Las multinacionales espa?olas conf¨ªan en un ¨¢rbitro internacional para sortear el conflicto con el Gobierno peruano
ACS, FCC, Telef¨®nica y Enag¨¢s mantienen pleitos millonarios en el organismo de arbitraje del Banco Mundial por incumplimientos del pa¨ªs andino
M¨¢s de una veintena de multinacionales espa?olas tienen intereses en Per¨², donde el cambio de Gobierno, encabezado por el maestro izquierdista Pedro Castillo, ha levantado una ola de incertidumbre por el posible giro radical de la pol¨ªtica econ¨®mica del pa¨ªs hacia concepciones marxistas o en contra del libre mercado. En especial, cuatro grupos ¡ªACS, FCC, Telef¨®nica y Enag¨¢s¡ª se juegan mucho porque tienen pendientes pleitos millonarios derivados de contratos suscritos con anteriores Administraciones.
Estas cuatro grandes compa?¨ªas conf¨ªan en que los expedientes abiertos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial, medie a su favor y evite un conflicto con el nuevo Ejecutivo de Castillo, que durante la campa?a se mostr¨® muy beligerante con los inversores extranjeros en el pa¨ªs andino.
El Estado peruano est¨¢ ahora demandado en una veintena de procesos por vulnerar derechos de inversiones extranjeros, en los que se le reclaman 5.000 millones de d¨®lares (4.250 millones de euros). Por el momento, ha recibido sentencias a su favor por cerca de 110 millones de d¨®lares y ha sido en total condenado a pagar solo 43 millones, pero los analistas apuntan a que ese balance va a cambiar pronto por procesos en los que la Administraci¨®n peruana cometi¨® abusos que se deben dirimir en el Ciadi.
Metro de Lima
Es el caso de ACS y FCC que, junto con sus socios italianos Impregilo y Ansaldo y la peruana Cosapi, acaban de ganar la demanda que presentaron ante el Ciadi en 2017 por las obras de la l¨ªnea 2 del Metro de Lima. El organismo consider¨® el pasado julio que, tal como defend¨ªan las empresas espa?olas, fue el Gobierno peruano el que incumpli¨® sus obligaciones contractuales en relaci¨®n con el proyecto de construcci¨®n. La conclusi¨®n fue que la entrega de los terrenos donde se ten¨ªa que desarrollar la infraestructura no presentaba las condiciones pactadas en el contrato, lo que ocasion¨® m¨¢s de un a?o de retraso en las obras.
Tras esta resoluci¨®n, el consorcio en el que est¨¢n ACS y FCC present¨® el pasado 20 de agosto otra demanda de arbitraje ante el Ciadi, seg¨²n ha podido saber EL PA?S. Aunque ambas constructoras no han respondido a los requerimientos de este diario, se estima que esta nueva demanda busca concretar las indemnizaciones que se solicitan al Gobierno peruano, que podr¨ªan rondar los 700 millones de d¨®lares (unos 600 millones de euros). El contrato se firm¨® en 2014 para la construcci¨®n de una l¨ªnea que atravesar¨¢ 27 kil¨®metros de v¨ªa en un total de 27 estaciones, y se estima que estar¨¢ completada en 2024.
Telef¨®nica y Enag¨¢s
Telef¨®nica tambi¨¦n ha decidido acudir al arbitraje tras mantener un pleito fiscal interminable con la Administraci¨®n peruana que dura ya m¨¢s de dos d¨¦cadas. En marzo pasado, se registr¨® la demanda de la operadora de telecomunicaciones en el Ciadi alegando que la administraci¨®n tributaria peruana ¡ªdenominada Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administraci¨®n Tributaria, conocida como Sunat¡ª y otros organismos estatales incumplen las obligaciones establecidas en el acuerdo de inversiones rec¨ªprocas entre Espa?a y Per¨² de 1994, ¡°incluyendo actuaciones arbitrarias y discriminatorias¡±. La operadora reclama una indemnizaci¨®n millonaria, cuya cuant¨ªa no ha querido revelar, por todos los da?os y perjuicios sufridos.
Mientras el Ciadi decide, la situaci¨®n procesal para la empresa espa?ola se tuerce. Telef¨®nica ha impugnado la decisi¨®n adoptada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la cual se denegaba la renovaci¨®n de las concesiones para la prestaci¨®n de servicios de telefon¨ªa fija, v¨¢lidas hasta el 2027, y est¨¢ pendiente de la renovaci¨®n de la banda de 1.900 MHz de telefon¨ªa m¨®vil para todo Per¨² (excepto Lima y Callao), que expir¨® en 2018.
En el cap¨ªtulo fiscal, tras una sentencia favorable en febrero pasado del Tribunal Constitucional sobre intereses de demora, el pasado 23 de junio recibi¨® un fallo desfavorable del Tribunal Supremo en relaci¨®n con el saldo a favor utilizable en la declaraci¨®n del Impuesto sobre Sociedades del a?o 2000. De esta forma, ha tenido que elevar la provisi¨®n por las futuras p¨¦rdidas que le puedan ocasionar estos litigios fiscales hasta los 2.895 millones de soles peruanos, equivalente a 631 millones de euros, seg¨²n datos facilitados por la compa?¨ªa.
Por su parte, Enag¨¢s prev¨¦ abordar con el nuevo Gobierno peruano una negociaci¨®n para buscar un acuerdo amistoso al conflicto abierto por Gasoducto Sur Peruano (GSP), el proyecto de gasoducto de m¨¢s de 1.000 kil¨®metros que fue paralizado en 2017. Una negociaci¨®n paralela al proceso arbitral que tiene abierto la compa?¨ªa, participada mayoritariamente por el Estado espa?ol, en el Ciadi y por el que reclama casi 400 millones de euros como indemnizaci¨®n.
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