Las cabinas telef¨®nicas desaparecer¨¢n completamente en 2022 tras m¨¢s de un siglo de existencia
El Gobierno elimina la obligaci¨®n de mantenerlas como servicio p¨²blico
Ten¨ªan fecha de caducidad, pero recibieron varios indultos, m¨¢s por razones nost¨¢lgicas que econ¨®micas o de servicio p¨²blico. El Gobierno ha decidido por fin excluir a las cabinas y a las gu¨ªas telef¨®nicas del servicio universal de telecomunicaciones que obliga ahora al Estado a mantener esta prestaci¨®n en todo el territorio nacional. As¨ª consta en el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT) aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
Menos del 20% de la poblaci¨®n ha usado alguna vez estos casi viejos objetos de museo (y pr¨¢cticamente ning¨²n usuario de entre los menores de 30 a?os) que tienen m¨¢s de un siglo de historia. La popularizaci¨®n del tel¨¦fono m¨®vil desde los a?os 90 arrumb¨® a las cabinas definitivamente del mobiliario urbano, v¨ªctimas del abandono y del vandalismo, pero aun as¨ª los sucesivos gobiernos decidieron concederles una pr¨®rroga. La ¨²ltima medida de gracia se tom¨® el 1 de enero de 2019. Pero en cuanto entre en vigor esta ley ¡ªprevisiblemente en el segundo semestre de 2022¡ª, dejar¨¢n de existir tras ser eliminadas del servicio universal porque ninguna compa?¨ªa va a querer hacerse cargo de ellas.
En Espa?a sobreviven alrededor de 15.000 cabinas. El actual servicio universal garantiza que tiene que haber al menos un tel¨¦fono p¨²blico de pago y uno m¨¢s por cada 3.000 habitantes en cada localidad de 1.000 o m¨¢s habitantes y una cabina en cada uno de los municipios de menos de 1.000 habitantes en los que est¨¦ justificado con base a los criterios de oferta m¨ªnima. Pero ya en 5.000 municipios no hay ninguna cabina.
Como nadie quiere hacerse cargo de este negocio ruinoso, el Gobierno ha obligado a Telef¨®nica a costear el servicio y su mantenimiento (2 millones de euros al a?o), aunque luego le compensan parcialmente ese coste. Seg¨²n cifras de Telef¨®nica, la media de llamadas por cabina es de 1,15 al d¨ªa, y casi todas se concentran en unos pocos terminales, es decir, que la mayor parte de ellas est¨¢n siempre inactivas. Sin contar con que el vandalismo y los robos se ceban con las que tienen m¨¢s usuarios. Tambi¨¦n desaparece la obligaci¨®n de editar a?o a a?o una gu¨ªa telef¨®nica que ya nadie consultaba y que ni siquiera estaba actualizada con los n¨²meros m¨®viles.
No obstante, la LGT incorpora la banda ancha como parte del servicio universal. Aunque la ley tiene que desarrollarse en distintas normativas para determinar por ejemplo la velocidad de conexi¨®n, el servicio deber¨¢ permitir cumplir una serie de funciones como usar motores de b¨²squeda o buscar empleo y deber¨¢ ser ofrecida por todos los operadores.
M¨¢s derechos para los usuarios
La nueva ley transpone la directiva europea de comunicaciones electr¨®nicas de 2018 y entre sus novedades se encuentra una ampliaci¨®n de funciones del 112 con la posibilidad de crear un sistema de alertas p¨²blicas y nuevas normas para la portabilidad y la gesti¨®n del espectro radioel¨¦ctrico.
Otra de las novedades es que, por primera vez, los servicios de comunicaci¨®n interpersonales no basados en numeraci¨®n o de mensajer¨ªa ser¨¢n regulados. No obstante, esta regulaci¨®n solo se aplicar¨¢ a aquellos inscritos en el registro de operadores, con lo que aplicaciones como WhatsApp (que no est¨¢n registradas) quedar¨ªan exentas de las obligaciones de operador. El texto posibilita crear el mencionado sistema de alertas y permitir¨¢ al 112 usar la ubicaci¨®n de los tel¨¦fonos m¨®viles para determinar mejor la geolocalizaci¨®n de las llamadas.
Entre otras disposiciones destinadas al usuario, se refuerza la transparencia de los contratos, se limita su duraci¨®n a 24 meses y se regulan por primera vez los paquetes de servicios, a la vez que ampl¨ªa derechos en el ¨¢mbito de la portabilidad m¨®vil. As¨ª, se permitir¨¢ conservar el saldo de un m¨®vil de prepago si se cambia de operador, y se regula la accesibilidad de las personas con diversidad funcional a los contratos.
En cuanto a las empresas de telecomunicaciones, el proyecto establece una duraci¨®n m¨ªnima de 20 a?os de las concesiones de espectro, lo que busca dar certezas a las compa?¨ªas para desplegar sus inversiones. Tambi¨¦n se ha habilitado un mercado secundario del espectro radioel¨¦ctrico, as¨ª como un esquema de autorizaci¨®n general para acelerar el despliegue en ¨¢reas peque?as con dispositivos de potencia limitada.
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