Los sindicatos advierten sobre la ¡°letra peque?a¡± del acuerdo parlamentario sobre los funcionarios interinos

La tramitaci¨®n parlamentaria del decreto para la regularizaci¨®n de los empleados p¨²blicos temporales, con un acuerdo in extremis del PSOE con Unidas Podemos y ERC que evit¨® una derrota en el Congreso, modifica algunos de los puntos que el Gobierno hab¨ªa pactado con los sindicatos. Cambios sobre los que las centrales no sab¨ªan nada, seg¨²n diversas fuentes sindicales consultadas. Estas insisten en pedir ¡°mayor concreci¨®n¡± sobre los cambios que se pretenden, para garantizar la seguridad jur¨ªdica y la viabilidad de la futura norma. Tanto CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, como UGT y CC OO coinciden en que hay que esperar a la tramitaci¨®n del decreto como proyecto de ley, el procedimiento que los socios parlamentarios del PSOE exigieron para modificarlo, para ver c¨®mo queda el texto definitivo. Algo a lo que los sindicatos estar¨¢n muy atentos porque cualquier desliz jur¨ªdico en la redacci¨®n podr¨ªa hacer descarrilar el proceso.

M¨¢s informaci¨®n

El Gobierno salva por un voto y con cesiones a ERC el decreto para hacer fijos a m¨¢s interinos

El primero de los cambios pactados en el Parlamento es el l¨ªmite temporal para arrancar el procedimiento. El decreto refrendado este mi¨¦rcoles se?ala que las Administraciones P¨²blicas deber¨¢n aprobar las plazas, el primer paso para la posterior convocatoria del proceso selectivo, antes del 31 de diciembre de este a?o. Pero esa fecha desaparecer¨¢ en la futura norma porque, seg¨²n recoge el acuerdo, se fijar¨¢ un plazo m¨¢ximo de cuatro meses a partir de su entrada en vigor. A priori no es un contratiempo grande. Puesto que el procedimiento en el Congreso se acomete por la v¨ªa de urgencia, el propio acuerdo fija que el tr¨¢mite empezar¨¢ en septiembre y la nueva ley debe estar lista a mediados de octubre. De cumplirse ese plazo, las Administraciones ganar¨ªan mes y medio de margen y tendr¨ªan hasta mitad de febrero para aprobar las plazas.

La regularizaci¨®n, seg¨²n los c¨¢lculos que hizo el Gobierno en su d¨ªa, afectar¨¢ a unos 310.000 trabajadores temporales del sector p¨²blico. La mayor¨ªa son interinos, aunque tambi¨¦n puede haber personal laboral con contrato temporal. De acuerdo con los ¨²ltimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda, el pasado enero Espa?a contaba con m¨¢s de 622.000 interinos. El motivo de que el Ejecutivo rebaje la cifra de afectados a pr¨¢cticamente la mitad se debe, seg¨²n fuentes de CSIF, a la ¡°letra peque?a¡± del decreto. Este no afecta a todas las plazas temporales, sino a aquellas que injustificadamente llevan m¨¢s de 3 a?os sin convocatoria de oposici¨®n. Y tambi¨¦n contempla otras excepciones.

En CC OO avisan de la dificultad de realizar este tipo de estimaciones, ya que finalmente son las Administraciones las que tendr¨¢n que ver puesto por puesto cu¨¢les entran en los requisitos. En eso consiste precisamente la primera fase del proceso, la de aprobaci¨®n de las plazas. Y el grueso de interinos, siempre seg¨²n los datos de Hacienda, se concentra en las comunidades aut¨®nomas, que suman m¨¢s de 530.000 ya que gestionan la sanidad y la educaci¨®n, las dos grandes fuentes de empleo p¨²blico. En el sindicato dirigido por Unai Sordo consideran, no obstante, que las cifras del Gobierno se quedan cortas y elevan la afectaci¨®n a entre 450.000 y 530.000 empleados p¨²blicos. Este es el resultado de calcular, sobre el total de interinos que hay, el porcentaje de temporalidad al que Espa?a se ha comprometido. Seg¨²n los planes remitidos a Bruselas, en diciembre 2024, cuando culmine la regularizaci¨®n, el sector p¨²blico no podr¨¢ tener m¨¢s de un 8% de temporales. Hoy ninguna comunidad aut¨®noma tiene un porcentaje por debajo del 14%.

La modificaci¨®n de plazos iniciales no es la ¨²nica que trae el acuerdo parlamentario con respecto a lo que el Ejecutivo hab¨ªa pactado con los sindicatos en la Mesa General de Negociaci¨®n de las Administraciones. ERC y Unidas Podemos exigieron dos cambios: que en los concursos-oposici¨®n la fase de examen no sea necesariamente eliminatoria y que los funcionarios con m¨¢s de 10 a?os en un puesto sin convocatoria de plaza no tengan que pasar por la oposici¨®n. Ambas medidas han dejado un sabor de boca desigual en los sindicatos: la primera gusta; la segunda genera dudas sobre su encaje legal. En una entrevista con la Cadena Ser, el secretario general de UGT, Pepe ?lvarez, asegur¨® este jueves que algunas de las medidas anunciadas ahora las hab¨ªan barajado los sindicatos y el Ejecutivo las rechaz¨® ¡°alegando inconstitucionalidad¡±.

Oposici¨®n no eliminatoria

El decreto fija el marco general para acceder a los puestos p¨²blicos, tanto en la fase de m¨¦ritos (el concurso) como en la de ex¨¢menes (la oposici¨®n). Esta segunda tiene que aprobarse para conseguir la plaza. Pero los socios del PSOE pidieron que en la tramitaci¨®n parlamentaria se suprima ese requisito ¡°pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios de la fase de oposici¨®n¡±. H¨¦ctor Adsuar, portavoz del ?rea P¨²blica de CC OO, se?ala que su sindicato plante¨® una propuesta con base a lo que ya se hace en algunos procesos, donde la nota de corte no se fija en el aprobado, sino m¨¢s abajo en funci¨®n de las puntuaciones medias de los aspirantes. ¡°Lo que parece que se plantea ahora es que no haya ninguna nota de corte¡±, asegura Adsuar, quien se?ala que habr¨¢ que esperar a ver la redacci¨®n del proyecto de ley para ¡°ver la viabilidad jur¨ªdica¡±. Las citadas fuentes de CSIF tampoco ponen especiales reparos en este punto, que ven ¡°positivo¡±. Si finalmente es cada Administraci¨®n la que tendr¨¢ que decidir si en sus convocatorias la oposici¨®n es eliminatoria, recuerdan, los sindicatos estar¨¢n vigilantes en las negociaciones para intentar que no lo sea.

M¨¢s dudas suscita el otro gran cambio respecto al decreto original. Este es el de eliminar la oposici¨®n, accediendo al puesto solo por m¨¦ritos, ¡°para aquellos colectivos de trabajadores p¨²blicos que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los ¨²ltimos 10 a?os y que no se haya publicado la correspondiente convocatoria p¨²blica¡±, seg¨²n se recoge en el acuerdo parlamentario. En CSIF lo ven controvertido: ¡°Pensamos que el criterio de los 10 a?os en este momento introduce m¨¢s incertidumbre que certezas, queremos ver por escrito qu¨¦ criterios se establecen porque esto es un anuncio a vuelapluma. Puede generar discriminaci¨®n¡±, sostienen las fuentes del sindicato, que recuerdan que la doctrina del Tribunal Supremo es que el abuso de temporalidad se produce a partir de tres a?os.

Adsuar tampoco oculta cierta inquietud: ¡°Lo que nos preocupa de cualquier modificaci¨®n es que sin seguridad jur¨ªdica entras en un bucle de recursos al Tribunal Constitucional y ya no cumples el acuerdo porque se prolonga el proceso¡±. Una situaci¨®n explosiva porque ¡°la Administraci¨®n es muy grande y hay muchas casu¨ªsticas¡±, lo que llev¨® a los sindicatos a pactar un texto muy medido con el ejecutivo. Los movimientos en el Parlamento les dar¨¢n ahora m¨¢s trabajo para garantizar que la regularizaci¨®n no descarrile: ¡°Nos reuniremos con los grupos parlamentarios y estaremos en la comisi¨®n de seguimiento del acuerdo, cualquier modificaci¨®n tiene que ser impecable¡±, concluye el portavoz de CC OO.