta a esos planes ya que las partes anuladas ¡°no forman parte del cuerpo normativo del decreto, sino que se?alaban l¨ªneas de actuaci¨®n¡±. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,? sobre el que recaen las competencias en Vivienda, se insiste en que contin¨²an trabajando ¡°al 100%¡± con las medidas para estimular la oferta de alquiler, incluyendo las que citaba el decreto, de las que se inform¨® al Consejo de Ministros el pasado octubre y que se regulan mediante otras normas y no en ese decreto.

La otra disposici¨®n adicional anulada ni siquiera se refiere a la vivienda. Se trataba de una modificaci¨®n de la Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico del Sector P¨²blico relativa a los convenios para construir infraestructuras. El Gobierno aprovech¨® el decreto de alquileres para introducir una pr¨®rroga, hasta un m¨¢ximo de diez a?os, a los convenios de obras p¨²blicas, una medida que se consideraba necesaria para agilizar la construcci¨®n de algunas infraestructuras que sufren demoras y sobre las que actualmente se obliga a firmar un nuevo convenio, alargando a¨²n m¨¢s los plazos.