M¨¢s del 50% de los pleitos por el recorte a las renovables en la ¡®era Rajoy¡¯ ya est¨¢ en manos de fondos oportunistas
El Gobierno defiende que Espa?a ha logrado reducir en un 85% el importe demandado por los inversores


Una d¨¦cada despu¨¦s del severo tajo del Gobierno de Mariano Rajoy sobre las primas a las energ¨ªas renovables, el tira y afloja contin¨²a. Los actores, sin embargo, han cambiado: los fondos oportunistas ¡ªcoloquialmente conocidos como fondos buitre¡ª se han hecho ya con los derechos sobre m¨¢s de la mitad de los proyectos en pugna con las autoridades espa?olas, seg¨²n un recuento oficial al que ha tenido acceso EL PA?S. Estos fondos compran los derechos econ¨®micos sobre estos litigios con la esperanza de que el resultado de la diatriba judicial sea favorable para sus intereses, en una operaci¨®n de alto riesgo: o ganan o no cobran pr¨¢cticamente nada.
El origen de este proceso es el tijeretazo aplicado en 2013 por el Ejecutivo de Rajoy (PP) sobre las primas a las antiguas renovables, en plena oleada de recortes impuestos por Bruselas. Ese esquema de incentivos, muy discutido a posteriori, fue dise?ado por su predecesor, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero (PSOE) en un momento en el que las energ¨ªas verdes a¨²n necesitaban apoyo p¨²blico para operar. Diez a?os despu¨¦s, la pelota est¨¢ primordialmente en el Ciadi (el ¨®rgano de resoluci¨®n de disputas del Banco Mundial, que acumula la mayor parte de casos) pero tambi¨¦n en el de Uncitral (Naciones Unidas) y en el SCC, el Instituto de Arbitraje de la C¨¢mara de Comercio de Estocolmo (Suecia).
¡°Muchos de los demandantes originales han optado por vender el pleito por una cantidad muy inferior a la reclamada a otros actores especializados, que probablemente seguir¨¢n litigando hasta el final¡±, reconoce, en declaraciones a este diario, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica y el Reto Demogr¨¢fico, Teresa Ribera, que califica de ¡°miope¡± la pol¨ªtica energ¨¦tica del PP en la era Rajoy. ¡°El inter¨¦s por invertir en renovables se mantiene; el inter¨¦s de esos intermediarios especializados en pleitos ni es industrial, ni es energ¨¦tico, ni es inversor. En todo caso, el servicio jur¨ªdico del Estado ha seguido defendiendo los intereses de Espa?a ante tribunales y cortes de arbitraje¡±, sostiene.
16 laudos y m¨¢s de 2.200 millones, a¨²n pendientes de resoluci¨®n
Seg¨²n las cifras que maneja el Ejecutivo, Espa?a ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores ¡ªya sea por los promotores originales o por los fondos que los han comprado en segunda instancia¡ª. Sobre una cuant¨ªa total reclamada de 10.576 millones de euros ¡ªa falta de una demanda, a¨²n por cuantificar¡ª, Espa?a ha ganado casos por valor de 7.103 millones y ha perdido litigios valorados en algo m¨¢s de 1.226 millones, mientras que otros 2.247 millones siguen pendientes de resoluci¨®n. Esta foto fija, no obstante, sigue evolucionando mes tras mes, a medida que las cortes competentes fallan a favor o en contra. En total se han presentado 52 arbitrajes en los distintos tribunales, de los que 16 a¨²n est¨¢n pendientes de resoluci¨®n.
Tras la aprobaci¨®n de una bater¨ªa de medidas compensatorias a finales de 2019 ¡ªya con Pedro S¨¢nchez (PSOE) en la presidencia¡ª las reclamaciones y las indemnizaciones siguen una tendencia descendente, seg¨²n argumentan desde el ministerio: desde la promulgaci¨®n de ese decreto ley, han sido solo cuatro las demandas presentadas y en uno de los casos, el demandante ha desistido. No obstante, m¨¢s all¨¢ del impacto que haya podido tener esta medida, es l¨®gico que el ritmo de presentaci¨®n de casos en contra del Estado haya deca¨ªdo, a medida que el calendario se aleja de 2013.
El cambio normativo de hace cuatro a?os pasaba a garantizar a las plantas en cuesti¨®n una rentabilidad del 7,4% hasta finales de 2031, frente a una rentabilidad que, de otra forma y ligada a los tipos de inter¨¦s, hubiera rondado solo el 4,5%. Para poder acogerse a esta opci¨®n, los titulares de los derechos sobre estas plantas renovables ten¨ªan que renunciar a todas las acciones legales iniciadas contra el Estado. ¡°Cuando en 2032 venza esta rentabilidad garantizada, todas las instalaciones afectadas ¡ªla inmensa mayor¨ªa, construidas antes de 2008¡ª estar¨¢n sobradamente amortizadas y podr¨¢n optar por percibir la retribuci¨®n regulada residual que les pueda corresponder o por cobrar el precio del mercado hasta el final de su vida ¨²til¡±, agregan las citadas fuentes.
Nada que ver con las renovables actuales
En las ¨²ltimas semanas, en cambio, dos fallos judiciales contrarios a los intereses espa?oles han vuelto a llevar el asunto a la arena informativa. El primero, en abril, abr¨ªa la puerta al embargo de bienes p¨²blicos para resarcir a los fondos oportunistas titulares de derechos sobre antiguos proyectos renovables, un peligroso camino para los intereses de Espa?a. Es, sin embargo, solo el principio del proceso. ¡°Hace falta que se inicie un nuevo procedimiento en el que el Estado espa?ol podr¨¢ esgrimir argumentos de oposici¨®n. Solo con una situaci¨®n muy excepcional, estos tribunales nacionales podr¨ªan intentar un pago forzoso¡±, apostillan desde el ministerio. ¡°En estos procedimientos Espa?a tiene argumentos s¨®lidos para defenderse¡±, a?ade Ribera.
La segunda sentencia vio la luz a finales de mayo, cuando el Tribunal Superior de Londres rechaz¨® las alegaciones de ¡°inmunidad soberana¡± esgrimidas por la Abogac¨ªa del Estado para evitar la ejecuci¨®n de una decisi¨®n arbitral. Ese es, precisamente, el principal argumento de Espa?a en varios de estos casos. El fallo, no obstante, no es firme: a¨²n cabe recurso.
La situaci¨®n actual de las renovables es completamente distinta a la de aquellos a?os. Tanto si optan por un contrato de venta de energ¨ªa a largo plazo (PPA, por sus siglas en ingl¨¦s), que les garantiza una rentabilidad fija a lo largo de gran parte de su ciclo de vida, como si venden directamente al mercado, los proyectos solares y e¨®licos caminan por s¨ª solos, sin necesidad de la muleta del dinero p¨²blico. En gran medida, por el avance tecnol¨®gico, especialmente importante en el caso de la fotovoltaica.
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