El Gobierno tendr¨¢ que aprobar una ley cada 15 d¨ªas hasta finales de 2023

El Gobierno tendr¨¢ que aprobar de aqu¨ª a finales de 2023 medio centenar de normas con rango de ley para poder obtener los desembolsos de los fondos europeos, seg¨²n el recuento que ha realizado EL PA?S del listado de hitos comprometidos con Bruselas. Los 70.000 millones en ayudas no reembolsables est¨¢n condicionados a que efectivamente se vayan gastando y consiguiendo, por tanto, unos objetivos. Pero tambi¨¦n se conceder¨¢n a cambio de la consecuci¨®n de reformas legislativas. La cuenta sale a casi una cada 15 d¨ªas, ya sean leyes o decretos ley. Y los problemas que tuvo la semana pasada el Ejecutivo para aprobar la legislaci¨®n sobre los interinos han hecho patente su debilidad parlamentaria, en especial cuando las medidas sean controvertidas.

El decreto para regularizar la situaci¨®n de los empleados p¨²blicos temporales formaba parte de los hitos comprometidos para obtener el primer desembolso que se realizar¨¢ a final de a?o, por valor de 11.400 millones, tras el anticipo de 9.000 millones que se efectuar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas o semanas. El Gobierno ya hab¨ªa dicho que ten¨ªa suficientes hitos y objetivos cumplidos como para obtener ese primer pago condicionado a medidas. Pero quedaba esa reforma de los interinos, cuya entrada en vigor estaba pactada con Bruselas para el segundo trimestre de 2021, seg¨²n figura en la documentaci¨®n aprobada por el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno. De hecho, el Ejecutivo tuvo que tramitarlo como real decreto ley porque de otra forma no habr¨ªa conseguido tenerlo a tiempo. Ahora ha tenido que acordar con los grupos parlamentarios su tramitaci¨®n como proyecto de ley. Pero mientras tanto el real decreto ley se convalida y, por lo tanto, finalmente se cumplir¨¢ con Bruselas. Esta situaci¨®n subraya los malabarismos parlamentarios que tendr¨¢ que hacer el Gobierno para legislar en los plazos acordados con Bruselas.

Tambi¨¦n hay retrasos con la plataforma que tiene que servir para registrar todos los pagos y que Bruselas pueda controlarlos, un hito necesario para el primer desembolso. Tampoco se ha establecido y dotado la unidad permanente de la Autoridad Fiscal (Airef) que ha de elaborar las revisiones de gasto o spending reviews para ganar en eficiencia, otro compromiso estipulado para el primer desembolso. Ni se ha formado el equipo permanente del Ministerio de Hacienda que debe asegurarse de que se implementen las recomendaciones de la Autoridad fiscal en este sentido, tambi¨¦n otro compromiso adquirido para el primer pago.

Pero estas son situaciones que dependen directamente de la gesti¨®n del Ejecutivo y que siempre pueden aprobarse de un d¨ªa para otro. Lo que cuesta y tarda m¨¢s es allanar el camino para su aprobaci¨®n en el Congreso cuando se trata de normas con rango de ley, ya que es el Parlamento el que legisla.

Las ¨²ltimas dificultades han puesto de relieve la precariedad parlamentaria del Ejecutivo. Y las complicadas relaciones con sus socios: el PNV ha mostrado su descontento por la gesti¨®n de la pandemia, est¨¢ molesto con algunas iniciativas gubernamentales y tiene profundas discrepancias con muchas posiciones que manifiesta Podemos. ERC quiso ense?ar con los interinos su capacidad para condicionar la gesti¨®n del Ejecutivo. Incluso Podemos se desmarc¨® e hizo oposici¨®n a pesar de que su partido lo hab¨ªa aprobado antes en el Consejo de Ministros.

Y el principal partido de la oposici¨®n, el PP, no pactar¨¢ simplemente para que se puedan conseguir los fondos europeos. Aunque exista el riesgo de perder recursos, exigir¨¢ que se plasme su criterio en lo que respalde. De hecho, ya sucedi¨® con el decreto ley para organizar la gesti¨®n de los fondos, cuando el Gobierno necesit¨® in extremis la abstenci¨®n de Vox para sacarlo adelante.

Laboral, pensiones y vivienda

La ley de vivienda ya est¨¢ dando numerosos quebraderos de cabeza. Y la reforma laboral probablemente, tambi¨¦n. En las pensiones, el ministro de Seguridad Social, Jos¨¦ Luis Escriv¨¢, fue criticado por todos los partidos salvo el PSOE en la Comisi¨®n del Pacto de Toledo en el Congreso. Y puso en evidencia los obst¨¢culos que puede encarar para aprobar un mecanismo de correcci¨®n del sistema de pensiones despu¨¦s de haber vendido a todos los grupos pol¨ªticos, tambi¨¦n cuando era presidente de la Autoridad Fiscal, que no hac¨ªan falta medidas de ajuste.

Con medio centenar de normas por aprobar, el exigente calendario pondr¨¢ a prueba las dotes negociadoras del Gobierno y tensar¨¢ las costuras de la fragmentada mayor¨ªa pol¨ªtica que lo respalda. A diferencia de Italia, donde el Gobierno ha pactado con las c¨¢maras el plan de recuperaci¨®n, el Ejecutivo espa?ol tendr¨¢ que ir una por una. El ascenso del nuevo ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, y de la vicepresidenta primera, Nadia Calvi?o, puede interpretarse en este sentido: sus perfiles con un talante m¨¢s negociador deber¨ªan facilitar esta labor. El Gobierno tendr¨¢ que llegar al Parlamento con los decretos negociados antes si no quiere arriesgarse a perder una votaci¨®n importante.

Una prueba m¨¢s de la situaci¨®n parlamentaria es c¨®mo el Ejecutivo est¨¢ planteando ahorrarse otra vez la votaci¨®n de la senda de objetivos de d¨¦ficit. Hacienda argumenta que no hace falta someterla a las Cortes porque Bruselas ha levantado las reglas fiscales. Pero la ley es inequ¨ªvoca: el Congreso y el Senado se pronunciar¨¢n aprobando o rechazando los objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Gobierno. Y los Presupuestos tendr¨¢n que ce?irse a estas metas de d¨¦ficit p¨²blico, con independencia de que la UE haya eximido temporalmente a los pa¨ªses miembros de la disciplina fiscal.

El precio de las reformas

Fuentes de Bruselas explican que, si no se cumple con una reforma, siempre se dar¨¢ una segunda oportunidad para hacerlo. Y se?alan que se ha dejado a discreci¨®n de la Comisi¨®n qu¨¦ ocurrir¨¢ cuando haya un incumplimiento, sobre todo con las iniciativas que son m¨¢s controvertidas. No se ha querido fijar por adelantado cu¨¢nto se dejar¨ªa de recibir de no hacer una reforma porque entonces se estar¨ªa se?alizando el coste de cada medida, y un Gobierno podr¨ªa tener la tentaci¨®n de renunciar estrat¨¦gicamente a una cantidad determinada de fondos a cambio de no tener que aprobar una reforma concreta.

El Ejecutivo se enfrenta a una tarea compleja sacando adelante medio centenar de normas de aqu¨ª a finales de 2023, pero siempre podr¨¢ evitar parte del mercadeo parlamentario empaquetando varias medidas en una ley ¨®mnibus. Y el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano critica que al recogerse como hitos solo la aprobaci¨®n de las leyes no se est¨¢ fijando por escrito el contenido exacto que deben tener esas legislaciones.

Entre las principales normas que han de ponerse en marcha, al cierre de 2021 tendr¨¢ que estar lista la reforma laboral con los nuevos ERTE estructurales y los cambios en la negociaci¨®n colectiva y la subcontrataci¨®n. A mediados de 2022 deber¨ªa estar aprobada la cotizaci¨®n por ingresos reales de los aut¨®nomos y la revisi¨®n de los sistemas de pensiones complementarios. A finales de 2022 se tendr¨ªa que completar la ley de vivienda, la ley de la funci¨®n p¨²blica y la reforma de las pensiones, incluyendo las subidas de las cotizaciones m¨¢ximas, la modificaci¨®n del periodo para calcular la pensi¨®n y la sustituci¨®n del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional que haga frente a la jubilaci¨®n del baby boom. Y a principios de 2023 tendr¨ªa que entrar en vigor la reforma fiscal que se dise?e a partir de las recomendaciones de la comisi¨®n de expertos y la revisi¨®n de los beneficios fiscales.

De los ocho desembolsos condicionados que hay, los dos ¨²ltimos, el s¨¦ptimo y el octavo, ya no incluyen reformas sino exclusivamente objetivos de gasto. Por ejemplo: el n¨²mero de viviendas que se deben rehabilitar, el de pymes ayudadas en su digitalizaci¨®n o el de empleos estabilizados en el sector p¨²blico.