La misi¨®n imposible de impedir que la banca traslade a sus clientes el impuesto del Gobierno
La CNMC, con la ayuda del Banco de Espa?a, debe vigilar que no se repercuta este sobrecoste a los clientes, aunque resulta complicado determinar donde marcar una l¨ªnea roja
El Gobierno busc¨® el pasado julio debajo de las piedras para poder sufragar el gasto extra que conllevaban las medidas antiinflaci¨®n en un momento en el que la espiral de precios tocaba techo (el IPC lleg¨® al 10,8% ese mes). El Ejecutivo mir¨® hacia las energ¨¦ticas y la banca, los dos grandes ganadores de esta crisis, y les impuso una tasa temporal ¡ªde dos a?os¡ª extraordinaria. Sin embargo, se propuso que ese nuevo coste para el sector financiero no acabara siendo repercutido a los propios ciudadanos. ¡°La nueva prestaci¨®n no es deducible en el impuesto sobre Sociedades y no puede trasladarse a los clientes constituyendo infracci¨®n grave el incumplimiento de la prohibici¨®n¡±, recoge la ley publicada en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. La tarea, en la pr¨¢ctica, pone en un brete a la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de controlar que ese tributo no tenga un impacto en el bolsillo de los ciudadanos con la ayuda del Banco de Espa?a.
La cuesti¨®n de si el impuesto se acaba trasladando o no al cliente depende de lo que ocurra en la calle de Alcal¨¢ de Madrid, cerca de la plaza de Cibeles. A un lado de la v¨ªa est¨¢ el Banco de Espa?a, que reconoce que se trata de una funci¨®n pr¨¢cticamente inviable. ¡°Llevo m¨¢s de 35 a?os en supervisi¨®n y me cuesta mucho planificar una cosa as¨ª. Hay diversos factores que inciden en la fijaci¨®n de precios¡±, explicaba Mercedes Olano, directora general de supervisi¨®n del Banco de Espa?a, recientemente en una rueda de prensa. De hecho, el organismo que dirige Pablo Hern¨¢ndez de Cos apunta al otro lado de la calle. ¡°Es la CNMC la que realiza el seguimiento. Nosotros solo le damos la informaci¨®n que nos solicitan¡±, a?adi¨® Olano.
La norma se?ala al respecto: ¡°Corresponde a la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las competencias del Banco de Espa?a y de la obligaci¨®n de ¨¦ste de colaborar con la misma, la comprobaci¨®n del cumplimiento de la obligaci¨®n a que se refiere el p¨¢rrafo primero [en el que se recoge que no puede haber una traslaci¨®n de precios] as¨ª como, en su caso, la tramitaci¨®n y resoluci¨®n de los procedimientos sancionadores por incumplimientos de la misma¡±. Es decir, el supervisor le facilita informaci¨®n, como ya est¨¢ haciendo, pero la responsabilidad de la vigilancia recae en la CNMC.
En el organismo que dirige Cani Fern¨¢ndez eran conscientes de la ardua tarea que se les presentaba. Por ello, reclamaron m¨¢s recursos desde el inicio para ser capaces de controlar que los bancos no trasladen el coste del impuesto a los usuarios. La cuesti¨®n es m¨¢s que complicada, ya que no existen unos precios de origen fijos con los que se pueda trabajar y evitar que le repercutan la nueva tasa. Adem¨¢s, no existe un producto concreto en el que se pueda repercutir, sino que puede suponer un encarecimiento de los cr¨¦ditos, m¨¢s pago de comisiones, el retraso de la remuneraci¨®n de los dep¨®sitos o el encarecimiento de otros productos de la oferta comercial vinculada. Para rematarlo, el entorno de subida de tipos de inter¨¦s no ayuda a esta vigilancia.
En Competencia prevalece la cautela. Por el momento, el organismo est¨¢ en fase de estudio para identificar cambios, pero no tiene definida la f¨®rmula para detectar qu¨¦ entidades se saltan la norma. ¡°En estos momentos, la CNMC est¨¢ colaborando con el Banco de Espa?a, como prev¨¦ el art¨ªculo 7 que crea el gravamen, para identificar cambios de comportamiento en las entidades sujetas al gravamen en sus pol¨ªticas de activo y pasivo a partir de la informaci¨®n de que dispone el Banco de Espa?a, as¨ª como toda otra informaci¨®n y an¨¢lisis que pueda ser de utilidad para dicho cometido¡±. Esto es, se est¨¢ recabando toda la informaci¨®n posible para tratar de comprobar si existe alguna anomal¨ªa, aunque no hay definida una metodolog¨ªa concreta.
Multa disuasoria
Para disuadir a las entidades de una eventual traslaci¨®n, el Gobierno decidi¨® fijar sanciones. ¡°Tendr¨¢ la consideraci¨®n de infracci¨®n muy grave el incumplimiento de la obligaci¨®n a que se refiere el p¨¢rrafo anterior y se sancionar¨¢ con una multa pecuniaria proporcional del 150% del importe repercutido¡±, a?ade la ley. El Banco Central Europeo (BCE), precisamente, cuestion¨® en un dictamen no vinculante que no se pudiera trasladar este coste al usuario. De hecho, la autoridad monetaria dec¨ªa en su informe: ¡°[Espero que las entidades] reflejen en los precios de los pr¨¦stamos todos los costes pertinentes¡±, incluyendo los impuestos. Pese a esta reprimenda del Eurobanco, el Gobierno sigui¨® adelante con su propuesta sin modificar ese punto.
Una vez aprobada la norma, el sector financiero redujo el tono de sus cr¨ªticas. Adem¨¢s, Jos¨¦ Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en ingl¨¦s), asegur¨® en una entrevista con EL PA?S que el impuesto no deber¨ªa afectar a la banca espa?ola: ¡°Coyunturalmente, no creo que tenga impacto negativo en la solvencia de las entidades o en la menor provisi¨®n de cr¨¦dito para la econom¨ªa¡±.
De esta forma, la tasa sigue su curso ¡ªlos bancos ya han realizado el primer pago anticipado¡ª, aunque la mayor¨ªa de entidades lo han recurrido en los tribunales. Las cuentas del Ejecutivo esperan una recaudaci¨®n de 3.000 millones de euros en dos a?os. El impuesto consiste en aplicar un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades por su negocio en Espa?a. El Gobierno de coalici¨®n lo justific¨® en la necesidad de obtener una contribuci¨®n extra del sector: considera que se beneficiar¨¢ de unas subidas de tipos que, de no ser por las tensiones inflacionistas, se hubieran producido de forma m¨¢s gradual.
En este primer curso, el pago de los grupos financieros se situar¨¢ en el entorno de los 1.400 millones, con la previsi¨®n de que crezca para el siguiente. Solo entre los tres grandes bancos apoquinar¨¢n por el 2022 unos 850 millones (400 millones CaixaBank, mientras que el Santander y el BBVA abonar¨¢n unos 225 millones cada uno). Para el Sabadell, la factura asciende a los 170 millones. Las otras dos entidades cotizadas, Bankinter y Unicaja, pagar¨¢n 90 millones y algo m¨¢s de 70 millones, respectivamente. Fuera del parqu¨¦ est¨¢n Kutxabank, Abanca (les corresponder¨¢ abonar unos 50 millones a cada uno), Ibercaja y Cajamar (alrededor de 45 millones por grupo).
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