La justicia europea, a punto de tumbar la normativa de Colau que limita a Uber y Cabify

La justicia europea ha dado un duro varapalo a la normativa del ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsada por la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, que restringe la actividad de los veh¨ªculos de transporte con conductor (VTC) que explotan plataformas como Cabify o Uber. El informe del Abogado General de la UE considera que esa norma ¡°viola la libertad de establecimiento¡± en el marco del tratado de funcionamiento de la Uni¨®n Europea, y se?ala que tanto el r¨¦gimen de doble autorizaci¨®n como la limitaci¨®n de una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi no est¨¢n justificadas por causas de inter¨¦s general.

Seg¨²n el Abogado General Maciej Szpunar, esa restricci¨®n del derecho de establecimiento en virtud del art¨ªculo 49 del tratado de funcionamiento de la UE, que se aplica a los servicios en el ¨¢mbito del transporte, solo puede justificarse en el marco de la normativa europea por razones de inter¨¦s general, ¡°y la viabilidad econ¨®mica de los servicios del taxi no puede por s¨ª misma constituir una raz¨®n imperiosa de inter¨¦s general¡±. ¡°Es cuestionable que el servicio del taxi pueda considerarse como un servicio de inter¨¦s econ¨®mico general y dudoso que los operadores de dicho servicio cumplan una obligaci¨®n de servicio p¨²blico¡±, se?ala el informe.

Aunque las conclusiones del Abogado General no son vinculantes, generalmente las sentencias finales del Tribunal de Justicia de Luxemburgo suelen coincidir con su informe. De ser as¨ª, la normativa sobre VTC puede dar un vuelco en toda Espa?a, pues pr¨¢cticamente todas las comunidades aut¨®nomas, salvo Madrid, han aplicado fuertes restricciones a la actividad de esos veh¨ªculos desde que el pasado 1 de octubre se cumpliera la moratoria (el llamado decreto ?balos) que dio el Ministerio de Transportes en 2018 para que las comunidades legislaran sobre la materia, renunciando a una legislaci¨®n de ¨¢mbito nacional.

A instancias de Cabify

El procedimiento ha llegado hasta la justicia europea a instancias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que demand¨® a Luxemburgo que fijara un criterio sobre si la reducci¨®n de las licencias (1 VTC por cada 30 taxis) es acorde a la legislaci¨®n europea en materia de libre competencia. La petici¨®n del TSJC parti¨® de un recurso presentado por la compa?¨ªa Prestige and Limousine, S.L. ¡ªque opera para Cabify¡ª en contra del reglamento impulsado por Ada Colau en el ?rea Metropolitana de Barcelona en 2018.

El informe reconoce que el transporte privado local puede a veces subsanar una falta de servicio no cubierta por el transporte p¨²blico local, pero puntualiza que ampliar la oferta de servicios de transporte local contribuir¨ªa a contar con un sistema que funcionara correctamente. El Abogado General plantea la cuesti¨®n de por qu¨¦ dicha oferta no deber¨ªa incluir los VTC. Afirma que el AMB puede proseguir en su empe?o de garantizar la calidad, seguridad y accesibilidad de los servicios de taxi solo en la medida en que no persiga con ello objetivos econ¨®micos. ¡°Lo que no puede hacer es proteger los servicios del taxi de todo cuestionamiento ulterior solo porque tales servicios puedan constituir un servicio de inter¨¦s econ¨®mico general¡±, se?ala.

En cambio, el Abogado General no concibe ning¨²n argumento en favor de la idoneidad de la ratio de una autorizaci¨®n de VTC por cada 30 licencias de taxi para materializar las razones imperiosas de inter¨¦s general antes mencionadas. Se pregunta por qu¨¦ los servicios del taxi y los servicios de los VTC est¨¢n sujetos a diferentes reg¨ªmenes jur¨ªdicos si satisfacen la misma demanda (transporte local individual privado) y si, como afirma el tribunal nacional [Tribunal Supremo], compiten entre s¨ª.

Subraya que, mientras que los VTC han visto restringido su acceso al mercado hasta el punto de resultar imposible, no se abordan los problemas del r¨¦gimen aplicable a los taxis. Menciona el hecho de que las licencias de taxi que se obten¨ªan inicialmente del Estado por menos de 100 euros se venden actualmente en el mercado secundario por m¨¢s de 100 000 euros. Entiende que reformar y liberalizar genuinamente todo el sistema de los taxis y de los VTC puede situar en considerable desventaja a quienes pagaron cara una licencia y pretenden recuperar el coste mediante (elevadas) tarifas fijas, pero sugiere que habr¨ªa otras formas de evitar el riesgo de que esas personas se vieran perjudicadas distintas de hacerlo a expensas de los servicios de los VTC y de la libertad de establecimiento.

Las conclusiones del Abogado General coinciden con la sentencia del Tribunal Supremo y con la doctrina de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) . Este organismo ha recurrido varias normativas auton¨®micas (Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Castilla y Le¨®n, Catalu?a, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y Pa¨ªs Vasco) por considerar que introducen requisitos ¡°desproporcionados¡± para el inter¨¦s general y perjudican a los consumidores al reducir la competencia en el mercado global de los taxis y las VTC.

El Abogado General de la UE no ve, en principio, problema alguno en justificar la exigencia de una autorizaci¨®n adicional como la que pide AMB, puesto que esta puede satisfacer las especificidades de la regi¨®n en cuesti¨®n, en particular en cuanto al tr¨¢fico y a la contaminaci¨®n. ¡°Sin embargo, la autorizaci¨®n adicional no debe requerir que se dupliquen los controles ya efectuados en otros procedimientos, ni en el mismo Estado miembro ni en ning¨²n otro¡±, se?ala.

Las empresas esperan a la sentencia

Tanto Uber como Cabify, las dos principales empresas que trabajan con veh¨ªculos VTC en Barcelona, han declinado hacer declaraciones a la espera de que haya una sentencia. Con todo, fuentes del sector indican que en el caso de que el tribunal se pronuncie con una sentencia que siga la l¨ªnea del abogado de la UE, el resultado ser¨ªa un varapalo al decreto que en 2019 impuls¨® el entonces consejero de Territorio de la Generalitat, Dami¨¤ Calvet, que restring¨ªa la actividad de los veh¨ªculos VTC y exig¨ªa una doble autorizaci¨®n para operar. Ese decreto sirvi¨® de base para que luego la AMB redactase el reglamento que ha sido objeto del informe del Abogado General de la UE.

No obstante, en Barcelona, el l¨ªder de la Asociaci¨®n Profesional ?lite Taxi Barcelona, Alberto Tito ?lvarez, ha asegurado que la eventual sentencia ¡°no afecta a Barcelona, porque el reglamento al que se refiere el abogado general es de 2019 y actualmente no est¨¢ vigente; ahora est¨¢ vigente el decreto 9/2022 de la Generalitat, que no establece limitaci¨®n cuantitativa, sino requisitos de entrada para las VTC¡±. Desde el 1 de octubre, en Barcelona est¨¢ en vigor el decreto del Govern, que fija que los VTC sean furgonetas o veh¨ªculos de lujo (a partir de 4,9 metros de largo) y no contaminantes, lo que dejar¨¢ fuera la gran mayor¨ªa de las VTC de plataforma (Uber y Cabify), seg¨²n ?lite Taxi. El decreto del Govern persigue que sigan existiendo los veh¨ªculos con ch¨®fer pero no diferenciarlos del servicio del taxi urbano. Durante los meses de septiembre y octubre se estableci¨® un plazo para solicitar la nueva autorizaci¨®n urbana y a finales de este a?o se sabr¨¢ cu¨¢ntas VTC acaban ajust¨¢ndose a la nueva legislaci¨®n en Catalu?a.

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha destacado que se trata de un pronunciamiento, no de una resoluci¨®n judicial, pero ha reconocido que al Consistorio le preocupa el contenido, informa Irene Guevara. ¡°La ciudad de Barcelona tiene derecho a decidir su modelo econ¨®mico, y ha decidido que no ser¨¢ un territorio donde grandes plataformas digitales devoren nuestra econom¨ªa. Lo hemos decidido hacer con la tasa Amazon, con los pisos tur¨ªsticos y con Uber. Barcelona tiene derecho a escoger su modelo econ¨®mico, porque decidiendo nuestro modelo econ¨®mico, decidimos nuestro modelo de sociedad y no queremos una sociedad precarizada, low cost o donde haya empresas oligopolistas que dominen o que hagan competitividad desleal¡±, ha dicho en una comparecencia. Collboni ha defendido el decreto de la Generalitat del pasado mes de octubre y ha asegurado que lo defender¨¢n ¡°hasta donde haga falta¡±. ¡°Sabemos que nos enfrentamos a lobbies muy poderosos, pero estamos convencidos de que nos enfrentamos a una causa justa¡±, ha rematado.