Uno de cada cuatro euros de la factura de las pensiones se paga con impuestos y deuda p¨²blica

Los Presupuestos de este a?o tendr¨¢n que afrontar un desembolso en pensiones que rondar¨¢ los 200.000 millones de euros, incluyendo las prestaciones contributivas, asistenciales y de funcionarios. Los ingresos por cotizaciones se situar¨¢n en el entorno de los 150.000 millones. El resto se abonar¨¢ con dinero procedente de los impuestos del Estado y de la deuda p¨²blica. Esta transferencia supone que uno de cada cuatro euros de las pensiones se pagan con dinero de la caja com¨²n. Las contribuciones de los trabajadores ya no son suficientes para costear el gasto del sistema p¨²blico de jubilaci¨®n.

Esta insuficiencia de las cotizaciones para hacer frente a los pagos es un fen¨®meno que arranc¨® con la crisis de 2008. Desde 2011 el d¨¦ficit creado se estuvo cubriendo con inyecciones del Fondo de Reserva, que lleg¨® a tener ese a?o casi 67.000 millones y se qued¨® en unos 2.000 millones en 2019. A partir de entonces, el Gobierno ha ido aumentando las transferencias que hace desde Hacienda. Y la reforma que aprob¨® el ministro Escriv¨¢ estableci¨® en 2021 una inyecci¨®n anual por valor de m¨¢s de 20.000 millones al a?o. Este traspaso de fondos se justific¨® en que la Seguridad Social costeaba con las cotizaciones conceptos indebidos. De esta forma, el grueso de los n¨²meros rojos, que llegaron a casi 18.000 millones en 2018, se traslad¨® al presupuesto de Hacienda. Aun as¨ª, el d¨¦ficit de las cuentas ha continuado: fueron 8.171 millones en 2022. Y para 2023, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, anunci¨® unos n¨²meros rojos de alrededor del 0,5% del PIB (m¨¢s de 7.000 millones de euros). Si bien esta cifra no incluye los 2.700 millones de recaudaci¨®n del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que van al Fondo de Reserva y no para pagar las pensiones, lo que elevar¨ªa el desfase al entorno de los 10.000 millones, que es la cantidad que el Tesoro concede a la Seguridad Social para completar el pago de las pensiones.

En total, la contribuci¨®n que est¨¢ haciendo el Estado a las pensiones alcanza los 50.000 millones de euros. El desglose consiste en unos 7.000 millones de complementos a m¨ªnimos, la partida destinada a financiar la ayuda para que las pensiones que no han cotizado lo suficiente lleguen al m¨ªnimo legal; 3.000 millones para pensiones no contributivas o asistenciales; 14.000 millones para financiar las pensiones de funcionarios o clases pasivas, y otros 20.000 millones que se corresponden con la transferencia anual que se cre¨® en la reforma de Escriv¨¢. Esta recoge una partida superior a los 5.500 millones que no se justifica y que simplemente se fija para ¡°financiar otros conceptos¡±; cerca de 4.000 para complementos de prestaciones contributivas; unos 2.000 millones para cubrir el coste de la pensi¨®n anticipada involuntaria; 400 millones para pensiones a favor de familiares; otros 400 para la jubilaci¨®n anticipada sin coeficiente reductor; 500 para cerrar lagunas en las carreras de cotizaci¨®n; 1.200 para subvenciones a los reg¨ªmenes agrario, mar¨ªtimo y por formaci¨®n; 1.800 para reducciones de cotizaciones, y 1.000 millones para reducir la brecha de g¨¦nero de las pensiones.

En esta transferencia de 20.000 millones se contemplan tambi¨¦n otros 3.200 para prestaciones por maternidad o paternidad, que se han excluido de los c¨¢lculos de EL PA?S porque no se destinan a financiar pensiones. Por el mismo motivo, se dejan fuera las prestaciones por incapacidad temporal y las bajas laborales.

Las partidas financiadas con el presupuesto de Hacienda para pagar pensiones engrosan as¨ª los 41.000 millones. Adem¨¢s, el Gobierno ha estado aprobando un pr¨¦stamo anual desde 2017 para cubrir el desfase presupuestario de la Seguridad Social. En 2023 ascendi¨® a 10.000 millones de euros. Y en este ejercicio se podr¨ªa volver a necesitar una cifra similar. Este cr¨¦dito se financia con la deuda p¨²blica emitida por el Tesoro.

Una vez sumadas todas, las transferencias del Estado al sistema de pensiones ascienden al entorno de los 51.000 millones. Esta cantidad supera el d¨¦ficit presupuestario que se prev¨¦ para este a?o en el conjunto de las Administraciones P¨²blicas, unos 46.000 millones. Y supondr¨ªa casi la mitad de la recaudaci¨®n del IRPF o el 80% del gasto en educaci¨®n. En otros pa¨ªses europeos que tienen sistemas en mayor o menor grado contributivos ¡ªes decir, que se sufragan con cotizaciones sociales¡ª, una parte de las pensiones tambi¨¦n se financia con impuestos. Pero la principal diferencia quiz¨¢s sea que, en la mayor¨ªa de los casos, esa inyecci¨®n con tributos se usa, sobre todo, para costear la pensi¨®n m¨ªnima y universal garantizada.

Un modelo creciente en Europa

El Ministerio de Seguridad Social esgrime que la opci¨®n de financiar una parte de esta factura con tributos es un modelo habitual y creciente en los pa¨ªses del entorno comunitario debido a las jubilaciones del baby boom ¡ªaquella generaci¨®n nacida entre finales de los a?os cincuenta y finales de los setenta del siglo XX¡ª, que en otros Estados de la UE han comenzado antes. ¡°En los pa¨ªses europeos de referencia la financiaci¨®n de las pensiones, en los sistemas de corte continental, en gran parte proviene de las cotizaciones y hay una parte m¨¢s peque?a que se financia v¨ªa impuestos, ya que hay un componente redistributivo muy importante¡±, explican estas fuentes ministeriales.

Sin embargo, muchos expertos recelan de esta forma de financiar las pensiones a trav¨¦s de transferencias crecientes de impuestos. ¡°Es una opci¨®n leg¨ªtima, si bien resulta contradictoria con un sistema contributivo, como el espa?ol, que genera las prestaciones mediante el pago de las cuotas sociales por parte de sus beneficiarios¡±, opina Miguel ?ngel Garc¨ªa, profesor de Econom¨ªa de la Universidad Rey Juan Carlos y exdirector de Ordenaci¨®n de la Seguridad Social. Es m¨¢s, asegura que esta pol¨ªtica de financiaci¨®n ¡°resulta bastante opaca, e incluso puede confundir a la mayor¨ªa de la poblaci¨®n a la hora de valorar la situaci¨®n del sistema, cuando lee y escucha en los medios de comunicaci¨®n que el d¨¦ficit de la Seguridad Social es relativamente reducido, solo del 0,5%¡±.

¡°Estos datos permiten hacerse una idea clara de cu¨¢l es el estado de las pensiones. Puede interpretarse como el plus de generosidad que el sistema ofrece por encima de lo que ser¨ªa sostenible con una l¨®gica de seguro social de reparto puro¡±, dice ?ngel de la Fuente, director de Fedea y autor de un estudio sobre estos n¨²meros. De la Fuente a?ade: ¡°Este d¨¦ficit contributivo podr¨ªa ser cuestionable en la medida en que se est¨¢n complementando prestaciones contributivas que en principio no habr¨ªa por qu¨¦ subvencionar. Se trata de recursos adicionales que se est¨¢n detrayendo de otros usos posibles¡±.

Sin embargo, el Gobierno ha defendido esta manera de financiar las pensiones en el Plan de Recuperaci¨®n que envi¨® a Bruselas: ¡°Cierto es que las necesidades financieras del Estado en su conjunto no desaparecen, pero se trasladan a un ¨¢mbito ¡ªel estatal¡ª en el que existen mecanismos espec¨ªficos que permiten atenderlas sin hacer recaer todo el esfuerzo en un aumento de los costes laborales, lo que resulta contraproducente dada la alta tasa de desempleo que arrastra el mercado laboral¡±. Es m¨¢s, este traslado de los llamados gastos impropios al Estado est¨¢ tambi¨¦n avalado por el Pacto de Toledo, y est¨¢ impl¨ªcita en la reforma de pensiones apoyada enteramente por los sindicatos y, en parte, por la patronal.

Esta ¨²ltima reforma de pensiones vuelve a actualizar las prestaciones con el IPC y se centra en aumentar los ingresos, ya sea con las transferencias de Hacienda o subiendo cotizaciones mediante el destope de las cuotas y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). No obstante, instituciones como la Autoridad Fiscal, el Banco de Espa?a o la OCDE han apuntado que la reforma no ser¨¢ suficiente para equilibrar un sistema que, adem¨¢s, va a enfrentarse a la jubilaci¨®n del baby boom en los pr¨®ximos a?os. Por este motivo, Bruselas impuso un examen de las cifras cada tres a?os. La primera evaluaci¨®n se har¨¢ en 2025 y, si se proyecta que el gasto suba demasiado en el futuro una vez restadas las medidas de ingresos, entonces se exigir¨¢ un ajuste a cinco a?os por ingresos o gastos.

De momento, los supuestos que usar¨¢ Bruselas, que ya han sido publicados, no son los que emple¨® Escriv¨¢ para presentar su reforma. Utilizan un crecimiento menor y, por lo tanto, abren la puerta a que en el 2025 se tenga ya que activar el mecanismo de ajuste del sistema. De no tomarse ninguna decisi¨®n, se pondr¨ªa en marcha una subida autom¨¢tica de las cotizaciones por valor del desajuste estimado a raz¨®n de un quinto al a?o.

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