Las comunidades de vecinos podr¨¢n vetar la entrada a la piscina a los propietarios morosos

Parec¨ªa un mero tr¨¢mite parlamentario, apoyado en un amplio e inusual consenso pol¨ªtico en lo que a la vivienda se refiere, pero promete m¨¢s de una emoci¨®n fuerte en las comunidades de vecinos. La ley de impulso a la rehabilitaci¨®n, aprobada este mi¨¦rcoles definitivamente por el Senado, busca reforzar la situaci¨®n financiera de las comunidades para que se animen a mejorar el edificio y para ello refuerza la lucha contra los que no pagan las cuotas. El texto, que parte del decreto-ley aprobado el pasado 5 de octubre por el Gobierno (luego validado por el Congreso, con la condici¨®n de tramitarlo como proyecto de ley para poder introducir enmiendas) se?ala que ¡°la junta de propietarios podr¨¢ acordar medidas disuasorias frente a la morosidad¡±. Y especifica que dichas medidas podr¨¢n consistir en ¡°la privaci¨®n temporal del uso de servicios o instalaciones¡±. Es decir, que quienes no est¨¦n al corriente podr¨¢n verse vetados de entrar, por ejemplo, en la piscina u otras instalaciones comunitarias.

La norma, no obstante, tambi¨¦n pone l¨ªmites a lo que podr¨¢ aprobarse en la reuni¨®n de escalera e ¡°incluirse en los estatutos¡±. Especifica, por ejemplo, que las ¡°medidas disuasorias estar¨¢n acotadas al tiempo en que persista la situaci¨®n de morosidad y ¡°no podr¨¢n tener en ning¨²n caso car¨¢cter retroactivo¡±. Y limita asimismo aquellas que ¡°puedan reputarse abusivas o desproporcionadas o que afecten a la habitabilidad de los edificios¡±.

Los administradores de fincas, seg¨²n las fuentes consultadas, interpretan que esto significa que ¡°nunca se podr¨¢ cortar un suministro esencial¡±. A priori, no ven problema en impedir la entrada a una piscina o una cancha de p¨¢del, pero a?aden que habr¨¢ que ver c¨®mo se concreta en el d¨ªa a d¨ªa el cambio normativo. ¡°Hay qui¨¦n cuestiona qu¨¦ culpa tendr¨ªan los hijos del moroso que no pudieran bajar a la piscina con sus amigos¡±, ejemplifican las fuentes consultadas. Pero a?aden que ¡°en cualquier caso la intenci¨®n de la ley, l¨®gicamente, es presionar para evitar la morosidad y facilitar el cobro¡±.

Adem¨¢s de dar cobertura legal para que las comunidades puedan ensayar nuevas formas de presionar a los morosos, los cambios que se han introducido durante el tr¨¢mite parlamentario tambi¨¦n refuerzan la opci¨®n jur¨ªdica. En concreto, el texto habla de un ¡°proceso monitorio especial¡± para que la comunidad pueda reclamar judicialmente contra el vecino que no paga. En ese procedimiento, se podr¨¢ pedir un ¡°embargo preventivo¡± de los bienes del moroso.

Uno de los objetivos de la norma, se?alan en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es precisamente reforzar la capacidad jur¨ªdica de las comunidades de propietarios para que puedan acceder m¨¢s f¨¢cilmente a cr¨¦ditos y acometer rehabilitaciones energ¨¦ticas u obras de accesibilidad. La aprobaci¨®n definitiva por el Senado supone el pistoletazo de salida para una nueva l¨ªnea del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) con un valor m¨¢ximo de 1.100 millones y avalada por recursos p¨²blicos. Los fondos provienen de los planes de recuperaci¨®n que la Uni¨®n Europea otorg¨® a Espa?a durante la pandemia, y que prev¨¦n para estas partidas una inversi¨®n de 3.420 millones hasta 2026.

La nueva ley consagra el sistema que b¨¢sicamente puso en marcha el decreto del pasado octubre, con deducciones entre el 20% y el 60% en funci¨®n del tipo de obras que se llevan a cabo y el ahorro energ¨¦tico conseguido. El programa contempla tambi¨¦n reformas individuales en una sola vivienda, pero en general las ayudas m¨¢s jugosas (que en algunos casos de especial vulnerabilidad pueden llegar a cubrir el 100% del importe) se reservan para actuaciones colectivas. Eso implica en la mayor¨ªa de los casos un desembolso por parte de las comunidades de propietarios, pero en el proceso de concreci¨®n de las medidas se observ¨® que muchas ten¨ªan problemas, por ejemplo, para que los bancos les dieran un pr¨¦stamo. Para evitar esas trabas se han ido aprobando una serie de cambios durante el tr¨¢mite parlamentario, que incluyen por ejemplo la posibilidad de que en adelante las entidades financieras puedan reclamar directamente a la comunidad en caso de impago del cr¨¦dito (hasta ahora deb¨ªan dirigirse individualmente a los propietarios, lo que supon¨ªa otro contratiempo).

El Senado ha dado el visto bueno a la norma, lo que supone su aprobaci¨®n definitiva por las Cortes Generales, con un amplio apoyo. En la votaci¨®n hubo 236 s¨ªes, frente a cinco abstenciones (Junts per Catalunya) y 16 votos contrarios (14 de ERC y dos de senadores socialistas. En la misma sesi¨®n y con similar consenso (231 votos a favor y 25 abstenciones de grupos nacionalistas) tambi¨¦n sali¨® adelante la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura, que busca reforzar la protecci¨®n del patrimonio construido. Esta es una de las reformas que se prometieron a Bruselas a cambio de los fondos de recuperaci¨®n y el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto el pasado octubre, a la vez que el de la ley de vivienda. Pero a diferencia de su norma gemela, que todav¨ªa se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso, el recorrido de la Ley de Calidad de la Arquitectura y su negociaci¨®n parlamentaria han sido mucho m¨¢s pl¨¢cidos.