No va contra los ricos: va contra el empleo industrial

Los precios de los alimentos y de muchos otros productos est¨¢n caros. Tambi¨¦n los de la energ¨ªa: electricidad, gasolina, di¨¦sel y gas. Los gobernantes ya han identificado el problema, que por supuesto no tiene que ver con ellos: ¡°Algunas empresas tienen beneficios extraordinarios en un momento de dificultad como el actual; pongamos un nuevo impuesto¡±.

?Qu¨¦ es un beneficio extraordinario? Los mercados son regulados o libres. Un mercado regulado es, por ejemplo, el el¨¦ctrico. Por sus limitaciones t¨¦cnicas, no puede ser libre. El regulador trata de equilibrar el inter¨¦s del productor de electricidad con el del consumidor. Cuando una circunstancia extrema sucede y ese equilibrio se rompe, parece razonable pensar que el regulador busque reducir ese beneficio extraordinario de las el¨¦ctricas. Es por ejemplo lo que ha pasado con el tope del precio del gas promovido por el Gobierno. Una medida que trata de llevar los precios a un equilibrio en un mercado regulado. De la misma manera, tambi¨¦n se garantiza la rentabilidad de las empresas el¨¦ctricas por parte del regulador.

Otros mercados son libres. Las empresas invierten en un negocio industrial, sea acero, refino, papel o qu¨ªmica. Sus productos compiten con los que se pueden importar por cualquiera que pueda comercializarlos. Es el mercado internacional, la oferta y la demanda, la que fija los precios. Cuando hay m¨¢s demanda que producci¨®n, los precios suben y las empresas tratan de invertir en nueva producci¨®n. Cuando en el mundo hay m¨¢s producci¨®n que demanda de producto, los precios caen y las empresas pierden dinero. A ning¨²n gobierno se le ocurre clamar contra las p¨¦rdidas extraordinarias y dar subvenciones a esas empresas, evidentemente. Por ejemplo, Repsol perdi¨® 7.105 millones en 2019 y 2020, principalmente a consecuencia de la pandemia. Los resultados acumulados desde entonces, incluidos los supuestos beneficios extraordinarios de 2022, no han compensado aquella p¨¦rdida brutal.

Ese mal llamado beneficio extraordinario se pretende abordar con una legalidad cuestionable. Cuando un gobierno tiene que presentar un proyecto de ley, debe pedir opiniones e informes a ¨®rganos que aportan una visi¨®n complementaria, entre ellos, al Consejo de Estado. ?Qu¨¦ se ha hecho? Para que esa discriminaci¨®n no quede en evidencia, el Gobierno evita presentar un proyecto de ley. Lo registran dos grupos parlamentarios y as¨ª se saltan los informes y los contrastes, aunque haya suficientes evidencias de que la iniciativa y su impulso hayan partido del Ejecutivo.

Adem¨¢s, como ese pretendido impuesto ser¨ªa probablemente ilegal en nuestro sistema fiscal, se opta por una figura llamada prestaci¨®n patrimonial, sin que haya prestaci¨®n alguna por parte del Estado que soporte esa figura. Es simplemente un impuesto encubierto que grava a las empresas por partida doble.

Desde 2008, Repsol ha invertido 14.000 millones de euros en Espa?a para tener el sistema de refino m¨¢s competitivo de Europa. Hemos mantenido y desarrollado el empleo industrial en nuestro pa¨ªs mientras muchas refiner¨ªas en Europa cerraban, dejando a los trabajadores en la calle. Vamos a invertir adem¨¢s miles de millones en los pr¨®ximos a?os para producir combustibles m¨¢s sostenibles. La rentabilidad media de la inversi¨®n en nuestras refiner¨ªas en los ¨²ltimos cinco a?os, hasta el pasado 30 de junio incluido, ha sido del 6,6%, cuando el propio Estado garantiza, sin riesgos, la retribuci¨®n de la generaci¨®n regulada en el sector el¨¦ctrico por encima de un 7%. ?Alguien puede defender que eso es un beneficio extraordinario?

Unamos a esto la discriminaci¨®n. ?Por qu¨¦ no se incluyen otros sectores que han subido fuertemente los beneficios este a?o? ?Por qu¨¦ se dejan fuera a competidores de menor tama?o que tambi¨¦n venden carburantes y compiten con una empresa como Repsol? ?O estamos quiz¨¢ hablando de un impuesto que va contra el que tiene refiner¨ªas e invierte en la industria espa?ola? ?Nos sorprende despu¨¦s que los precios del petr¨®leo y del gas suban si, por motivos ideol¨®gicos, dificultamos que se invierta en esta industria en nuestro pa¨ªs y se genere empleo?

Que nadie se equivoque. Creo en los impuestos. Pago mis impuestos con gusto. Creo en un IRPF alto para los que m¨¢s ganan, y en un impuesto elevado para las rentas de capital. Pude estudiar toda mi vida con becas porque algunas personas pagaron sus impuestos para que yo alcanzase una formaci¨®n y pienso en ello cada vez que pago los m¨ªos. Pero este impuesto camuflado no es para los ricos. No es para los que ganan mucho. Si ese es su discurso, les pido a los gobernantes que sean valientes, que suban el IRPF y las rentas de capital y graven al que tiene dinero. No es as¨ª. Su demagogia esconde una mentira: es un impuesto disfrazado que no va contra los ricos, va contra la actividad empresarial. Va a da?ar la capacidad de inversi¨®n de las empresas para transformarse. Va a da?ar el empleo industrial. Y lo pagar¨¢n la competitividad del pa¨ªs y su modernizaci¨®n. Por cierto, hablando de impuestos, el a?o pasado Repsol contribuy¨® con 1.890 millones de euros por el Impuesto de Sociedades y la empresa pag¨® un total de 11.455 millones de euros en impuestos, tanto soportados como recaudados, todo ello con un resultado despu¨¦s de impuestos de 2.499 millones de euros.

Creo tambi¨¦n en las instituciones. Creo en las garant¨ªas constitucionales y en las legales, tanto las espa?olas como las europeas. Por eso estoy convencido de que el camino planteado no tiene recorrido. Alguna instituci¨®n determinar¨¢ el car¨¢cter discriminatorio de la iniciativa. Todo lo recaudado ser¨¢ devuelto a las empresas que fueron injustamente gravadas en mitad de la furia de un discurso demag¨®gico y la seguridad jur¨ªdica quedar¨¢ sin duda restaurada. Pero no me quiero quedar ah¨ª. Prefiero subrayarles un compromiso: Repsol continuar¨¢ en todo caso con su apuesta firme de transformar sus negocios invirtiendo para ello todo lo necesario en nuestros centros industriales en Espa?a. Para defender con u?as y dientes el empleo industrial que, con esta iniciativa, tan malparado queda. Les doy mi palabra.

Josu Jon Imaz es consejero delegado de Repsol.