Tres de cada cuatro interinos son mujeres

Las cifras lo dejan claro. El proceso de regularizaci¨®n de trabajadores p¨²blicos temporales tendr¨¢ su mayor impacto en el personal de las comunidades aut¨®nomas. Estas concentran un 85,5% del total de interinos que hay en Espa?a, que son 622.295 seg¨²n el ¨²ltimo Bolet¨ªn estad¨ªstico del personal al servicio de las administraciones p¨²blicas, publicado por el Ministerio de Hacienda el pasado enero. En total, las comunidades suman m¨¢s de 531.000 interinos y casi nueve de cada 10, cerca de 475.000, desempe?an funciones para las consejer¨ªas de Sanidad o Educaci¨®n, dos competencias transferidas que suponen las dos grandes fuentes de empleo p¨²blico.

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El an¨¢lisis pormenorizado de esas dos ¨¢reas deja adem¨¢s otros datos esclarecedores. Por ejemplo, que hay una abrumadora mayor¨ªa de interinas: las mujeres ocupan casi 3 de 4 empleos temporales. Ellas son m¨¢s de 354.000 y ellos, unos 120.000. La pandemia ha requerido un refuerzo de las plantillas en los centros sanitarios y el pasado enero las comunidades sumaban 268.741 interinos en esta ¨¢rea. En la educaci¨®n eran un poco menos, 206.055. Dentro de ambos, las categor¨ªas de personal donde m¨¢s se emplea la figura del interino es en el personal sanitario (m¨¢s de 206.000) y en los docentes no universitarios (187.120).

Aunque la estabilizaci¨®n de esos empleos supone un reto para todas las comunidades aut¨®nomas, la magnitud no es la misma. En n¨²meros absolutos, son l¨®gicamente las m¨¢s pobladas las que tienen m¨¢s internos trabajando en sanidad y educaci¨®n. En Andaluc¨ªa suman casi 95.000 y en Catalu?a son 63.541 empleados. Le sigue muy de cerca Madrid con 62.506 y en cuarto lugar se sit¨²a la Comunidad Valenciana con 56.533. En el extremo opuesto hay cuatro comunidades con menos de 10.000 interinos, son Navarra, Baleares, Cantabria y La Rioja.

Cuesti¨®n diferente es el porcentaje de interinos (sumando a los de sanidad y educaci¨®n los de otras ¨¢reas) que cada comunidad tiene respecto al total de empleados p¨²blicos. Ah¨ª Extremadura y Galicia destacan como las que tienen un porcentaje m¨¢s bajo: el 14%. Navarra y Asturias duplican esa cifra con un 28%.

Un proceso diferente a los anteriores

Seg¨²n los c¨¢lculos del Gobierno, el decreto para reducir la temporalidad del sector p¨²blico afectar¨¢ a unas 310.000 personas, la mitad de los funcionarios interinos que hay en Espa?a. Pero hay que tener en cuenta que a estos habr¨ªa que sumar a otro colectivo, el del personal laboral de la Administraci¨®n con empleos temporales, que tambi¨¦n podr¨ªan beneficiarse de esas medidas. Algunos sindicatos como CC OO consideran, en cualquier caso, que la cifra del Gobierno se queda corta y la regularizaci¨®n laboral podr¨ªa afectar hasta a medio mill¨®n de puestos.

Para hacerlo, el Ejecutivo pact¨® con los sindicatos cambios en la Ley del Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico y otras medidas que facilitar¨¢n la consolidaci¨®n de plazas. Lo m¨¢s relevante es que en un plazo relativamente breve, antes de la primera de 2022 si todo va seg¨²n lo previsto, las diferentes administraciones tienen que aprobar las plazas a cubrir con funcionarios de carrera. El cambio legal impide que estas abusen de la temporalidad, dejando la contrataci¨®n de interinos solo para los supuestos vacantes por un plazo m¨¢ximo de tres a?os, cobertura de sustituciones de funcionarios de carrera, programas temporales y picos de trabajo. A finales de 2024 Espa?a no podr¨¢ tener m¨¢s de un 8% de trabajadores temporales en el sector p¨²blico, seg¨²n se ha comprometido con Bruselas. Esa cifra actualmente est¨¢ 20 puntos por encima seg¨²n algunos c¨¢lculos.

La idea del decreto es que quienes ya desempe?an sus funciones consoliden la plaza. En el concurso-oposici¨®n, la fase de concurso (los m¨¦ritos) contar¨¢ un 40% y el examen el 60%. Para obtener los votos de Unidas Podemos y ERC en el Congreso, y lograr as¨ª la convalidaci¨®n del decreto, el PSOE acept¨® tramitarlo como proyecto de ley en el que se introducir¨¢n cambios. Uno de ellos es permitir que las administraciones, si as¨ª lo desean, establezcan en sus convocatorias que suspender el examen no sea eliminatorio, aunque habr¨¢ que esperar a ver qu¨¦ f¨®rmula se da a esta idea en la nueva redacci¨®n de la ley. Para quienes no consoliden la plaza, se acord¨® pagar una indemnizaci¨®n de 20 d¨ªas por a?o trabajado, con un tope de 12 mensualidades, a quienes est¨¦n contratados en fraude de ley (m¨¢s de tres a?os con contratos temporales, seg¨²n la doctrina del Tribunal Supremo) y vean rescindida la relaci¨®n laboral. Adem¨¢s entrar¨¢n en una bolsa de trabajo diferente a la del resto de candidatos del concurso-oposici¨®n con vistas a favorecer su vuelta al sector p¨²blico lo antes posible.

El otro gran cambio pactado en el Congreso hace referencia a quienes llevan m¨¢s de 10 a?os en una plaza para la que no ha salido a convocatoria. Los socios parlamentarios del Gobierno exigieron que en esos casos se elimine la oposici¨®n y se acceda a la plaza exclusivamente por m¨¦ritos. El planteamiento genera dudas en los sindicatos por su encaje legal. Ni el Ejecutivo ni las centrales sindicales han ofrecido estimaciones sobre a cu¨¢nta gente puede afectar este ¨²ltimo supuesto.