Dos d¨¦cadas de guerra a la vivienda vac¨ªa

Espa?a lleva casi desde principios de siglo con el punto de mira en la vivienda vac¨ªa. Pr¨¢cticamente desde 2001, cuando la burbuja inmobiliaria se iba hinchando a golpe de cr¨¦dito. Ese a?o el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) public¨® que hab¨ªa 3,1 millones de casas desocupadas. Diez a?os m¨¢s tarde, tras el naufragio del ladrillo y en plena oleada de desahucios, los datos del INE arrojaban m¨¢s hogares vac¨ªos: hasta 3,4 millones. Sin embargo, los registros que han ido elaborando las ciudades ¡ªbasados en indicadores como los suministros de luz o encuestas con vecinos¡ª rebajan dr¨¢sticamente esa cifra. Por ejemplo, la oficina estad¨ªstica se?al¨® que en Barcelona hab¨ªa 88.000 viviendas vac¨ªas, mientras que el Ayuntamiento recort¨® esa estimaci¨®n hasta 13.000.

Tras m¨¢s de dos d¨¦cadas focalizando el problema en los pisos vac¨ªos, los expertos dudan de que esa sea la cuesti¨®n. ¡°No hay ni mucho menos la cantidad que se?ala el INE. Y menos ahora, puesto que con los actuales alquileres el coste de no tener un piso arrendado es demasiado elevado¡±, sostiene Jos¨¦ Garc¨ªa Montalvo, catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. ¡°No es cierto que sea la soluci¨®n para la vivienda social¡±, coincide el economista y ex secretario de Vivienda del Gobierno catal¨¢n Ricard Fern¨¢ndez. ¡°La gran bolsa de pisos por vender, muchos por el estallido de la burbuja, est¨¢ en zonas poco tensionadas. Hay medidas mucho m¨¢s interesantes, como la reserva del 30% de las nuevas edificaciones a pisos p¨²blicos¡±, a?ade.

Aun as¨ª, las comunidades y los Ayuntamientos siguen tratando de reba?ar el plato y movilizar el m¨¢ximo de casas vac¨ªas para revertir la cronificaci¨®n del gran problema que arrastra Espa?a: la falta de viviendas en alquiler. En especial, las que est¨¢n en manos de la banca y del banco malo, con quienes las Administraciones han ido firmando convenios. A continuaci¨®n, se enumeran algunas de las medidas aplicadas por regiones y municipios. En general, usan el palo y la zanahoria: incentivos para quienes alquilen sus pisos y sanciones, e incluso expropiaciones de uso, a quienes detecten que tienen sus pisos vac¨ªos mediante inspecciones y el control de los suministros de luz, gas y agua. El Gobierno quiere ahora, seg¨²n fuentes de Unidas Podemos, que grandes propietarios de vivienda sufraguen las medidas para peque?os propietarios.

Catalu?a. Existe un impuesto que grava las viviendas vac¨ªas desde 2015 para incentivar que los bancos cedan pisos al alquiler social. Solo antes de entrar en vigor, ya logr¨® que las entidades cedieran 1.200 pisos. El impuesto grava a pisos propiedad de entidades financieras y grandes tenedores (tambi¨¦n la Sareb) que lleven m¨¢s de dos a?os sin ocupante. El tributo se aplica en los 72 municipios con una ¡°fuerte demanda¡± de vivienda y es de entre 850 y 1.650 euros anuales por piso. Entre 2016 y 2020 la Generalitat ha recaudado 66,8 millones de euros netos con este impuesto.

En Barcelona, el Ayuntamiento ha recurrido tambi¨¦n a la compra. En seis a?os, la alcaldesa, Ada Colau, ha adquirido casi mil casas por 70 millones de euros para evitar procesos de expulsi¨®n y aumentar la bolsa de vivienda de emergencia para familias desahuciadas. Desde 2019, adem¨¢s, Colau ha expropiado el uso durante tres a?os de seis pisos que son propiedad de la banca y el consistorio ha podido demostrar que han permanecido vac¨ªos dos a?os. El alquiler forzoso, por un m¨¢ximo de diez a?os, est¨¢ previsto en la ley catalana de vivienda.

Baleares. La ley de Vivienda aprobada en 2018 contempla la intervenci¨®n de las viviendas vac¨ªas mediante su cesi¨®n de uso temporal. Para ello los grandes tenedores ¡ªpersonas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que disponen de diez inmuebles o m¨¢s¡ª est¨¢n obligados a inscribir en un registro auton¨®mico las viviendas que llevan m¨¢s de dos a?os desocupadas. La ley faculta a la Administraci¨®n a disponer de estos pisos cuando se justifica una ¡°necesidad real¡± de vivienda que no se ha podido satisfacer con otras medidas. En marzo de este a?o, el Gobierno regional dict¨® la primera resoluci¨®n para expropiar de forma temporal el primer paquete de 56 viviendas vac¨ªas procedentes de bancos que se destinar¨¢n a alquiler social. La norma estipula que la Administraci¨®n tiene que pagar un justiprecio a los propietarios de los inmuebles para su utilizaci¨®n durante los pr¨®ximos siete a?os, que en el caso de este primer lote alcanza los 1,8 millones de euros.

Comunidad Valenciana. El Gobierno aprob¨® a principios de octubre el decreto para la movilizaci¨®n de las viviendas vac¨ªas de los grandes tenedores de vivienda. El texto legal regula el procedimiento para la declaraci¨®n de vivienda deshabitada y afectar¨¢ a personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas propietarias de diez o m¨¢s inmuebles deshabitados. La Generalitat estima que el n¨²mero de casas que se podr¨¢n movilizar asciende a 15.000. La norma da a sus titulares seis meses para ponerlas a la venta, alquiler o cesi¨®n de uso. En el caso de que el inmueble permanezca deshabitado, la norma establece multas mensuales, que ir¨¢n a actuaciones en materia de vivienda. El decreto incluye adem¨¢s la creaci¨®n del Registro de Viviendas Deshabitadas con el que el Ayuntamiento de Valencia podr¨¢ aplicar una ordenanza fiscal aprobada hace dos a?os que impone un recargo del 30% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los grandes tenedores de viviendas vac¨ªas.

Pa¨ªs Vasco. Hay 15.134 pisos incluidos en el Registro de Viviendas Deshabitadas del Gobierno vasco. Desde su creaci¨®n en 2013, el programa Bizigune impulsado por el Ejecutivo persigue captar estos pisos para su puesta en el mercado a trav¨¦s del alquiler protegido. El due?o pone su piso a disposici¨®n de la sociedad p¨²blica Alokabide, que garantiza el pago mensual de la renta, gestiona de principio a fin los tr¨¢mites del arrendamiento y devuelve la vivienda en condiciones adecuadas al finalizar el periodo del contrato. ¡°El programa es un ¨¦xito y un referente. Varias comunidades y pa¨ªses se han interesado en conocer su funcionamiento¡±, asegura el viceconsejero de Vivienda, Pedro J¨¢uregui. La renta media que pagan los inquilinos es de 230 euros mensuales y el Gobierno complementa la cantidad restante, hasta los 600 euros, que como m¨¢ximo recibe el propietario. El Gobierno aut¨®nomo ha destinado 33,1 millones. Esta estrategia ha permitido gestionar 6.800 viviendas deshabitadas.

En junio de este a?o entr¨® en vigor en el Pa¨ªs Vasco un decreto que penaliza mantener pisos vac¨ªos y trata de fomentar su alquiler social. Si permanecen desocupados durante m¨¢s de dos a?os, los due?os deber¨¢n pagar un canon fiscal de 10 euros anuales por metro cuadrado (se incrementa un 10% por cada a?o que siga desocupado, con un m¨¢ximo de tres veces el importe inicial). La nueva normativa contempla tambi¨¦n el alquiler forzoso e incluso la expropiaci¨®n de pisos deshabitados en zonas donde la necesidad de vivienda es muy alta.

Andaluc¨ªa. Sevilla ha puesto en marcha un plan para fomentar el acceso a la vivienda que, con 12 millones de euros, ha permitido comprar 71 pisos para destinarlos al uso social. En el ¨²ltimo censo del INE, la capital andaluza ten¨ªa un 14,3% de vivienda deshabitada que, en 2018, de acuerdo con otro censo realizado por el Ayuntamiento, se ha reducido al 7%. C¨¢diz tambi¨¦n puso en marcha un programa de Alquiler Social en 2016 para que los propietarios pusiesen las viviendas vac¨ªas en el mercado con la mediaci¨®n municipal, pero la respuesta limitada oblig¨® al consistorio a introducir cambios.

El Ejecutivo andaluz no tiene actualmente ning¨²n programa para promover la salida al mercado de las viviendas deshabitadas. En 2013, Andaluc¨ªa aprob¨® una ley que permit¨ªa la expropiaci¨®n a las personas jur¨ªdicas que no pusieran en alquiler esos inmuebles sin ocupar, pero el Tribunal Constitucional suspendi¨® la norma, despu¨¦s de que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy interpusiera un recurso de inconstitucionalidad.