El Constitucional admite el recurso del PP contra el decreto que permite suspender desahucios

El Constitucional admiti¨® este jueves a tr¨¢mite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el decreto ley de protecci¨®n de los consumidores y usuarios en situaciones de vulnerabilidad, que fue denunciado por este partido como una norma destinada a amparar y legalizar a los okupas de viviendas y locales. El decreto ley establec¨ªa, entre otros puntos muy discutidos durante el debate parlamentario de la iniciativa, que en los procesos penales ¡°en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la est¨¦n habitando sin ning¨²n t¨ªtulo habilitante para ello, el juez tendr¨¢ la facultad de suspender el lanzamiento hasta la finalizaci¨®n del estado de alarma¡±.

La admisi¨®n a tr¨¢mite implica que el Constitucional va a resolver mediante sentencia si este y otros preceptos impugnados por el grupo parlamentario del PP se ajustan o no a la Constituci¨®n. Como antecedente, el pasado 5 de febrero se dio a conocer el contenido textual de un fallo anticipado pocos d¨ªas antes en el que los magistrados lanzaban claras advertencias sobre las reformas legislativas en curso en materias relacionadas con la vivienda. La resoluci¨®n se refer¨ªa a la norma catalana antidesahucios, y en sus fundamentos jur¨ªdicos proporcionaba pistas de la sensibilidad del tribunal hacia este tipo de modificaciones legales. La sentencia advert¨ªa en este sentido del riesgo de inconstitucionalidad de medidas ¡°coactivas, no voluntarias¡± impuestas a los due?os de pisos, por afectar al derecho a la propiedad.

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El recurso del PP incid¨ªa en esta l¨ªnea, argumentando que ¡°al facultar al juez para suspender el desahucio en procesos penales respecto de personas econ¨®micamente vulnerables y sin alternativa habitacional que est¨¦n habitando viviendas sin ning¨²n t¨ªtulo habilitante para ello, se condiciona necesariamente el poder de disposici¨®n de sus leg¨ªtimos propietarios¡±. La impugnaci¨®n consideraba que la ¡°pretendida funci¨®n social¡± de previsiones legales de este tipo no era raz¨®n suficiente para negar dicho ¡°derecho de disposici¨®n¡±.

Otro motivo de inconstitucionalidad que el tribunal de garant¨ªas deber¨¢ examinar se refer¨ªa al derecho a la ejecuci¨®n de las resoluciones judiciales. El recurso argumenta en este sentido que ¡°una regulaci¨®n como la contenida en el real decreto impugnado, de acuerdo con la cual el juez puede suspender el desahucio dispuesto en un procedimiento penal, incide directa y no tangencialmente en dicho derecho, raz¨®n por la cual ha de considerarse inconstitucional¡±.

El recurso del PP fue presentado el pasado 22 de febrero, tras un duro debate parlamentario registrado el d¨ªa 4 del mismo mes y en el que la portavoz el PP, Cuca Gamarra, sostuvo que el decreto no tiene ¡°medidas reales¡± a favor del consumidor vulnerable, y que con la iniciativa ¡°queda al descubierto¡± que lo que se pretende es ¡°dar protecci¨®n¡± y ¡°amparar¡± a los okupas. Vox y Ciudadanos tambi¨¦n se opusieron a la reforma, mientras la portavoz del PSOE, Marisol S¨¢nchez, acus¨® a estas tres fuerzas pol¨ªticas de querer ¡°meter miedo¡± a los ciudadanos. Finalmente, Laura L¨®pez, de Unidas Podemos, contest¨® a los partidos opuestos al decreto criticando que equipararan vulnerabilidad a algo peyorativo y le inst¨® a leer el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n, sobre el derecho de espa?ol a acceder a una vivienda digna, para finalmente preguntar si es que ¡°ustedes solo tienen las p¨¢ginas de la propiedad privada¡±.